Analizan propuesta para ampliar sanciones a quienes derriben, talen u ocasionen la muerte de árboles

CHILPANCINGO. En el Congreso del Estado se analiza una iniciativa de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez para reformar el artículo 359 del Código Penal local, a efecto de que se castigue con uno y hasta ocho años de prisión a quien ilícitamente derribe, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles.

La propuesta turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación correspondientes, considera que la pena de prisión deberá aumentarse hasta tres años más cuando la afectación se realice en un área natural protegida.

La diputada de Morena mencionó que la Organización de Naciones Unidas señala que los bosques y océanos son de importancia para el planeta y desempeñan un papel trascendental para evitar el cambio climático y el calentamiento global, por lo cual es importante realizar reformas que garanticen la tala inmoderada de árboles en la entidad, y con ello contribuir al cuidado del medio ambiente.

Hernández Martínez reseñó que de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en promedio cuatro de cada diez árboles que se talan no cuentan con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y en marzo de 2019, en la Montaña de Guerrero se denunció a comisarios ejidales de permitir a propietarios de aserraderos la tala inmoderada de pinos, cedros y caobillas sin los respectivos permisos de la autoridad ambiental, acción que no ha sido sancionada debido a la falta de ordenamientos jurídicos.

También explicó que, de acuerdo con la UNAM, al menos el 70 por ciento de madera que se comercializa en el país tiene origen ilegal y dicha actividad genera anualmente entre 10 mil y 15 mil millones de dólares a nivel global para los grupos que se dedican a la tala desmedida de árboles, lo que resulta un negocio muy remunerado y, por ende, más practicado en los últimos años.

Por todo lo anterior, Norma Otilia Hernández enfatizó la importancia de modificar el Código Penal del estado para evitar que tanto autoridades ejidales como la sociedad en general realicen la tala de árboles sin autorización, ya que la deforestación es una situación grave que debe ser castigada con cárcel y multas severas a quienes cometan afectaciones al medio ambiente.

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