IRZA
OMETEPEC. El dueño de taquería interpuso sendas denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero (TJAEG) y la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDHEG), en contra de servidores públicos del Ayuntamiento que retiraron su negocio con lujo de violencia.
El comerciante Heriberto Deribón Santos, acusó que el pasado martes 5 a las 18:00 horas, el director municipal del Reglamentos y Espectáculos, Simón Sánchez Aparicio, llegó a su negocio acompañado por policías preventivos y de Protección Civil, y con lujo de violencia empezaron a subir todas mercancía a una camioneta, y su carrito de tacos fue remolcado con una grúa.
“El director de Reglamentos me dijo que el motivo del desalojo fue por órdenes del alcalde Efrén Adame Montalván, porque no quiere puestos de comida en la calle Hidalgo”, en el primer cuadro de esta ciudad, añadió.
Refirió que este “abuso de autoridad” lo ordenó el alcalde porque dueños de otros puestos han reportado que donde vende sus tacos hace mucho escándalo al poner la música a todo volumen, “pero que el resto de comerciantes hacen lo mismo y no les dicen nada”.
, por eso solicitó una audiencia con el alcalde para que le devuelvan sus cosas y se instale de nuevo, pues va al corriente con el pago de derecho de piso.
Manifestó que le decomisaron fue un carro de tacos, cuarenta bancos, cuatro cajas de plástico, una plancha grande, un comal, un tronco grande donde pica la carne, cuatro cuchillos, tres tenazas, dos espátulas, dos palas para voltear tortillas, un maquete taquero, tres kilos de bolsas de agarradera y tres kilos de bolsas de a kilo.
Además, tres kilos de bolsas de cero, dos kilos de bolsas de un cuarto, dos kilos de papel de estraza, dos paquetes de servilletas, diez saleros, diez mesas, treinta kilos de carne, veinte kilos de tripa, tres kilos de chorizo y cuarenta kilos de tortillas, y calculó todo en más de cuarenta mil pesos en costos.
Indicó que solicitó una audiencia con el alcalde Efrén Adame Montalván para que le devuelvan sus cosas y se instale de nuevo, pues sostuvo que está al corriente con el pago de derecho de piso.
Aseguro que en el lugar se encontraba su esposa y cinco trabajadores, y que a pesar de que comprobó que estaba al corriente de los pagos y permisos para trabajar en la vía pública, lo desalojaron violentamente.
Agregó que por ello pidió una explicación al alcalde, y que le respondió que analizará su caso y posiblemente autorice la devolución de lo decomisado, pero que el tema lo planteará en una sesión de Cabildo.
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