IRZA
Chilpancingo, Gro.- (IRZA).- En dos años de gestión, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, ha presentado 8 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Guerrero por presuntas anomalías financieras detectadas en las Cuentas Públicas de 3 ayuntamientos y 4 organismos públicos descentralizados.
Sin precisar los nombres de las autoridades denunciadas por respeto al debido proceso de la investigación, explicó que la ASE sustanció esos 8 procedimientos penales, que ya están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Cabe precisar que uno de los 3 ex presidentes municipales denunciados penalmente enfrenta dos procesos penales. Precisó que los procedimientos turnados a la FGE y al TSJ superan, por mucho, los expedientes turnados en periodos anteriores.
En entrevista Peralta Hidalgo explicó que, con base a la Ley 468 de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, ha presentado también 35 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias ante el Tribunal de Justicia Administrativa, los cuales están en proceso de revisión.
Además, la Unidad Investigadora de la ASE revisa 70 dictámenes técnicos sobre presuntas irregularidades financieras, mientras que la Unidad Substanciadora analiza 28 informes de presunta responsabilidad administrativa.
Informó que el pasado jueves 20 de febrero entregó a diputados de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE del Congreso local el tercer y último bloque de informes individuales y el informe general de la Cuenta Pública 2023.
Recordó que el 28 de junio del 2024 presentó 55 informes; el 30 de octubre de ese mismo año 82 y ese día, el pasado 20 de febrero, 47 más, que hacen un total de 184 informes individuales de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023, con un cumplimiento del 99.46 por ciento.
Proceso de solventación
El auditor superior explicó que, de acuerdo con la Ley 468, a partir del pasado 20 de febrero, día en que presentó los últimos 47 informes individuales de la Cuenta Pública 2023, la ASE tiene 10 días hábiles para notificar a los entes fiscalizables sobre presuntas irregularidades detectadas.
Los entes, a su vez, tendrán 30 días para solventar las observaciones y, posterior a ello, la ASE tendrá 120 días para pronunciarse. Después, tendrá un plazo de 4 meses para elaborar los dictámenes técnicos que turnará a su Unidad Investigadora encargada de recabar elementos de prueba, misma que remitirá los expedientes a la Unidad Substanciadora.
En caso de detectar irregularidades que no hayan sido solventadas, la Unidad Substanciadora tendrá 15 días para turnar los dictámenes al Tribunal de Justicia Administrativa, el cual podría imponer tres tipos de sanción: amonestación, separación del cargo o inhabilitación contra los servidores públicos de los entes observados que resultaran responsables.
