Mes: diciembre 2023

IRZA

Acapulco, Gro., noviembre 30 de 2023 (IRZA).- Las clases en escuelas de nivel básico y los servicios médicos se paralizaron en pueblos del ejido de la comunidad Las Mesas, en la sierra del municipio de Petatlán, en Costa Grande, porque en las últimas 48n horas han sido atacados con drones y granadas por hombres armados.

Habitantes de esa zona denunciaron que “este jueves nuevamente se registraron los ataques. Aunque llegan los militares, cesan los ataques, pero después de que se van otra vez hacen lo mismo”.

Dijeron que entre las comunidades de la zona serrana que han sido atacadas, están El Parotal, La Mona, El Parotal II, El Camarón y otras donde han arrojado explosivos con los drones y granadas.

Añadieron que “tan solo ayer miércoles, lanzaron más de 20 explosivos, en la mañana nueve, cuatro por la tarde y ocho durante la noche”, por lo que maestros y médicos se han negado a subir a esa zona.

Cabe señalar que, al menos en lo que va de este año, en esa zona serrana se han registrado ataques armados contra los pobladores de esas localidades, y el hecho más reciente ocurrió con la muerte de Crescenciano “Chano” Arreola Villa, el ocho de agosto en su rancho en la comunidad El Parotal.

Edvin López

*Refuerzan seguridad en comunidades de la Sierra en Tecpan y Petatlán

Tecpan Galeana, Gro.- Priorizando el diálogo como una premisa del gobierno de Evelyn Salgado Pineda para atender las demandas sociales, se logró el desbloqueo liberando la vialidad en la carretera federal Acapulco – Zihuatanejo a la altura del poblado de Santa Rosa.

Resultado de la atención por parte de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno con los pobladores y comisarios de la ruta de comunidades de la Sierra pertenecientes a los municipios de Tecpan y Petatlán.

En atención a las demandas de población, las autoridades del estado en coordinación con SEDENA y Guardia Nacional se desplegaron en la zona para reforzar la seguridad en la zona serrana rumbo a Las Mesas y poblados circunvecinos.

IRZA

– Desde 7 países deploran la agresión en Chilpancingo

– De 29 estados del país, solidaridad con el periodismo guerrerense

Chilpancingo, Gro. (IRZA).- Periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos de 29 estados y 7 países condenaron el ataque a balazos que sufrieron 4 periodistas de Chilpancingo y exigieron a las autoridades correspondientes “iniciar los debidos procesos de investigación de manera urgente” para dar con los responsables de la agresión.

Este jueves dieron a conocer una carta abierta con la firma de más de 500 reporteros, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de derechos humanos en el país y el extranjero.

Se trata de periodistas y activistas de los estados de Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Quintana Roo, Ciudad de México, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Baja California, Colima, Zacatecas, Veracruz, Coahuila, Sonora, Colima, Hidalgo, Yucatán y Estado de México; además de Alemania, Estados Unidos, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Demandaron a las autoridades que “de forma expedita” se concedan medidas cautelares para los cuatro reporteros agredidos a balazos y sus familias.

Señalaron en una carta abierta que la agresión contra Héctor Camacho, Oscar Guerrero, Víctor Mateo y Jesús de la Cruz “se suma a una serie de actos violentos cometidos contra comunicadores en Guerrero, tales como la privación de la libertad por varios días de la que fueron víctimas otros tres periodistas, además del hijo de uno de ellos, entre el 19 y el 22 de noviembre, en Taxco. Y sabemos que no son los únicos que han vivido esa experiencia”.

Denunciaron que la violencia en Guerrero “provocada por el crimen organizado y permitida por las autoridades se agudizó en los últimos meses extendiendo las zonas donde los comunicadores optan por dejar de informar por el terror y la falta de garantías del Estado para ejercer el periodismo, como en la región de Tierra Caliente, Iguala, Chilapa, entre otras”.

Señalaron que “claramente estos hechos y el ataque contra nuestros cuatro colegas es una afrenta más a la libertad de expresión y el derecho fundamental de toda sociedad a la información”.

