/-+/Tinta Jurídica Por Dr. Trinidad Zamacona López.
“Para todo hay tiempo, pero todo a su debido momento”.
Nada justifica en que los padres obliguen a los hijos menores a casarse, en las comunidades de indígenas de Guerrero, sobre todo en la zona se mayor marginación, se da un fenómeno que algunos justifican en los usos y costumbres para atentar contra la dignidad humana, o bien contra la voluntad de quienes no tiene la capacidad de revelarse, contra aquellos que los obligan unirse a personas mayores que ellos solo por lo arreglo de las personas adultas que están a su cuidado.
Según los datos del gobierno federal “De 1 de cada 4 niñas que se casaban siendo niñas hace diez años, a aproximadamente 1 de cada 5 en la actualidad, el matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada”. Ha disminuido pero lo que se ha hecho quizás sea poco, se necesita hacer mucho más, esa práctica debe de desaparecer.
Los matrimonios infantiles se entienden como uniones formales o informales en las que al menos uno de los cónyuges es menor de 18 años. Si bien la frecuencia con la que se realiza esta práctica se ha reducido en todo el mundo —de 1 de cada 4 niñas que se casaban siendo niñas hace diez años, a aproximadamente 1 de cada 5 en la actualidad—, el matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada.
Los matrimonios infantiles vulneran los derechos humanos de las niñas, los niños y las/os adolescentes, especialmente de las niñas y adolescentes, que se ven despojadas de su edad y expuestas a mayores riesgos de violencia, embarazo precoz, abandono escolar y pobreza. Sus expectativas económicas y de salud son menores que las de las niñas y adolescentes que no se casan, lo que a la larga se transmite a sus propias/os hijas/os y socava aún más la capacidad de un país para proporcionar servicios de salud y educativos de calidad.
Frecuentemente, el matrimonio infantil es el resultado de una arraigada desigualdad de género, lo cual afecta a las niñas y adolescentes de manera desproporcionada. A escala mundial, la tasa del matrimonio infantil de los niños varones equivale a tan solo una quinta parte de la de las niñas.
Las causas y razones
Los matrimonios infantiles en México son más frecuentes en las comunidades indígenas y rurales, que se rigen por usos y costumbres, donde se practican por motivos culturales, económicos o religiosos, lo que los hace un fenómeno normalizado. Esto es así por diversas razones, entre las que se encuentran[1]:
La amplia brecha de desigualdad social. Sin trabajo ni educación, las menores optan por el matrimonio como vía para lograr cierta estabilidad económica.
La pobreza que lleva a familias a casar o vender a sus hijas para obtener un ingreso, reducir la carga económica de su sostenimiento o saldar deudas.
La desigualdad de género: el machismo impone roles y expectativas diferentes para las niñas y los niños.
Las normas sociales y culturales que establecen que las niñas deben casarse a temprana edad para asegurar su futuro, preservar su honor o cumplir con las tradiciones de su comunidad.
La falta de educación, que limita las oportunidades y los derechos de las niñas y adolescentes y las hace más vulnerables al matrimonio infantil.
Los conflictos armados y las acciones del crimen organizado, que generan situaciones de desplazamiento, inseguridad y violencia que pueden empujar a las niñas y adolescentes a buscar o aceptar protección en el matrimonio.
Es importante hacer mención de que en las comunidades indígenas, en muchas ocasiones, son desconocidos los derechos humanos que tiene cada persona por la falta de difusión y comunicación por parte de las instituciones y por la lejanía de las comunidades, lo que genera que no sea suficiente el reconocimiento judicial de los derechos humanos.
Esto son los datos oficiales que se tienen “Según el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 27.8 mil indígenas adolescente de entre 12 y 17 años se encontraban casadas o unidas en ese año, lo que representaba el 7.5% de las adolescentes indígenas en el país.
A nivel mundial se tiene los siguientes datos esto “De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, México se posiciona como el octavo país con mayor índice de matrimonio infantil en el mundo”.
“Los estados con mayor prevalencia de matrimonios infantiles entre mujeres indígenas son: Sinaloa, Baja California Sur y Tamaulipas. Los estados con mayor número absoluto de mujeres indígenas casadas o unidas antes de los 18 años son Chiapas, Oaxaca y Guerrero”.
