Por Dr. Trinidad Zamacona López.
“Todos los Ayuntamientos que reciben recursos sean federales, estatales o ingresos propios deben de rendir cuentas, además de informar sus destino”.
Le encontraron el “Talón de Aquiles” a la “Tía Abe” la comprobación de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) correspondientes al ejercicio fiscal 2023.
Nada hubiera pasado si la edil porteña hubiera entregado lo que le requería la Auditoria Superior del Estado, si la hubiera entregado y la dependencia seguía insistiendo en que tiene faltante de recursos, entonces sí podría decir que la estaban persiguiendo políticamente, porque hubiera dicho ya entregué lo que me pidieron, aun y cuando ella dijera que no tiene competencia para hacerlo, saldría a decir yo les entregue todo, y ahora me persiguen porque es un capricho de la dependencia.
Entonces si estaría en todo su derecho de ampararse, pero ya rindiendo cuentas, no lo ha hecho hasta ahorita, ponerse bronca, a sabiendas de que todos los recursos son auditables, y cuando digo todos son todos.
Al igual que a nivel nacional existe en Guerrero “El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es un órgano colegiado que coordina esfuerzos de autoridades estatales y municipales para combatir la corrupción, prevenir faltas administrativas, y garantizar el uso transparente de recursos públicos”. Son recursos públicos, podrá decir lo que sea con tal de no rendir cuentas, pero de que esta obligada a transparentar los recursos lo está. Si la dependencia no tiene competencia lo debe de hacer valer en las otras instancias que revisan la legalidad y constitucionalidad de los actos de las demás autoridades.
Le tocaron o le encontraron el talón de “Aquiles”, insisto ahí le dolió la rendición de cuentas, ahora hay sospechas, y más cuando viene de la misma casa, “Morena” ya no es lo mismo, ahora hay que rendir cuentas, al pueblo a través de las auditorías que se practiquen.
Ahora tiene que acogerse al principio de “presunción de inocencia” la Auditoría Superior del Estado, tiene facultades, pero no son omnipotentes, hay límites que le pone la misma ley, pero si el ente auditable se resiste tiene que actuar, para prevenir actos de corrupción, son recursos públicos. El hilo se revienta por lo más delgado, ese hilo son los recursos federales.
La “Tía Abe” debió haber contestado desde un principio, mal hizo el no contestar y dejar que esto llegara a la sospecha, ahora se va a defender a nivel federal, con una “Controversia Constitucional” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación” que agoniza y se extingue hasta mediados del mes de agosto ya que en septiembre entran los elegidos el 1º de junio de este año.
Siempre he sostenido que lo más delicado en la función pública es el manejo de los recursos públicos, que no son de los funcionarios, son del pueblo, por ello la delicada función que se tienen el su gasto y en su inversión.
Existen varias autoridades para la fiscalización de los recursos públicos, “En México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, incluyendo los de los municipios. Además, cada estado cuenta con su propio Órgano Superior de Fiscalización (OSF), que fiscaliza los recursos estatales y municipales dentro de su jurisdicción”. Esto quiere decir que la Auditoria Superior del Estado, como órgano fiscalizador del Congreso del Estado, si puede auditar los recursos públicos que los Ayuntamientos administren.
Estas son las autoridades según la legislación fiscal, “El proceso de auditoría municipal en México implica las siguientes instancias, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”, órgano que depende de la Cámara de Diputados, como ocurre en todos los Congresos Locales.
Esta dependencia se encarga de “Fiscaliza los recursos federales transferidos a los municipios, a través de los programas y fondos federales”.
Órgano Superior de Fiscalización estatal (OSF) en este caso se refiere a la Auditoria Superior del Estado, que insisto dependen de las Cámara de Diputados en cada entidad federativa. Le corresponde “Fiscalizar los recursos estatales transferidos a los municipios, así como aquellos que son propios de los ayuntamientos”. Esto no es óbice para que las Auditorias de los Estados, auditen recursos federales, pues existe un convenio de coordinación fiscal, que opera en todo el país, quizás es lo que no le han dicho a la “Tía Abe” ya se montó en su macho negro, y como buena Oaxaqueña no se va a bajar, aunque la metan presa.
Las Contralorías Internas Municipios, que estos en realidad no actúan en contra de la edil o el edil, más bien va en contra de los funcionarios municipales, y para fincar responsabilidades a los servidores públicos municipales. En pocas palabras “Es el órgano interno de control que vela por la correcta administración de los recursos municipales y realiza auditorías internas.
