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Chilpancingo, Gro.– Con el objetivo de que los jueces penales tengan la facultad de ordenar la inscripción de deudores alimentarios en el Padrón Estatal de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), la diputada Luissana Ramos Pineda propuso una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guerrero.
La legisladora explicó que, aunque esta medida ya está contemplada en el Código Civil, es necesario armonizarla con la legislación penal para que también aplique en los procesos por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria.
En el documento, actualmente en análisis por la Comisión de Justicia, Ramos Pineda argumenta que la obligación alimentaria constituye una de las principales responsabilidades familiares, ya que cubre necesidades esenciales como alimentación, vivienda, vestido, educación, salud, esparcimiento y cultura.
Destacó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia. Asimismo, de acuerdo con el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, siete de cada diez padres en México incumplen con esta obligación.
“La omisión en el cumplimiento de esta responsabilidad vulnera diariamente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ello, dotar de facultades a los jueces de control y enjuiciamiento para ordenar la inscripción en el REDAM no es un acto punitivo sin sentido, sino una medida de protección para los acreedores alimentarios”, señaló.
La diputada subrayó que el marco legal actual permite que el deudor alimentario se mantenga fuera del registro hasta por 30 días, lo que en muchos casos prolonga el sufrimiento de las y los menores afectados.
Indicó también que esta reforma busca establecer acciones judiciales de protección especial, ya que el incumplimiento alimentario puede constituir una forma de violencia económica, e incluso violencia vicaria, que debe ser erradicada.
Por ello, propuso modificar el artículo 205 del Código Penal del Estado de Guerrero para facultar a los jueces penales a ordenar la inscripción en el REDAM de quienes adeuden más de 30 días de pensión alimenticia, así como endurecer las penas a fin de garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a los alimentos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, quienes integran el sector más vulnerable ante esta problemática.
La diputada Marisol Bazán Fernández se adhirió a la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
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