Guillermo Arteaga González
La designación del coronel de Justicia Militar del Ejército, Zipacná Jesús Torres Ojeda, como nuevo fiscal del estado de Guerrero ha generado un amplio debate y controversia en la opinión pública, esta decisión tomada por el Congreso del estado, con 43 votos a favor, para un periodo de seis años, ha despertado diversas reacciones en la sociedad Guerrerense, especialmente en un estado tan convulso como Guerrero, donde la violencia y la corrupción en el sistema de justicia son problemas crónicos que afectan a la sociedad en general, en donde la violencia está más cerca que la obtención de justicia, en el caso específico de Guerrero, un estado marcado por la presencia de grupos criminales, la violencia generalizada y la impunidad, la responsabilidad del fiscal es aún más delicada, se espera que el nuevo titular de la fiscalía pueda enfrentar estos retos de manera eficaz y transparente, garantizando el acceso a la justicia para todas las personas y combatiendo la corrupción que ha minado la confianza en las instituciones.
Sin embargo, la trayectoria militar del coronel Torres Ojeda plantea dudas legítimas sobre su capacidad para liderar una institución como la fiscalía, que requiere de habilidades jurídicas, experiencia en la investigación criminal y un profundo conocimiento del sistema de justicia, si bien es cierto que la formación militar puede aportar disciplina y organización, no necesariamente garantiza las competencias necesarias para dirigir una fiscalía en un contexto tan complejo como el de Guerrero, otro aspecto que genera inquietud es la independencia de la fiscalía frente a otros poderes y actores políticos o militares, la autonomía de la fiscalía es fundamental para garantizar que las investigaciones sean imparciales y libres de influencias externas, algo que ha sido un desafío constante en el sistema de justicia mexicano.
Es comprensible que existan esperanzas y buenos deseos para que el coronel Torres Ojeda desempeñe su función de manera eficiente y ética que es lo que todo aquel guerrerense quisiera, siendo una de las instituciones más importantes dentro del gobierno estatal, sin embargo, estas expectativas deben ir acompañadas de un escrutinio constante por parte de la sociedad civil, los medios de comunicación y los organismos de derechos humanos para asegurar que se cumplan los estándares de transparencia, legalidad y respeto a los derechos humanos en todas las acciones de la fiscalía, características que hicieron falta en la pasada administración de la ex fiscal y también militar Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
La ola de críticas y preocupaciones por la designación del coronel de Justicia Militar del Ejército, Zipacná Jesús Torres Ojeda, como fiscal del estado de Guerrero, hasta cierto punto son legítimas, debería ser un experto en la materia de procuración de justicia quién este al frente de una institución que se encarga de ello, este nombramiento, realizado por segunda vez consecutiva de un militar al frente de la fiscalía estatal, levanta serias dudas sobre la independencia y eficacia de esta institución en un estado marcado por la violencia, la impunidad y los graves problemas en el sistema de justicia.
Es necesario recordar el contexto en el que se da esta designación, la gestión de la anterior fiscal quien intento militarizar a la fiscalía, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, dejó mucho que desear, durante su tiempo al frente de la fiscalía, se evidenciaron múltiples problemas administrativos y situaciones de conflicto con el personal administrativo, sin embargo, lo más preocupante fueron los conflictos sociales que surgieron, especialmente en relación con la muerte de un estudiante de la normal rural de Ayotzinapa a manos de policías estatales.
Las protestas de los estudiantes de Ayotzinapa, que desembocaron en actos de vandalismo en las instalaciones de la fiscalía, fueron una clara señal de la falta de confianza y credibilidad en las autoridades encargadas de la investigación y procuración de justicia, la exigencia de destitución de la entonces fiscal Valdovinos Salmerón por parte de los estudiantes y de la sociedad en general reflejó la percepción de que la fiscalía no estaba cumpliendo adecuadamente con su deber de investigar y garantizar el acceso a la justicia de manera imparcial.
Ahora, con la designación del coronel Torres Ojeda, surge la incertidumbre sobre si este cambio de titular realmente representará una mejora significativa en la gestión de la fiscalía, así mismo, la repetida designación de militares al frente de una institución civil como la fiscalía refleja una tendencia preocupante hacia la militarización de funciones que deben ser desempeñadas por expertos en el derecho capacitados y comprometidos con el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho, amantes del mismo que entreguen todo para la procuración de justicia.
El ser designado como fiscal del estado de Guerrero representa un desafío importante para el sistema de justicia, sin embargo, aprender de las lecciones del pasado y trabajar en la construcción de una fiscalía verdaderamente eficiente, transparente e imparcial, que pueda enfrentar los graves problemas de violencia e impunidad que aquejan a la entidad, el coronel Torres Ojeda como fiscal de Guerrero plantea desafíos y oportunidades para el sistema de justicia en México, es necesario mantener una postura crítica y vigilante para garantizar que se cumplan los principios democráticos y los derechos fundamentales en el ejercicio de esta importante función pública, desde este espacio de opinión jurídica le deseamos el mejor de los éxitos al frente de la fiscalía general del Estado.