Destacaron que organizaciones que defienden la libertad de expresión, como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 han alertado reiteradamente sobre hechos violentos en ese estado (Guerrero) y en el resto del país que impactan en nuestro gremio: “desde 2009, Guerrero es uno de los estados más violentos del país; se mantiene como la quinta entidad federativa con más ataques contra periodistas y medios de comunicación, de acuerdo con datos de Artículo 19. Asimismo, del año 2000 a la fecha, han sido asesinados 17 periodistas y 3 han sido desaparecidos”.

Indicaron que hay periodistas desplazados a consecuencia de esta violencia, “no sabemos el número total de periodistas guerrerenses que están exiliados o desplazados forzadamente de diversas localidades”.

Consideraron “urgente que las autoridades tomen acción, se investigue a las personas responsables, sean de grupos criminales o autoridades, se encuentre y sancione a autores materiales e intelectuales de las amenazas, ataques, asesinatos y desapariciones, se garantice atención médica a los compañeros que han sido víctimas de las agresiones hasta que recuperen por completo su salud física y emocional y se proteja, de una vez por todas, a la prensa de Guerrero, incluyendo a colegas que además sufrieron pérdidas con el embate del huracán Otis”.

Añadieron que “la indiferencia y falta de acción del Estado ante las agresiones en contra de periodistas, como ya se ha comprobado en este país, muchas veces, sólo abona a tener un terreno fértil para que esas violencias continúen y aumenten”.

Boletín

Chilpancingo, Gro.- Ante las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Derechos Humanos del Congreso del Estado, que presiden los diputados Joaquín Badillo Escamilla y Osbaldo Ríos Manrique, respectivamente, compareció este jueves el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Evelyn Salgado Pineda.

En este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas llevado a cabo en la Sala de los Próceres de México “José Francisco Ruiz Massieu”, participaron la diputada Yoloczin Domínguez Serna y el diputado Raymundo García Gutiérrez, presidenta y vocal de la Junta de Coordinación Política, así como los diputados José Efrén López Cortés, Carlos Reyes Torres y Antonio Helguera Jiménez.

En su mensaje de bienvenida, el diputado Joaquín Badillo resaltó que con este evento se da cumplimento a una obligación constitucional derivada de los artículos 73 y 89 de la Constitución Política, y es refrendo de la buena relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Externó el reconocimiento de la LXIII Legislatura a la voluntad del Ejecutivo estatal para que comparecieran los secretarios y secretarias a ampliar la información de las actividades de gobierno realizadas en este año, reiterando la disposición del Poder Legislativo de coadyuvar con todas las acciones que emprenda el Gobierno del Estado en materia de seguridad pública, para una mejor protección de la integridad y vida de las y los guerrerenses.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Pública expresó que la estrategia de seguridad pública estatal como función de atención prioritaria, está basada en la aplicación de inteligencia policial, el uso de la tecnología para las operaciones y un modelo preventivo para la atención a las causas que originan los delitos.

Abundó que la implementación de la proximidad social y la participación proactiva de la sociedad, aunado al compromiso de las y los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos y ayuntamientos, favorecen al proyecto de brindar paz y tranquilidad a las y los guerrerenses.

Detalló, asimismo, que el trabajo de la dependencia se apega de manera estricta a los objetivos centrales en materia de seguridad establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022- 2027, los cuales son: promover el desarrollo policial, impulsar la reingeniería institucional, rediseño de la estrategia operativa, promover la cultura de la paz y la prevención social del delito, impulso de la participación ciudadana proactiva, transformar el sistema penitenciario estatal, y promover la optimización y manejo transparente de los recursos.

IRZA

Chilpancingo, Gro. (IRZA).- El Sistema Estatal Anticorrupción, a través del Comité de Participación Ciudadana (CPC), pidió a los aspirantes a cargos de elección popular cumplir con sus tres declaraciones (3 de 3) para garantizar que su financiamiento no sea de dudosa procedencia.

César González Arcos, presidente del SEA, consideró importante que haya una revisión minuciosa a los bienes de los aspirantes a cargos públicos, como un ejercicio proactivo con la sociedad.

La Ley 3 de 3, cabe recordar, busca que los candidatos a un cargo de elección popular presenten a la sociedad y autoridades electorales, previo a su competición, sus tres declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal.

