Día: 21 mayo, 2024

Guillermo Arteaga González

En un capítulo más de esta terrible guerra en medio oriente, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha solicitado la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el líder de Hamas, Yahya Sinwar, esta acción responde a las recientes hostilidades entre Israel y Hamas, marcando un momento histórico y controvertido en la jurisprudencia internacional, la solicitud del fiscal Khan ha generado un intenso debate sobre la legitimidad, imparcialidad y el alcance de la justicia internacional, desde una perspectiva legal y ética, la CPI tiene el mandato de investigar y procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren hacerlo, sin embargo, este principio se pone a prueba cuando se enfrenta a conflictos prolongados y complejos como el de Israel y Palestina.

Para Israel, la solicitud de arresto contra Netanyahu y Gallant plantea graves implicaciones políticas y diplomáticas, israel ha mantenido históricamente una postura crítica hacia la CPI, argumentando que no tiene jurisdicción sobre sus ciudadanos, dado que Israel no es miembro del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, así mismo, la percepción dentro de Israel es que la CPI está sesgada en contra del país, enfocándose desproporcionadamente en sus acciones mientras ignora las de sus adversarios, por otro lado, la inclusión de Yahya Sinwar, líder de Hamas, en la solicitud de arresto subraya la complejidad del conflicto, Hamas considerado un grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, y la Unión Europea, ha sido acusado de lanzar cohetes indiscriminadamente hacia áreas civiles israelíes, un claro crimen de guerra según el derecho internacional, la inclusión de Sinwar busca mostrar una aparente equidad en la acción de la CPI, sugiriendo que la justicia debe ser aplicada a todas las partes implicadas en el conflicto.

La solicitud de Khan enfrenta varios desafíos, en primer lugar, la capacidad de la CPI para ejecutar estas órdenes de arresto es limitada, sin la cooperación de los estados miembros, la CPI carece de medios propios para detener a los acusados, en el caso de Israel, es improbable que el país coopere con la CPI, lo que podría convertir estas órdenes en meramente simbólicas, a su vez la solicitud ha sido criticada por algunos como una interferencia en la soberanía nacional y una politización de la justicia, los partidarios de Israel argumentan que el país tiene un sistema judicial robusto y capaz de investigar y procesar a sus propios ciudadanos por posibles crímenes de guerra, sin embargo, los críticos señalan que, en la práctica, las investigaciones internas rara vez conducen a condenas significativas, lo que justifica la intervención de la CPI.

La guerra entre Israel y Palestina ha sido un conflicto marcado por la violencia y las violaciones de derechos humanos, estas acusaciones son un recordatorio sombrío de las atrocidades que han caracterizado este conflicto y de la necesidad imperiosa de justicia, las acusaciones contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, derivan de la ofensiva lanzada sobre la Franja de Gaza, según el fiscal Khan, Israel ha incurrido en una serie de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, estos incluyen, inanición de civiles como método de guerra: utilizar el hambre como arma, privando a la población civil de alimentos básicos, causar deliberadamente grandes sufrimientos: infligir daño físico y mental severo a civiles, homicidio intencional: matar a civiles intencionalmente, ataques intencionados contra población civil: dirigir operaciones militares específicamente contra civiles, exterminio y asesinato: cometer asesinatos en masa, incluyendo los causados por inanición, persecución y otros actos inhumanos: perseguir a individuos o grupos por razones políticas, raciales, nacionales, étnicas, culturales, religiosas o de género, estos crímenes, si se prueban, reflejan un desprecio total por las normas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos fundamentales, la operación militar de Israel en Gaza, que siguió al ataque de Hamas el 7 de octubre, dejó más de 1.200 muertos y casi 250 rehenes, y ha sido señalada por su brutalidad y la falta de distinción entre objetivos militares y civiles.

Hamas, por su parte, no está exento de graves acusaciones, el ataque sorpresa del 7 de octubre, que provocó el actual conflicto, es visto por la CPI como un acto punible bajo el derecho internacional, las acusaciones contra Yahya Sinwar y otros líderes de Hamas incluyen: exterminio y asesinato: cometer asesinatos masivos, toma de rehenes: secuestrar a civiles o tropas enemigas, violencia sexual: cometer actos de violencia sexual contra personas en cautiverio, tortura: Infligir dolor y sufrimiento severos a prisioneros, otros actos inhumanos, ultrajes a la dignidad personal: humillar y degradar a los prisioneros, estos crímenes reflejan una estrategia deliberada de terror y violencia extrema contra civiles, diseñada para infligir el máximo sufrimiento y desestabilizar la región.

La solicitud de órdenes de arresto por parte de la CPI plantea cuestiones fundamentales sobre la justicia internacional y su capacidad para abordar conflictos complejos como el de Israel y Palestina, la CPI tiene el mandato de investigar y enjuiciar los crímenes más graves cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren hacerlo, sin embargo, la ejecución de estas órdenes de arresto presenta desafíos significativos, especialmente cuando las partes acusadas rechazan la jurisdicción de la CPI, Israel, que no es miembro del Estatuto de Roma, ha rechazado repetidamente la autoridad de la CPI, Hamas, aunque no un estado, también rechaza la legitimidad de la CPI, sin la cooperación de las partes involucradas, las órdenes de arresto podrían quedar como gestos simbólicos, incapaces de llevar a los perpetradores ante la justicia.

La acusación contra líderes de ambos bandos es un paso crucial hacia la rendición de cuentas, el conflicto entre Israel y Palestina ha causado un sufrimiento incalculable a civiles inocentes, la justicia no solo requiere que se reconozcan los crímenes cometidos, sino que también se establezcan mecanismos para prevenir futuras atrocidades, la comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos de la CPI y presionar para que todas las partes cooperen con las investigaciones, la justicia internacional, aunque imperfecta, es una herramienta esencial para romper el ciclo de violencia y promover una paz duradera.

