Enoc López
Trabajadores denunciaron una serie de presuntas irregularidades y actos de corrupción atribuidos a Filidolfo Herrera Ríos, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitrajede Zihuatanejo, a quien señalan de retrasar la emisión de laudos, condicionar trámites y solicitar dádivas para permitir el avance de los expedientes laborales.
De acuerdo con los testimonios, el funcionario ha incumplido los plazos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, como el caso de un acuerdo que tardó más de tres días en emitirse, pese a que la norma fija un máximo de 48 horas. También se reportó la negativa a entregar copias simples de expedientes, necesarias para promover amparos directos contra laudos.
Uno de los casos expuestos es el de Francisca, cuyo expediente estaba listo para laudo desde octubre del año pasado. Sin embargo, el presidente de la Junta se negó a atenderla y le indicó que no resolvería su asunto hasta que concluyera un juicio de amparo relacionado. La trabajadora relató que en varias ocasiones acudió a la dependencia y el funcionario no se encontraba o llegaba tarde, y que incluso le dijo que “no tenía nada que hablar con ella”.
Otro caso es el de Ana Eliud, quien buscaba la escrituración de un bien rematado. Según su testimonio, Herrera Ríos le negó información bajo distintos pretextos —como no llevar credencial o no tener nombramiento— y posteriormente le habría solicitado una parte del terreno para permitir que el trámite avanzara. Su expediente permanece detenido desde septiembre hasta diciembre de 2025, pese a que ya había entregado toda la documentación requerida.
También se denunció la situación de Maricela, beneficiaria en un juicio cuya ejecución no avanza porque la Junta no ha solicitado los informes bancarios necesarios para verificar si existen fondos embargables. Según los denunciantes, estos oficios deben ser elaborados por el presidente, quien estaría retrasando deliberadamente los procedimientos.
Los trabajadores aseguran que algunos expedientes sí han avanzado, pero únicamente cuando los afectados acceden a entregar una dádiva al funcionario. Además, señalaron que Herrera Ríos incumple sus horarios laborales: se retira los jueves al mediodía, no trabaja los viernes y los lunes llega alrededor de las 12:00 horas.
Los denunciantes afirman que el funcionario ya arrastra un historial de quejas y señalamientos por corrupción en otras dependencias donde ha laborado, lo que —dicen— puede verificarse públicamente.
Tras hacer públicas estas acusaciones, los trabajadores solicitaron que se investiguen los hechos, se analicen los actos de corrupción señalados y, de comprobarse, se inicie un procedimiento administrativo y se separe del cargo al presidente de la Junta. “La única solución es que lo quiten, porque sin dinero no hace nada y mantiene los asuntos detenidos”, expresó Maricela Sánchez.
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