Los señalamientos se han multiplicado prácticamente desde que inició la presente administración federal: los derechohabientes del IMSS se quejan de desabasto de medicamentos y los especialistas en el tema aseguran que se trata de un problema provocado por la propia impericia de quienes hoy tienen a su cargo la administración del sistema de salud pública.
La explicación formalmente ofrecida es que el proceso de adquisición de medicamentos era un “foco de corrupción” que se sostuvo hasta el último día de la administración anterior… porque a partir del 1 de diciembre de 2018 todo es distinto en México.
El señalamiento sobre la existencia de una red de corrupción en el proceso de adquisiciones del sistema de salud pública, muy probablemente es real e incluso es probable que quienes hoy están a cargo de éste lo tengan documentado. Valdría la pena, desde luego, que además de “denunciarlo” públicamente se ocuparan de combatirlo legalmente.
Pero que dicho esquema haya existido –o que perdure hasta hoy– no es un problema que se resuelva suspendiendo las adquisiciones de medicamentos, equipo, material e instrumental médicos. La corrupción se combate y se contiene siguiendo el camino del dinero y persiguiendo a quienes se benefician ilegalmente de su existencia.
Aplicar en el caso de los medicamentos la misma fórmula que con el huachicol –es decir, cerrar los ductos para que no hubiera en éstos combustible que robar– implica poner en riesgo la vida de las personas, porque al dejar de suministrarles los medicamentos que requieren –so pretexto de combatir la corrupción– se viola su derecho a la salud.
Y si la realidad se juzga a partir de las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por este motivo, parece bastante claro que, al menos en lo que hace a los derechohabientes del IMSS, el número de quienes consideran que se está poniendo en riesgo su salud y su vida se ha multiplicado en el tiempo.
De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, durante el primer semestre de este año, el IMSS ya acumuló en Coahuila un número de quejas igual al que tuvo durante todo 2019 por no entregar a sus derechohabientes los medicamentos que requerían.
Más aún: de todas las dependencias federales que han sido denunciadas ante la CNDH por presuntas violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos, el IMSS ocupa el primer lugar y, en el caso específico de las quejas interpuestas en Coahuila, el grupo más grande se refiere al incumplimiento en la entrega de medicamentos.
¿Se trata de un hecho contingente que desaparecerá en cuanto se regularicen las adquisiciones, o estamos ante un proceso de deterioro que no hará sino agravarse ahora que el Gobierno de la República asumió el compromiso de entregar medicamentos gratuitos de forma universal?
Habrá que seguir con atención el comportamiento de los indicadores duros, pues si al final resulta que no estamos ante un hecho contingente, lo que estamos viendo ahora sería el reloj de una bomba de tiempo cuyo estallido podría ser de terribles consecuencias.
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