Adela Navarro Bello
Francisco Roberto Barbosa Delgado, es el fiscal general de la Nación en Colombia. Por estos días estuvo de visita en México. Colombia en el pasado, vivió como México hoy, una etapa de terror provocada por las guerras y vendettas de los capos de los cárteles de la droga.
La transición hacia una incipiente época de paz, solo se logró en Colombia cuando lograron desarticular a los principales cárteles de la droga de aquel país, entre finales de los ochenta e inicios de los noventa del Siglo pasado. Principalmente, el cártel de Medellín liderado por el narco terrorista, Pablo Escobar Gaviria, y el cártel de Cali encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela.
Por entonces, la estrategia fue desmembrar las organizaciones criminales, particularmente sus estructuras financieras, sus bienes, sus empresas de lavado de dinero, y las redes de corrupción que sostenían con parte de las autoridades colombianas y que les permitía vivir en la impunidad. Ser dueños y señores de ciudades enteras.
En el caso del cártel de Cali, el General Rosso José Serrano Cadena, con apenas una treintena de colaboradores, logró atrapar a los hermanos Gilberto y Manuel Rodríguez Orejuela, a partir del seguimiento que dieron a su contador. El hombre que llevaba las finanzas de la organización criminal fue el objetivo para atrapar a los capos, y desarticular el entramado financiero. Así lo dejó constar en su libro Jaque Mate, titulado así ante el apodo de El Ajedrecista con el que se conocía a Gilberto Rodríguez Orejuela.
La estrategia para combatir a los cárteles de la droga es esa. Desarticular sus estructuras financieras, dejarlos sin recursos para operar criminalmente, confiscar sus propiedades, congelar sus cuentas, asegurar sus casas de seguridad y las propias. Y la forma de hacerlo, es empezar por investigar a los financieros, y descabezar el cártel atrapando a los capos. A los jefes de jefes. No hay de otra.
El fiscal general de la Nación de Colombia, Roberto Barbosa, así lo dijo en una entrevista que, a propósito de su visita a México, concedió a El Universal:
“Quisiera ponerlo en términos de mi país: usted puede tener unidades de inteligencia financiera, nosotros tenemos una, pero si no se tienen instrumentos judiciales para perseguir esos bienes, usted no está haciendo absolutamente nada.
“La información sin elementos materiales de judicialización no sirve, y si no se atacan a los capos y a sus bienes no tiene lucha contra el narco, esa es finalmente la conclusión a la que yo llego como fiscal General de Colombia”.
Puntualizó:
“La alternativa es que al criminal hay que perseguirlo, hay que detenerlo, que sancionarlo, usted no le puede dar un mensaje a la sociedad de que finalmente lo que hay que hacer es reconciliarse con el narcotraficante, hay que quitarle los bienes y mandarlo preso, y buscar la negociación en el sistema acusatorio para que me ayude a desmantelar las organizaciones criminales, esa es la posición que tengo”.
La respuesta la dio cuando en la entrevista le refirieron la ocurrencia vuelta política pública en México, de “abrazos no balazos”. Ciertamente, reconciliarse con el narcotráfico trae impunidad, corrupción y vulnera a la sociedad.
Confiscar los bienes, acabar con las estructuras financieras criminales y atrapar a los capos, ninguna de esas máximas está en el plan o estrategia de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que le da más valor a la prédica que al combate frontal de los criminales, o con llama a los consejos en lugar de las acciones, y sostiene que prefiere abrazos a balazos, al tiempo que ordena la liberación de un criminal buscado por el gobierno de los Estados Unidos, como lo es Ovidio Guzmán, presuntamente, para evitar un rio de sangre inocente. Si no hay estrategia, seguramente eso sucederá. Pero en la persecución financiera, en la desactivación de las redes de lavado de dinero y en el aseguramiento de bienes, no necesariamente se utilizan balazos, de hecho, requiere de un trabajo de inteligencia para lograr desactivar la base económica de los cárteles, pero en México tampoco está sucediendo. Y no sucede porque se dan pasos descoordinados. Por un lado la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin considerar a la Fiscalía General de la República, y viceversa. Los casos terminan ganándolos los delincuentes.
El fiscal colombiano explicó que no veía territorios en Colombia dominados por cárteles mexicanos, pero sí una relación de comercio ilícito. Aun así, explicó a El Universal, que tenían varios juicios de extinción de dominio contra miembros de los cárteles de la droga en México. Puntualizó:
“Tenemos en este momento con México, 48 procesos de extinción de dominio en términos de bienes contra mexicanos, hemos impactado en 10 operaciones en el último año y medio, donde hemos podido capturar a 23 personas y hemos incautado 10 toneladas de clorohidrato de cocaína en toda esta estructura binacional con México: ocho extradiciones, tres ciudadanos mexicanos capturados por narco en Colombia y extraditados a Estados Unidos, y hay tres capturados y solicitados por el gobierno de México; también hicimos ese trabajo. Lo que queremos es incrementar esta tarea”.
En México, en los últimos tres años, no se ha logrado la aprehensión de ningún capo de las drogas. Las cabezas criminales de los cárteles, siguen en la impunidad, prófugos.
Una investigación en documentos judiciales, revela que en casi tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, solo existen 38 acciones de extinción de dominio, para desposeer a los criminales de sus bienes. 3 fueron iniciadas en el 2019, 5 en el 2020, y 30 en este 2021.
38 acciones de extinción de dominio por parte del gobierno mexicano contra los cárteles de este país, contra 48 procesos que lleva el de Colombia contra narcotraficantes mexicanos. Una diferencia de considerar.
En México la figura legal de extinción de dominio surgió en 2009 en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa en la Ley Federal de Extinción de Dominio, que a la llegada de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se modificó, en 2019, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ampliando el espectro, para ir por los bienes no solo de los criminales organizados, sino de políticos y funcionarios. De cualquier forma, mucho no ha sido recurrida por las autoridades actuales, pues solo se tienen 38 operaciones al respecto, y en su mayoría, contra narcotraficantes, secuestradores, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, distribución y producción de droga.
Pero el fiscal colombiano tiene razón, para acabar con los cárteles, se debe ir contra los capos y sus bienes, algo que en México, es evidente, en los últimos tres años no se ha hecho. Ahí están los líderes criminales de los cárteles prófugos e impunes para probarlo, o los más de 93 mil asesinatos en 32 meses de gobierno.
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