En la mayoría de los Estados los casos o causas son las mismas, como por ejemplo, “ En Chiapas, que intercambian o venden a sus hijas por dinero, ganado o terrenos, en la entidad Guerrero, aquí las hijas se dan a cambio de una dote o para resolver conflictos familiares o comunitarios, en el Estado de Jalisco, casan a sus hijas con hombres mayores que las eligen durante las fiestas rituales, o en Puebla, que acuerdan el matrimonio de sus hijas con base en la afinidad entre las familias o el interés económico” como se observa las causas son similares, por ello es que tanto los gobiernos de las entidades, el gobierno del Estado y los organismos internacionales deben de atender el problema, no es obra de la casualidad que sean por cuestiones de costumbres, en donde se atenta con los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, las políticas públicas deben de generar las condiciones para que los indígenas dejen estas prácticas , por ello es que el Estado no puede seguir ignorando la violencia contra la niñez, en ninguna parte del país, permitir la venta de niñas y adolescentes es una violación a los derechos humanos que las autoridades mexicanas deben impedir con castigos más estrictos para que esos actos no se repitan y sirvan de ejemplo para quienes todavía se escuden en los usos y costumbres, con tal de obtener un lucro a costa de lacerar la dignidad humana.
Todas la niñas, jóvenes y adolescentes son sujetas de derechos, sin discriminación de ningún tipo, hacerlo o permitirlo constituye una violación a los derechos humanos y un crimen que el Estado mexicano debe investigar y erradicar, por ello es que nacen los grupos interdisciplinarios para que se evite a toda casta esa práctica que se dan aun con las reformas que ya están en materia penal.
En la ocasión en que se denunció que dos menores habían escapado porque escucharon de que sus papás las habían comprometido con personas adulta que no conocían, fue la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), la que intervino para lograr la liberación de dos niñas de 14 años que habían sido detenidas, después de que huyeron de su casa, porque las querían obligar a que se casaran, desde ese momento fue que nació un grupo interdisciplinario para evitar la venta de niñas y el matrimonio forzado el objetivo es de que se erradique esos actos desleales.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, envió al Congreso de Guerrero el año pasado, la iniciativa para tipificar el matrimonio forzado entre menores como un delito, esto para evitar que hagan este tipos de compromiso que laceran a los menores de la montaña de Guerrero y en algunos municipios con mayor marginada.
Según se dio a conocer que la iniciativa tiene la intención de evitar casos como el de una niña de solo 13 años que fue encarcelada en la comunidad de Joya Real perteneciente al municipio de Cochoapa el Grande en la región de la Montaña, del Estado de Guerrero, luego de que trató de escapar del pueblo en el que sería casada con un joven de 18 años y tuvo que intervenir el Ayuntamiento, la Comisión de Derechos Humanos y la Guardia Nacional para liberarla, fue ahí que al darse a conocer ese acto atroz se dio creación a un grupo interdisciplinario para evitarlos matrimonios forzados en esa región del Estado.
La mandataria estatal Salgado Pineda, al enterarse a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, de que el Acapulco se daría el caso de un matrimonio infantil en la comunidad de Huamuchitos, ese acto se da al margen de leyes que prohíben los matrimonios infantiles y la cohabitación forzada, por ello es que asistieron varias autoridades por indicación de la titular del ejecutivo con la finalidad de brindar asesoría a los progenitores y darle seguimiento.
Es por ello que el Senado de la República aprobó la Ley que prohíbe los matrimonios forzados entre menores de edad, y en abril de 2023, salió publicad en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el Artículo 205-Bis y se adicionó un Capítulo IX al Título Octavo del Código Penal Federal, relativo a la cohabitación forzada de menores de 18 años.
Evelyn Salgado, gobernadora del estado, su iniciativa también en materia penal fue con la intención de reformar un capítulo de Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la cohabitación forzada. “Matrimonios forzados” el código contempla sanciones de cinco a 15 años de prisión a quien solicite, gestione, oferta y promueva la cohabitación forzada entre menores de edad, es decir es un delito en la entidad.
El cuerpo interdisciplinario lo integran la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, la Secretaría de la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, el DIF Guerrero, y la UNICEF, por ello es que deben de darle seguimiento, para evitar este tipo de ilícitos que ya no se deben de cometer en la entidad.