“Porque hemos visto que proceso tras proceso, siempre nos sale uno u otro que tiene cierto vínculo con algo”, dijo González Arcos, por ello consideró importante conocer si los contendientes obtienen recursos de financiamiento de manera legal.

Opinó que la Ley 3 de 3 debe ser vinculante para quien violente cualquiera de sus preceptos, y que se establezca la probidad con elementos claros, como requisito para quien aspire a un cargo de elección popular.

El objetivo es proporcionar a la sociedad información suficiente sobre el interés de sus candidatos en torno a los temas de la agenda pública, y que, con base a ello, se tomen las mejores decisiones y se emita un voto razonable.

González Arcos rindió este jueves su informe anual de labores, en cuyo evento destacó que para el control efectivo de la corrupción no se deben permitir negociaciones, y que la ética e integridad en el trabajo cotidiano son fundamentales.

“Que las expresiones populares, como ‘el fin justifica los medios’, ‘qué tanto es tantito’, ‘el que no tranza, no avanza’, ‘lo que entró, salió’ y ‘por instrucciones superiores’, son el claro ejemplo de un camino por el que no podemos transitar ante el riesgo de ser absorbidos por el fenómeno de la corrupción”, alertó.

El Comité de Participación Ciudadana, como vínculo con las organizaciones sociales, dijo, tiene una encomienda en materia electoral”.

Dijo que el país vivirá en 2024 la elección más grande y relevante de su historia.

Por esa razón informó que el Comité de Participación Ciudadana firmó un convenio con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para generar mayor transparencia con la presentación voluntaria de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses de las personas candidatas.

La intervención de ese comité en el próximo proceso electoral, agregó, no debe verse como una imposición, sino como el reto de una ciudadanía que participe dentro de la construcción de un nuevo modelo ciudadano acorde a la nueva realidad.

De esa manera, agregó, el electorado estará consciente de qué candidatos cumplen con sus obligaciones mínimas de transparencia y con ello la posibilidad de emitir un voto razonado”.

El periodo de César González como integrante y presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana culminó este jueves, después de cinco años, siendo el primer comité en la historia de Guerrero vinculado al Sistema Estatal Anticorrupción.

IRZA

– “Porque hoy es más fácil para muchos funcionarios mandar levantar, desaparecer a un elemento, a un líder, para que se calle su voz, así como lo han querido hacer con los periodistas”, denunció Ángel Martínez Reyes, líder sindical estatal de bomberos

– Acudieron al Palacio Municipal a solicitar una audiencia con la alcaldesa para gestionar la asignación de bases laborales, pero nadie los había atendido

Chilpancingo, Gro (IRZA).- Integrantes del Sindicato de Bomberos protestaron este jueves en la sede del Ayuntamiento, donde denunciaron la desatención de la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, a quien solicitaron una audiencia para gestionar la asignación legal de bases laborales, tras advertir que las están vendiendo, además de que la hicieron responsable de lo que les pueda pasar, “¿por qué? Porque hoy es más fácil para muchos funcionarios mandar levantar, desaparecer a un elemento, a un líder, para que se calle su voz, así como lo han querido hacer con los periodistas”.

En voz de su líder estatal, Ángel Martínez Reyes, entrevistado afuera del Palacio Municipal, a un lado de la puerta principal ubicada frente a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, reiteró que la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez sería la responsable de lo que le pueda pasar a él o a los elementos municipales.

“Ustedes lo han dicho (en referencia a los reporteros que lo entrevistaban), ´no se mata la verdad matando periodistas´, tampoco se mata la verdad matando bomberos, entonces yo se las dejo ahí, mejor que haya la humildad de ellos de atendernos”, enfatizó.

Comentó que “la presidenta está resentida con los bomberos, sí, porque los compañeros hicieron una actividad el 22 de agosto, porque estaban exigiendo su bono por el Día del Bombero, pero ella tiene que aprender a sumar, las críticas que hacen hacia ella, las debe tomar como un escalón para ascender y llegar al éxito que ella quiere, no sé si quiere ser senadora o diputada federal, pero no puede ir por la vida resintiéndose con los sectores, como en este caso con los periodistas, como en este caso con los bomberos, eso no lo puede hacer un político que se supone quiere ascender a otro escaño, porque la política, si ya se les olvidó, se inventó para evitar las guerras, no para dividirnos”.