Ricardo Castillo Barrientos

Este día debería ser día de elecciones en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), no será así, pues no habrá urnas ni boletas utilizables en comicios democráticos, como consecuencia de una unidad totalitaria, solo vista en regímenes e instituciones antidemocráticas.

El tri-rector Javier Saldaña Almazán ya encontró la fórmula perfecta para afianzar su modelo político a base de prebendas, privilegios y cochupos y en sentido inverso, amenazas y medidas represivas contra quienes se atrevan disentir de sus dictados anti universitarios.

Las universidades del mundo son consustanciales a la universalidad del pensamiento, la libertad de cátedra y la libre participación, en las decisiones de la comunidad universitaria, insignes valores cancelados en la UAGRO.

La fórmula antidemocrática y autoritaria impuesta por el tri-rector, le ha permito erigirse en candidato único en tres procesos internos para Rector de la Alma Mater, a través del reparto del pastel universitario: cargos directivos y administrativos, plazas, incremento horas clases, cambio de categorías, becas, etc.

Este mismo modelo de corrupción, lo ha trasladado a cada una de las escuelas que integran la institución en los diversos niveles educativos, al grado que 100 unidades académicas tienen candidato único y solo en dos, habrá elecciones.

La disidencia ha sido arrinconada en su máxima expresión no permitiendo la libre participación de aspirantes, registrándose únicamente los integrantes de las corrientes aliadas a Saldaña Almazán y nadie más, ante el temor de ser sometidos y aplastados por el inconmensurable poder del tri-rector.

Los directores que resulten electos estarán al frente de sus escuelas del 6 de junio de 2024 al 6 de junio de 2028, mismos que habrán de influir en la próxima elección a la Rectoría del 2027, garantizando así la continuidad y permanencia del grupo compacto que predomina en la Máxima Casa de Estudios, con una nueva relección de tri-rector Saldaña, o a quien determine, si no logra obtener la candidatura a la gubernatura del estado por MORENA, en el 2027.

A fin de nulificar algún aspirante disidente, la Comisión Electoral del Consejo Universitario supeditada a Saldaña Almazán, bajo el pretexto de no cumplir con los requisitos como la “constancia de honorabilidad”, les cancela el registro, no actuando de la misma forma con los candidatos impulsados por el tri-rector y compañía.

El mismo tri-rector ha puesto todos sus empeños en unificar bajo presión, las candidaturas propias y aliadas, cerrando el paso con todos los medios en su poder, a los universitarios que intenten “salirse del huacal”, y lo ha logrado como ningún rector en la historia de la UAG.

Finalmente, Saldaña Almazán viene afirmando desde su primer rectorado, que la UAGro tiene una comunidad universitaria de 90 miembros, entre estudiantes, maestros y administrativos, inflando la cifra como estrategia de chantaje a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a las autoridades educativas federales, con el objetivo de obtener algún incremento sustancial al presupuesto universitario, bajo el argumento que es la universidad pública con el más bajo costo por alumno, sin que haya podido sorprenderlos hasta el momento.

Con motivo del cambio de directores, la Comisión Electoral reveló la cifra real de los integrantes de la comunidad universitaria de la UAGro, mediante un padrón de 74 mil 69 universitarios, de los cuales, 4 mil 236 son profesores y 69 mil 832 estudiantes. Las cifras no mienten, el tri-rector sí.

Marea Baja.-  Como una bendición del cielo cayeron los aguaceros en varios municipios de la entidad y ayudaron a sofocar los incendios forestales, que como nunca habían proliferado en la entidad, a causa de la sequía y otros provocados por manos criminales, según ha trascendido en medios de comunicación y redes sociales.

Estamos en plena temporada de lluvias, sin llegar a intensas, pero contribuyen apagar los incendios y a menguar la insoportable ola de calor, que se resiente en todos los confines de la geografía guerrerenses y en otras entidades del país.

Marea Alta.- En la última encuesta del 17 de mayo, de la empresa demoscopia Massive Caller, ofrece los resultados siguientes: Abelina López, (MORENA-PT-PVEM), 30.7%; Yoshio Ávila González, (MC), 27.2%; Carlos Granda Castro, (PAN-PRI-PRD), 13.2%; Ramiro Solorio Almazán, (PES), 6.7%; Víctor Aguirre Alcaide, (Movimiento Laborista), 3.2%; Miguel Ángel Piña Garibay, (Fuerza por México), 2.7%; Raúl Ceballos Carbajal, (México Avanza), 2.0%. Indecisos, 14.3%

Se observa un empate técnico entre los dos candidatos punteros, con una diferencia 3.5%, favorable a la candidata releccionista, estrecho margen que podrían remontar los votantes switchers que no definen su voto y también con el voto útil que se otorga de última hora para impedir el triunfo del candidato que lleva la delantera, o con el voto oculto, el cual se desconoce hasta el día de la elección, el cual favorecería al candidato naranja, Yoshio Ávila González.

Maremoto.- Exageradamente pasivos están actuando los consejeros electorales del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), al postergar el debate de candidatos a la presidencia municipal de Acapulco, donde darían a conocer sus principales propuestas para el mejor desarrollo del municipio.

Hasta el momento no existe una fecha definitiva para dicho evento, aunque está próxima la conclusión de las campañas electorales, el próximo 29 del actual.

En caso que se genere el debate se contemplan temas relativos a la Seguridad Pública, Servicios Públicos y la Reconstrucción de Acapulco, post Otis, excluyendo temas relevantes como obras de infraestructura, el impuso al turismo con nuevos productos e intensas campañas de promoción para la atracción de potenciales segmentos de diversa naturaleza, entre otros temas.