Boletín
Chilpancingo, Gro.- El diputado Jorge Iván Ortega Jiménez (PRD) propuso reformas y adiciones al Código Penal del Estado de Guerrero para tipificar el delito de acecho como una conducta independiente del acoso y el hostigamiento sexual.
Al presentar la propuesta en tribuna, el legislador señaló que el acecho es una forma grave de hostigamiento que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, generando consecuencias psicológicas y emocionales.
Indicó que este tipo de agresión se caracteriza por la vigilancia constante, el seguimiento persistente y, en muchos casos, el uso de tecnologías y redes sociales con el fin de intimidar, infundir miedo o inseguridad.
“Esta forma de violencia no solo invade la privacidad de las mujeres, sino que impacta gravemente en su bienestar emocional y físico. Guerrero no puede seguir permitiendo que exista un vacío legal que deje en estado de indefensión a las víctimas de acecho”, expresó el diputado Ortega Jiménez.
El legislador también hizo referencia al caso de Valeria, una joven víctima de acecho constante por parte de un exalumno, quien, a pesar de haber presentado denuncias, no recibió la atención adecuada por parte de las autoridades debido a que el delito de acecho no está contemplado actualmente en la legislación penal mexicana, lo que evidenció un vacío legal.
La propuesta del diputado contempla reformar la denominación del Título Décimo Primero del Código Penal del Estado, para quedar como “Delitos contra la paz y la seguridad de las personas, y la inviolabilidad del domicilio”, así como adicionar un Capítulo IV denominado “Acecho” e incluir el artículo 220 Ter, en el que se especifican las conductas que conforman este delito, sus características y sanciones.
Ortega Jiménez subrayó que esta propuesta se suma a la iniciativa presentada recientemente por la diputada Deyanira Uribe Cuevas, con el objetivo común de ampliar la protección legal hacia las mujeres guerrerenses.
Asimismo, destacó que Guerrero debe estar a la altura de entidades como Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León, que ya han legislado en la materia, y puntualizó: “Tipificar el delito de acecho es una urgencia legal y social, una medida necesaria para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”.
La iniciativa, que tiene como propósito fundamental legislar a favor de la seguridad y dignidad de las mujeres, fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación correspondiente.
Iniciativas
El diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, con el objetivo de fortalecer el Fondo Verde como un instrumento clave para financiar acciones de conservación, restauración ecológica, mitigación y adaptación al cambio climático, así como la protección del bienestar animal, mediante una gestión más transparente, participativa y con fuentes de financiamiento diversificadas. Fue turnada a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.
El diputado Pánfilo Sánchez Almazán (PT) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero para cambiar la denominación de la Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y Tecnología por Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta propuesta busca fortalecer la capacidad del Congreso en el diseño y seguimiento de políticas públicas que impulsen el desarrollo educativo, científico, tecnológico y de innovación en el estado, en sintonía con los nuevos retos nacionales y el contexto socioeconómico actual. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
El diputado Juan Valenzo Villanueva (Morena) presentó una iniciativa para derogar el artículo 296 del Código Penal del Estado de Guerrero y eliminar el tipo penal de ultrajes a la autoridad, por considerarse inconstitucional al violar el principio de taxatividad y permitir interpretaciones que vulneran los derechos humanos. Con ello, se busca armonizar la legislación estatal con los estándares constitucionales y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue turnada a la Comisión de Justicia.
