Boletín
Chilpancingo, Gro.– El Congreso del Estado exhortó a los 84 ayuntamientos, al Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres, y a las secretarías estatales del Trabajo y Previsión Social, y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, para que verifiquen las empresas que ofrecen empleo a guerrerenses fuera de la entidad, elaboren un padrón e informen los avances sobre la atención a este exhorto.
Lo anterior, derivado de un dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, con base en una propuesta presentada por la diputada Erika Lorena Lührs Cortés, en la que se señala que, de acuerdo con información del CONEVAL y el INEGI, existe un alto índice de migración laboral en Guerrero, particularmente entre jóvenes y población indígena, quienes con frecuencia enfrentan relaciones laborales informales, ausencia de contratos, explotación, violencia y violaciones a derechos humanos.
“Estos datos reafirman la urgencia de establecer un padrón estatal actualizado de empresas reclutadoras, que funcione no solo como instrumento de control y supervisión, sino también como herramienta preventiva y de protección integral”, refiere el documento.
Se destaca que este exhorto se alinea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, como el principio de “trabajo decente” de la Organización Internacional del Trabajo, así como con las políticas públicas nacionales orientadas a la erradicación del trabajo infantil, la protección de la movilidad laboral y el respeto a los derechos humanos en contextos migratorios.
De esta manera, el exhorto representa una acción afirmativa estratégica para salvaguardar la integridad física, moral y económica de las y los trabajadores guerrerenses, ya que la implementación del padrón y la verificación de las empresas permitirán prevenir prácticas abusivas, reducir la informalidad laboral, garantizar el acceso a prestaciones y derechos, y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones responsables de velar por el bienestar de la población trabajadora.
El dictamen fue fundamentado por el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.
Exhortos a la Cámara de Diputados y al Senado de la República
El Pleno del Congreso también aprobó un dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para exhortar a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a continuar con el proceso legislativo del dictamen de la iniciativa que reforma los artículos transitorios Cuarto y Séptimo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), formulado por la Comisión de Seguridad Social.
Esta propuesta fue presentada en su momento por la diputada Diana Bernabé Vega, y el documento refiere que “la motivación del exhorto responde a un interés social legítimo y urgente: restituir a las y los trabajadores al servicio del Estado la posibilidad de acceder a un régimen pensionario más justo y equitativo, que corrija los efectos adversos generados por la reforma de 2007 a la Ley del ISSSTE. Este cambio permitirá que, mediante un cálculo comparativo, las personas trabajadoras puedan elegir entre permanecer en el esquema de cuentas individuales o regresar al régimen previsto en el Décimo Transitorio, con el fin de garantizar condiciones de retiro congruentes con los principios de justicia social, equidad y progresividad de los derechos humanos”.
El dictamen fue fundamentado por el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón.
Asimismo, se aprobó un dictamen para exhortar a la Mesa Directiva del Senado de la República a que realice una excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, para que dictaminen la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional.
El exhorto fue propuesto y fundamentado por la diputada Araceli Ocampo Manzanares, y señala que la reforma al artículo 54 de dicha Ley, aprobada por la Cámara de Diputados, tiene como finalidad suprimir disposiciones que restringen la participación plural de los sindicatos legalmente constituidos en las Comisiones Mixtas de Escalafón, a fin de garantizar la equidad en la representación y promover la democracia sindical.
Este objetivo responde al mandato constitucional que prohíbe toda forma de discriminación y garantiza la igualdad de acceso a derechos laborales y prestaciones, como la seguridad social, la jubilación, las licencias y demás beneficios.
Iniciativas
El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó dos iniciativas por las que se adiciona un artículo 314 Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y un artículo 64 Ter a la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, con el propósito de hacer vinculantes los acuerdos parlamentarios y establecer sanciones a las autoridades que omitan responderlos, fortaleciendo así la rendición de cuentas y la eficacia del control legislativo. Fueron turnadas a las Comisiones de Estudios Constitucionales y Jurídicos, y de Justicia, respectivamente.
La diputada Leticia Rodríguez Armenta (Morena) presentó una iniciativa con el propósito de reconocer expresamente el derecho a la educación inclusiva en las escuelas regulares, garantizar la eliminación de barreras al aprendizaje y establecer mecanismos que aseguren la participación plena de las personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones. La propuesta, por la que se adiciona el artículo 7 Bis, y se reforman el inciso D de la fracción II del artículo 12, el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 20 y el artículo 45 y su fracción X de la Ley de Educación del Estado de Guerrero, fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
La diputada Ma. del Pilar Vadillo Ruiz (PRI) presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para incorporar el principio de paridad de género en la integración y funcionamiento de las instituciones y cuerpos de seguridad pública, promoviendo la participación equitativa de las mujeres en todos los niveles y fortaleciendo una perspectiva de igualdad e inclusión dentro del sector. Fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública.