Consideró que “ellos (la alcaldesa y su equipo) deben aprender a hacer política y a atender a los sectores populares, porque detrás de cada bombero hay 5 votos (electorales) y ella (Norma Otilia Hernández) los está despreciando en estos momentos”, dijo.

Dijo que lo único que piden es una audiencia, la cual se la han solicitado en dos ocasiones y el miércoles cerca de las 12:00 de la noche, les respondieron la segunda con un mensaje por WhatsApp, donde les decían que no los podía atender.

En cambio, comentó que en el gobierno del estado siempre los atienden, cuando inician una marcha o protesta, un representante los aborda y les preguntan cuál es su pliego petitorio, hacen una llamada y los funcionarios los atienden “¿y eso no pueden hacer aquí? (señalaba hacia el Palacio Municipal). Que haya gente que oriente a la presidenta, que no le inyecte ese resentimiento, ese odio a los sectores populares, no, así señora presidenta no va a llegar a ningún lado, así no va a tener el voto del pueblo”.

Señaló que a la alcaldesa no le están pidiendo “una Hummer (una camioneta de lujo) para cada bombero”, pero sí “una base que merece un bombero que todos los días se parte el alma, que pone la vida en riesgo, y no le dan la estabilidad en el empleo, eso sería injusto”.

“Ellos se sientan con líderes sindicales y les dan las bases a quienes ellos quieren, tenemos entendido que andan vendiendo las bases, es lo que no queremos que pase”, alertó Ángel Martínez durante la protesta en el acceso principal al edificio edilicio.

Martínez Reyes pidió a la edil que recordara que “nosotros votamos 4 de 4 (en las pasadas elecciones constitucionales), nosotros la empoderamos, que no se le olvide eso”.

En ese sentido insistió en que solicitan es una audiencia con la alcaldesa para abordar el único asunto de la asignación de bases.

IRZA

– Presentaron queja contra la edil en la CEDH

– También temen por la seguridad de sus familias

Chilpancingo, Gro. (IRZA).- Por temor de lo que pueda ocurrirles a ellos o a sus familiares, los periodistas Juan Antelmo García Castro y Efraín Flores Iglesias presentaron este jueves una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (CEDH) contra la presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez, quien, aseguraron, emprendió una campaña para censurar su labor con denuncias por violencia política en razón de género.

“¡Sí tenemos miedo! En lo personal sí tengo miedo de lo que nos pueda pasar y más miedo por mi familia, por mi esposa y por mis hijos”, alertó en entrevista Juan Antelmo García Castro, tras presentar la queja ante el órgano público autónomo.

Consecuentemente responsabilizó a la edil de Morena: “…y yo hago responsable directamente a la señora presidenta Norma Otilia Hernández Martínez de lo que me llegue a pasar (…) derivado de su intolerancia a las críticas que hacemos a la servidora pública, no a la mujer”.

“Hemos criticado el estado de las calles, las obras mal hechas, que no lo decimos nosotros, pero recibimos la queja de la ciudadanía y sólo le damos voz. Ese es nuestro delito, así lo considera la presidenta, darle voz al pueblo”, agregó García Castro.

El pasado 7 de agosto, recordaron, la alcaldesa presentó una denuncia por presunta violencia política en razón de género contra el periódico “Diario de Guerrero” y cinco periodistas de ese medio, entre otros, ellos dos, por publicar información relacionada con los videos que exhibieron su encuentro con un presunto líder delictivo.

Recordó que por la relevancia del hecho todos los medios nacionales e internacionales difundieron esa noticia. En la queja ante la CEDH Efraín Flores y Juan Antelmo García advierten: “tememos por nuestra integridad física”, porque la edil “ha sido vinculada con gente armada”.

Añaden: “tenemos por nuestras vidas y desde este momento responsabilizamos a la C. Norma Otilia Hernández Martínez, presidenta municipal de Chilpancingo de los Bravo, de lo que nos pueda pasar a nosotros y a nuestras familias”.

