A 16 años del fallo por el caso Radilla… Exigen reconocer la “guerra sucia” como“un periodo de terrorismo de Estado”

IRZA

Chilpancingo, Gro.- (IRZA).- En el Foro “A 16 años de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Rosendo Radilla”, especialistas, activistas y familiares de víctimas coincidieron en que persiste una “deuda” del Estado mexicano en materia de verdad y justicia para las víctimas de desaparición forzada. También demandaron que los crímenes cometidos durante la llamada “guerra sucia” de la década de 1970 sean reconocidos oficialmente como “un período de terrorismo de Estado”.

El encuentro, organizado este miércoles por Fundar Centro de Análisis e Investigación en la Ciudad de México, reunió a personas defensoras de derechos humanos para reflexionar sobre el impacto y el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en un retén militar en la Costa Grande de Guerrero en agosto de 1974.

Humberto Guerrero, integrante de Fundar, señaló que el fallo de la CIDH marcó un precedente fundamental para el sistema jurídico mexicano, así como para los movimientos de derechos humanos y de familias que buscan a sus seres queridos. Enfatizó que aún falta garantizar “el derecho a la justicia y a la verdad en las víctimas directas de estos casos, de los familiares de las personas desaparecidas, hay una deuda del Estado Mexicano en relación con la verdad y la justicia de las víctimas de desaparición forzada y otras graves violaciones a los derechos humanos en la llamada guerra sucia, que ahora estamos exigiendo que se reconozca como un período de terrorismo de Estado”.

Desde 1974, Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, mantiene la búsqueda de su padre y la exigencia de justicia. Durante el Foro recordó que “la lucha sigue y es por los desaparecidos de ayer, por los desaparecidos de hoy y podemos decir que los desaparecidos de mañana, porque es un grave problema que no ha parado”. Subrayó que, como su padre, miles de personas fueron desaparecidas en México en los años 70 “como parte de una política de terrorismo de Estado”, que incluyó detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos.

Tita Radilla afirmó que los métodos utilizados por las fuerzas del Estado en aquella época “evidencian la saña e inhumanidad con la que se ejecutaron esas políticas”, y criticó que la Secretaría de la Defensa Nacional continúe negándose a entregar información sobre los abusos cometidos por elementos de las fuerzas armadas. Consideró que la falta de apertura institucional “ha perpetuado la impunidad y prolongado el acceso a la justicia en éste y otros casos similares; después de 51 años no hay ninguna persona sancionada por la detención arbitraria y posterior desaparición de mi padre”.

Agregó que en México “la justicia sigue pendiente para mi padre y los miles de desaparecidos de la época, que es símbolo de una herida abierta de la historia de México, mientras que cada día que pasa sin verdad, ni justicia, se prolonga la impunidad”. Exigió a la Fiscalía General de la República cumplir con su responsabilidad, reconocer estos hechos como crímenes de lesa humanidad, llevarlos ante la justicia ordinaria, sancionar a los responsables y dejar de “honrar a los perpetradores de aquellos crímenes atroces”.

En el Foro también participaron el sacerdote jesuita David de Jesús Fernández Dávalos; la historiadora Alicia de los Ríos Merino, hija de una luchadora social desaparecida en 1978; el activista Pablo René Estrada Velázquez, con experiencia en los procesos de búsqueda en Guatemala, México y Canadá; y la investigadora de Fundar, Natalia Pérez Cordero.

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