Analizan propuesta para que las y los diputados presenten obligatoriamente sus informes anuales ante la ciudadanía

Edwin López

CHILPANCINGO. La diputada Jessica Ivette Alejo Rayo presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para establecer la responsabilidad de las y los diputados de presentar sus informes anuales ante la ciudadanía, con el objeto de construir un Congreso más confiable y transparente.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que el actual texto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Guerrero contempla en su artículo 26, fracción XV, como una obligación de las y los legisladores rendir un informe de actividades luego de un año en funciones, aunque no a presentarlo públicamente ante la ciudadanía.

“Es indispensable que los informes legislativos se presenten ante la sociedad guerrerense. Para ilustrar esta práctica, de la 62 Legislatura del estado tan sólo en 2019 presentaron sus informes seis representantes populares ante la ciudadanía”, expuso.

Afirmó que en México, y sobre todo en Guerrero, hacen falta ejercicios de transparencia y rendición de cuentas que fortalezcan la democracia, lo cual depende en mucho del Poder Legislativo, para crear instituciones confiables, cercanas al pueblo y que demuestren resultados.

Por lo anterior, Alejo Rayo considera necesario legislar en Guerrero sobre la responsabilidad que deberán tener las y los diputados del Congreso para presentar sus informes anuales ante los ciudadanos, en el entendido de que son depositarios de la soberanía popular.

Abundó en que es necesario sumar esfuerzos para construir un Congreso confiable y transparente, en donde la ciudadanía esté al tanto de sus actividades, que puedan ver de primera mano el cumplimiento de sus compromisos de campaña, y que puedan constatar que la confianza depositada en su persona no fue en vano.

Esta propuesta de reforma al artículo 26, fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, se turnó para su análisis y dictaminación a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

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