Apenas el 28 de noviembre cuatro periodistas fueron atacados a balazos en Chilpancingo, entre ellos Víctor Mateo, reportero del “Diario de Guerrero”, periódico demandado por Hernández Martínez.

En ese contexto García Castro sintetizó: “sentimos un ambiente tenso, pesado, de temor”. Coincidió con Efraín Flores en que sus contenidos se han centrado en la función pública de la alcaldesa y no por su condición de mujer, vida privada o familiar.

Pese a eso, informaron que continuarán ejerciendo su labor porque “a la prensa no la callan ni las balas”.

Pero que con la denuncia de la alcaldesa por violencia política en razón de género “nos pone en riesgo ante los criminales que operan impunemente en el municipio de Chilpancingo”, además de que violenta los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la libertad de expresión.

Los periodistas pidieron medidas cautelares a la CEDH, entre ellas, que se les garantice su integridad física y de sus familias, así como a su labor periodística, además se emita una recomendación a la alcaldesa Norma Otilia Hernández.

Ambos agradecieron la intervención del órgano autónomo, al cual pidieron actuar con apego a la ley hasta las últimas consecuencias: “si nosotros hemos incurrido en ilícito o delito en contra de la presidenta municipal, yo aceptaré; soy muy respetuoso de las instituciones. Yo sí respeto a las instituciones”.

Los periodistas advirtieron que analizan otras acciones en defensa de su derecho y ejercicio de prensa, pero que esperarán la resolución que emita el Tribunal Electoral del Estado respecto a la denuncia que presentó la alcaldesa por violencia política en razón de género.

Efraín Flores informó que la directora del Diario de Guerrero, Erika Cecilia García Guevara, presentó también recientemente una queja ante la CEDH contra la alcaldesa morenista por la misma razón y casi en los mismos términos.

IRZA

Chilpancingo, Gro (IRZA).- Un total de ocho escuelas formadoras de docentes que integran el Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), iniciaron un paro laboral indefinido en demanda de atención a daños a la infraestructura que sufrió la Escuela Superior de Educación Física, ubicada en Acapulco a consecuencia del huracán “Otis”, además de la emisión de la convocatoria y liberación de plazas en el estado.

Alrededor de mil normalistas en la entidad se sumaron a estas acciones de protesta colocando pancartas en la entrada de las Normales Públicas para exigir la inmediata intervención de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG).

Demandan también solución a las incidencias durante el proceso de becas, y cumplimiento a los acuerdos tomados con autoridades de la SEG, negociación a través del diálogo y una mesa de trabajo.

“Las ocho Normales del Estado que conforman el Frente Unido de Normales Públicas de Guerrero, estamos en paro indefinido debido a que la Secretaría de Educación no han dado una solución a nuestras peticiones a través del diálogo”, informaron escuetamente a través de un comunicado.

El FUNPEG está integrado por la Centenaria Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano, la Normal Urbana Federal Rafael Ramírez, la Normal Preescolar Adolfo Viguri Viguri, Escuela Superior de Educación Física ubicada en Acapulco, La Normal Regional de Tlapa, Normal Regional de Teloloapan, la Normal Regional de Tierra Caliente y el Centro Regional de Educación Normal en Iguala (CREN).

IRZA

Chilpancingo, Gro.(IRZA).- Jubilados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) demandaron al gobierno estatal el cumplimiento del pago del bono decembrino 2023, para 596 ex trabajadores.

Advirtieron que el próximo sábado el comité estatal de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la UAGro realizará una asamblea general para definir un plan de acción a desarrollar en los próximos días, para exigir al gobierno estatal el cumplimiento a estos acuerdos.

El dirigente sindical, Justino García Téllez, dijo que el año pasado los más de 500 jubilados recibieron un bono decembrino de 6 mil pesos, con el compromiso de que cada año se incrementarían mil pesos hasta llegar, en el 2025, a los 9 mil pesos que reciben los jubilados y pensionados docentes federales.

“Es decir, que este año demandamos el pago de 7 mil pesos como parte de un compromiso establecido en una minuta bilateral con el gobierno del estado, hasta llegar a igualar este concepto con el bono que reciben los otros jubilados docentes que cotizan al ISSSTE”, indicó.

