IRZA
CHILPANCINGO. Integrantes del Grupo de Colonias Sur-Poniente advirtieron al alcalde perredista de este municipio, Antonio Gaspar Beltrán, que no pagarán el impuesto predial en lo que resta de esta administración, porque consideran que su incremento “afecta el bolsillos de los más pobres”.
Los colonos argumentaron este miércoles en conferencia de prensa que “es un abuso” del alcalde Antonio Gaspar incrementar de manera arbitraria y unilateral la tabla de valores del impuesto predial.
Severiano Morales Modesto, Jorge Rosas Ávila y Leocadio Nieto Apreza, representante del Grupo de Colonias Sur-Poniente, de la organización “Vamos México” y dirigente de la Sociedad Organizada y Movimientos Solidarios (Somos), respectivamente, recriminaron que Gaspar Beltrán se jacte de representar al gobierno la gente.
Recriminaron que con esto (el aumento del predial) “más bien es el gobierno que está en contra de la gente, porque amolar al pueblo no es estar con ellos”.
Durante la conferencia de prensa en la puerta principal del Palacio Municipal, los inconformes mostraron pancartas en que consignaban: “Cabildo de Chilpancingo, no sean huevones; pónganse a trabajar”, “No al incremento del impuesto predial”, entre otras.
También convocaron a la ciudadanía en general a no pagar el impuesto predial en los dos últimos años de la administración de Antonio Gaspar, porque “es un ambicioso y un voraz”.
Expresaron que Gaspar “es un presidente corrupto que sólo está pensando en cómo chingar a la gente económicamente, y no la apoya como comenta en su discurso”.
Y fustigaron: “Tenemos un presidente ambicioso y corrupto; nosotros ya no queremos alcaldes que nos vengan a saquear porque los ingresos propios no los comprueban, los justifican como quieren”.
Argumentaron que la propuesta de incremento al cobro del impuesto predial debió ser enviada al Congreso local y los diputados aprobarla, “no nada más es incrementar de manera unilateral”.
Señalaron que incluso ya están llegando notificaciones de cobro a propietarios de edificios con un monto de 19 mil pesos, lo que significa que seguramente las familias afectadas tendrán que recurrir en lo sucesivo a los amparos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Esto porque la Ley 676 también prevé ese recurso ciudadano, a fin de que esa dependencia conozca el procedimiento del Ayuntamiento y proteja a los ciudadanos afectados.
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