Rubén Martín
La violencia estatal, es decir las distintas formas de represión, ha sido parte constitutiva del régimen político mexicano. El Estado controlado por los gobiernos posrevolucionarios, a la par que creaba un limitado estado de bienestar y controlaban los gremios a través de sectores del partido oficial, ordenaban la dura represión en contra de los disidentes políticos del régimen. A lo largo de la historia del siglo pasado, el Estado autoritario priista ordenó varias matanzas, torturas, desapariciones, encarcelamientos y ejecuciones extrajudiciales para tratar de parar y contener huelgas, movilizaciones, y protestas sociales de diverso tipo en todo el país.
A medida que la legitimidad del régimen priista menguaba, la violencia estatal aumentaba. Para la memoria quedan matanzas como las de Tlatelolco en octubre de 1968, el Halconazo del 10 de junio de 1971, la represión contra movimientos sindicales como el de los electricistas en 1976 y el largo periodo de contrainsurgencia conocido como la Guerra Sucia cometido por el Estado entre la década de 1960 y 1980.
La violencia estatal no paró ahí y tampoco cesó con el relevo de partido en el poder, al pasar del Revolucionario Institucional (PRI) a Acción Nacional (PAN). Represiones como las de Atenco en mayo de 2006 y contra la revuelta popular de Oaxaca en noviembre de ese mismo año confirman que la violencia estatal y todas sus formas represivas no eran privativas del PRI, sino que continuaron en el periodo que algunos calificaron ingenuamente como “transición a la democracia”.
Desde hace décadas las víctimas directas de estos hechos represivos así como sus familiares han levantado el reclamo de exigir justicia y castigo para los culpables. Pero hasta ahora esta justicia y la reparación de daños que han dejado estas múltiples violencias estatales, permanecen impunes.
Una leve esperanza se abrió en 2001, al comienzo del sexenio del panista Vicente Fox Quezada con el anuncio de la creación de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que llevó a cabo un trabajo de investigación en archivos y entrevistas con víctimas de la violencia estatal. Pero al final, Fox se alió con los responsables de la represión y decidió cancelar la fiscalía especial y apenas se conoció una versión incompleta del informe preparado por la Femospp. Pero la justicia no llegó para las víctimas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o torturas.
La esperanza de dar justicia a las víctimas se abrió nuevamente con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en junio de 2018. Ya como presidente electo, se reunió con distintas organizaciones de familiares que padecieron hechos represivos del pasado y con las organizaciones de las víctimas del presente y se comprometió a crear una gran comisión de la verdad para esclarecer estas violencias estatales. Ya en el gobierno, López Obrador ordenó crear la Comisión de la Verdad para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Es en este contexto que se anunció el pasado 2 de octubre la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”.
Y acto seguido se abrió una convocatoria para elegir a cinco comisionados provenientes de la sociedad civil. El pasado 29 de octubre se dio a conocer el nombre estas personas que vienen del trabajo en derechos humanos en organizaciones de la sociedad civil: Abel Barrera Hernández, Eugenia Allier Montaño, Aleyda García Aguirre, David de Jesús Fernández Dávalos y Carlos Alonso Pérez Ricart. Todos ellos tienen una trayectoria respetable en el campo de la defensa de derechos humanos, pero a pesar de ello algunos colectivos de familiares de víctimas y expertos han puesto en duda los alcances de que dicha comisión cumpla con las expectativas de que el Estado mexicano sea obligado a brindar justicia y reparación del daño a miles de victimas de las múltiples represiones políticas.
Uno de ellos es Jacobo Dayán, experto en Justicia Transicional y Derechos Humanos. En entrevista para Radio Universidad de Guadalajara (https://bit.ly/3BTGqLI), Dayán sostuvo que una de las limitantes más importantes es que la Comisión de la Verdad está integrada mayoritariamente por funcionarios públicos de las siguientes dependencias: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Archivo General de la Nación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Todos ellos tienen voz y voto. En cambio, los cinco consejeros ciudadanos tienen qué nombrar a uno de ellos para votar en la comisión, el resto no tiene derecho. Es decir, hay una exagerada presencia de representantes de gobierno en detrimento de expertos independientes de la sociedad civil, ya sea nacional o internacional.
Otra limitación observada por Dayán es que el decreto que crea la Comisión de la Verdad no obliga al ejército a abrir sus archivos e instalaciones para ser investigados; y se considera como limitante, que se ponga fecha de término de trabajo de la comisión a septiembre de 2024, cuando la experiencia en otros países indica que se debe dejar abierto al tiempo necesario para hacer una investigación a fondo sobre las violencias estatales investigadas.
Uno de los más severos cuestionamientos es que el mandato de investigación para la Comisión de la Verdad se limita hasta el año 1995, por lo tanto dejando fuera de su alcance indagar en las violencias estatales que se han cometido de 1996 en adelante, entre ellas la masacre de Acteal, cometida por paramilitares protegidos por el Estado en diciembre de 1997.
Lo más injustificable es que esta comisión no indagará el fenómeno de las desapariciones, fosas clandestinas y el periodo de guerra informal que la sociedad mexicana vive a partir de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, decretada desde el sexenio del panista Felipe Calderón en diciembre de 2006.
Otro de los cuestionamientos a esta comisión, de mayoría gubernamental como bien ha subrayado Jacobo Dayán, es que su función se centrará en investigar y presentar un informe, dejando al aparato ordinario de procuración de justicia la tarea de perseguir a los posibles responsables. Tendría otra función si desde su decreto de creación se hubiera dotado a esta comisión de funciones jurisdiccionales extraordinarios que la facultaran incluso para perseguir y enjuiciar a posibles responsables de ordenar y cometer hechos represivos y violaciones graves a los derechos humanos.
Vamos a ver si el enorme peso que López Obrador ha dado a las fuerzas militares no se constituye en un obstáculo para las investigaciones de la Comisión de la Verdad. Muchos de los hechos represivos del Estado mexicano fueron operados directamente por los militares, como el arrasamiento de pueblos en Guerrero, los vuelos de la muerte en Acapulco y en Chapala, o las torturas y desapariciones de disidentes cometidas en instalaciones militares. Veremos si la cercanía de este gobierno con los militares no se convierte en un obstáculo para los fines de brindar justicia a las víctimas de las violencias estatales. Con todas estas limitaciones, será difícil que esta Comisión de la Verdad procure verdad y justicia para todas las víctimas que han padecido la violencia estatal en más de cinco décadas.
A pesar de todo lo anterior, muchas familias que han padecido las múltiples represiones esperan que ahora sí, por fin, llegue la justicia y la reparación del daño que ellos o sus familiares han padecido del Estado mexicano. Tienen derecho a exigir esta justicia.
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