Y por último tenemos a la Secretaría de la Función Pública, “En el ámbito federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) también participa en la fiscalización de los recursos públicos, incluyendo los de los municipios”. Esta depende del Poder Ejecutivo, pues es el Presidente o Presidenta con “A” la que la designa, pero también está dentro de las autoridades fiscalizadoras, pues todas estas están en el Sistema Nacional Anticorrupción, como también existe en Guerrero, el Sistema Estatal Anticorrupción.
En Guerrero, existe y su objetivo es “Ser un organismo modelo en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención, combate y erradicación de la corrupción , faltas administrativas y control de recursos públicos, generando un alto grado de confianza ciudadana, con un trabajo imparcial, profesional y efectivo”.
“En resumen, la fiscalización de los recursos municipales en México involucra tanto a instancias federales (ASF y SFP) como estatales (ASE) y a nivel municipal (Contraloría Interna Municipal).
Los municipios reciben fondos federales a través de distintos mecanismos, principalmente las Participaciones Federales (Ramo 28) y las Aportaciones Federales (Ramo 33). Además, pueden recibir recursos a través de programas y convenios específicos, a través de transferencias deben de recibir estos recursos, por ello se firman convenios fiscales.
Estos son los “Principales fondos y mecanismos: Participaciones Federales (Ramo 28): Son recursos que se distribuyen a los municipios en base a la recaudación federal participable, y se dividen en el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal. Aportaciones Federales (Ramo 33): Son transferencias destinadas a financiar áreas específicas como educación, salud, infraestructura social, seguridad pública, entre otros. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): Se destina a financiar proyectos de infraestructura social en los municipios. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN): Apoya a los municipios en materia de seguridad pública. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA): Se destina a financiar la educación tecnológica y de adultos. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): Apoya a los estados y al Distrito Federal en materia de seguridad. Programas específicos: El Gobierno Federal también puede establecer programas específicos para los municipios con el fin de atender necesidades concretas. Convenios de Descentralización y Reasignación: A través de estos convenios, se pueden transferir recursos a los municipios para la ejecución de programas y proyectos”.
Donde radica el problema, en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) estos recursos se destinan a financiar proyectos de infraestructura social en los municipios.
Pero como se puede entender esto, bueno son “Los proyectos de infraestructura social en los municipios son obras y acciones que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población, cubriendo sus necesidades básicas y promoviendo el desarrollo social. Incluyen áreas como educación, salud, vivienda, agua potable, saneamiento, transporte y seguridad, entre otras. Estos proyectos pueden ser financiados por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que incluye fondos como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)”. Nos pregonaríamos existen estos proyectos en Acapulco, quizás ella tiene la respuesta en papeles, pero la población no la ve, ese es el problema grave.
De que va a rendir cuentas no me queda la menor duda, la “Tía Abe” ya solicitó un amparo para evitar una posible orden de captura en su contra, argumentando que “en Guerrero todo se puede”. Esta acción legal surge tras la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas irregularidades en la comprobación de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) correspondientes al ejercicio fiscal 2023. El Juzgado Octavo de Distrito con sede en el puerto concedió a López Rodríguez una suspensión provisional dentro del juicio de amparo número 558/2025, reconociendo su fuero constitucional y estableciendo que no puede ser detenida sin un proceso de desafuero previo por parte del Congreso del Estado, para lo único que le va a servir es para que le brinden las garantías al debido proceso. También presentó por recomendación de su equipo juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una ” Controversia Constitucional” la SCJN es una autoridad uniinstancial, única en conocer este tipo de juicios ” Controversia Constitucional” revisa que la autoridad en este caso la ASE no invada esferas de competencias, es decir va a checar que como órgano fiscalizador tenga las facultades y le dé la razón para auditar recursos federales, no va a entrar al tema del desvío, solo va a revisar si la ASE tiene facultades establecidas para auditar ese recurso o programa, estos Ministros ya no alcanzaran a resolver tienen vida hasta agosto, pero los nuevos tienen que resolver lo más pronto posible, ahora bien si otorgan una suspensión provisional a la “Tía Abe” la ASE tendrá que suspender los procesos de fiscalización hasta que se resuelva de fondo el asunto para no caer en el desacato de la suspensión, pero de que rinde cuentas, las va a rendir.
