Eduardo R. Huchim
La falta de abasto oportuno de gasolina, como consecuencia del combate al robo a Petróleos Mexicanos, ha generado irritación y duras críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también ha producido reacciones de respaldo al Presidente y de solidaridad social encomiable.
López Obrador está siendo sometido a críticas y descalificaciones -no sólo por el tema de gasolina- que no recuerdo yo en ningún sexenio anterior. Severos artículos de opinión, hirientes cartones, señalamientos de ineptitud y acusaciones sin sustento de actores políticos han constituido una suerte de acoso al nuevo gobierno. Es un acoso que -conviene tenerlo presente- a veces nubla la crítica sensata y fundada que también se ha manifestado y que debe tener la atención debida del mandatario y su gabinete.
En la relación gobierno-medios, la rudeza también ha estado en los terrenos gubernamentales. Las reacciones presidenciales no han sido precisamente las mejores. Pareciera que el Presidente aún no se convence de que la Jefatura del Estado mexicano -sin importar quién la ostente- posee una majestad republicana que lo obliga a la contención. A nadie conviene que el mandatario se suba al ring, aunque la ofensa y la calumnia sean irritantes. Hay maneras de refutar infundios e imprecisiones sin gritos ni sombrerazos, como gusta decir AMLO.
En la coyuntura gasolinera, han proliferado también manifestaciones diversas de solidaridad, se ha hecho patente la resignada paciencia ante el desabasto, paciencia hija de la convicción de que es necesario frenar el robo de combustible (“Hay que atorarle”, decía Carla Hernández en un video mientras hacía fila de tres cuadras para abastecerse). Entre los apoyos institucionales descuellan el de Javier Corral en Chihuahua respaldando explícitamente y con hechos el combate emprendido por AMLO, así como la actividad de las pipas de propiedad privada transportando combustible.
Del mismo modo que no recuerdo antecedentes del acoso, tampoco recuerdo -después de Cárdenas- un respaldo semejante a un Presidente.
¿Que pudo planearse mejor el combate? Seguramente sí, bajo la premisa de que casi todo puede mejorarse. ¿Que el cierre de ductos no es solución? Quizá no, pero tampoco es menospreciable la reducción drástica del robo, que implica miles de millones de pesos. ¿Que debieron evitarse el desabasto masivo y los daños a personas y empresas? Sí. ¿Que pudo diseñarse una más efectiva política de comunicación? Sin duda.
Muchos de los críticos en la coyuntura actual centran su descalificación a quien ha emprendido este combate, López Obrador, pero dejan indemnes a sus antecesores omisos: Fox, Calderón y Peña. La inacción de los gobiernos panistas y la del sexenio de corrupción que encabezó Peña Nieto no han sido centro del análisis y el reproche.
Lo que muchos de los críticos no ven, está siendo muy claro para gran parte de la sociedad mexicana. El combate al “huachicoleo” implica una relevante dosis de valor personal y político que ya hubiéramos querido en sexenios anteriores. Con audacia, López Obrador ha puesto en juego buena parte de su capital político, su credibilidad, sus óptimas cifras en las encuestas e incluso su seguridad personal y familiar, para frenar una afrenta a la Nación que había sido soslayada, soterrada, ignorada por la clase política.
Esa afrenta no es sólo el que grupos de la delincuencia organizada roben a la Nación su riqueza de hidrocarburos. No. Desde mi perspectiva, el mal mayor es que ese despojo haya tenido y tenga la complicidad de funcionarios y políticos que no deben quedar impunes. Es exigible al gabinete que, en un plazo razonable, se ofrezcan resultados tangibles y medibles de esta etapa de un combate que muy probablemente será largo.
Si tales cosas no ocurren, el riesgo es el colapso de la confianza en AMLO que, a contrapelo de quienes le critican casi todo, hoy por hoy navega a toda vela. Los resultados de la encuesta de Reforma (11/01/19) son contundentes: 62% está de acuerdo con el cierre de ductos para combatir el robo a Pemex, 73% prefiere acabar con el robo de combustible, aunque no haya gasolina por un tiempo, y 42% culpa a Peña del problema. Otras mediciones apuntan en el mismo sentido.
El Presidente y su gobierno tienen el ineludible deber de corresponder a esa -para mí- conmovedora y rotunda confianza de las mayorías.
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