Comentó que desde el pasado 16 de octubre entregaron un oficio en la oficina de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la Secretaría de Finanzas y Administración del estado y a la Jefatura de Finanzas y Administración y de Desarrollo, en el que exponen la exigencia del pago de este bono de fin de año, “y cada semana hemos estado puntualmente en el Palacio de Gobierno para conocer la respuesta”.

Refirió que este jueves se reunieron con el director General de Administración y Desarrollo de Personal, Oscar Francisco Herrera Vázquez, quien les aseguró que su exigencia correspondiente a este año será integrada a las peticiones del gobierno estatal que están pendientes.

Aunado a esta petición, añadió, el sábado a las 10 de la mañana el sindicato de jubilados universitarios realizará su asamblea general, en la Facultad de Filosofía y Letras, para tomar acuerdos y elaborar un plan de acción.

Boletín

CHILPANCINGO. Diputadas y diputados de la LXIII Legislatura se declararon dispuestos a trabajar en el fortalecimiento del marco jurídico, que permita la implementación de mejores políticas públicas en materia de prevención de riesgos y protección civil, así como para el cuidado del medio ambiente, favoreciendo la oportuna y mejor respuesta a la cada vez más constante y desastrosa aparición de fenómenos naturales.

Lo anterior durante las comparecencias de los titulares de las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SPC), Roberto Arroyo Matus, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Ángel Almazán Juárez, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Evelyn Salgado Pineda.

En el inicio de la ronda de preguntas, la diputada Patricia Doroteo Calderón pidió al secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil hacer un balance del antes y después, así como una proyección a futuro en materia de gestión integral de riesgos y protección civil.

Por su parte, el diputado Olaguer Hernández Flores preguntó porque no se integró la mayor cantidad de bosque de la Sierra de Guerrero en el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste, y por qué no se hace uso de las hidroeléctricas para producir energías saludables en favor de 14 municipios de la parte alta de la Sierra, así como la creación de rellenos sanitarios intermunicipales, entre otros cuestionamientos.

En su oportunidad, el diputado Antonio Helguera Jiménez expuso que el huracán Otis evidenció que en Guerrero se deben fortalecer los mecanismos preventivos y reactivos de protección civil, así como mejorar la coordinación y comunicación entre los tres órdenes de gobierno y empresas privadas. Ante esto, preguntó qué acciones realizó el Centro Estatal de Alertamiento, como órgano responsable de informar a la población, antes de la llegada del huracán, las medidas implementadas en materia de prevención, auxilio, rescate y registro de daños y en qué etapa de emergencia se encuentra la zona afectada.

En su turno, la diputada Jennyfer García Lucena cuestionó si la inversión aplicada en mantenimiento preventivo de estaciones, repetidores y puesto central que conforman el Sistema de Alerta Hidrometeorológico de Acapulco es suficiente, y si este permitió monitorear en tiempo real el paso de la tormenta tropical Otis y su evolución hasta convertirse en huracán.

En su intervención, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz señaló que la gestión de riesgos es la clave para tomar medidas preventivas y reactivas adecuadas que eviten daños a la población. En ese sentido, preguntó a cuánto asciende la inversión total en el año de gobierno que se informa, incluyendo inversión estatal y federal, y en qué rubros.

La diputada Nora Velázquez Martínez externó un reconocimiento a directivos y personal de la Secretaría de Protección Civil por su labor, valentía y profesionalismo con que enfrentan las contingencias. Después de ello, solicitó al titular abundar en relación a un diagnóstico sobre amenaza o probabilidad de ocurrencia de una situación de riesgo; la conformación de planes y programas específicos en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la participación social; y las acciones y compromisos adquiridos con los Sistemas Estatal y Municipal de Protección Civil, y las recomendaciones para atender la situación de riesgo en colonias del norponiente de Chilpancingo.

Por su parte, el diputado Manuel Quiñónez Cortés preguntó al responsable de la protección civil si se contempla la creación de algún fondo estatal de apoyo a la población, que permita enfrentar de manera urgente situaciones como la ocurrida en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis.

Por otro lado, al secretario de Medio Ambiente preguntó desde cuándo se encuentran fuera de operación dos estaciones de monitoreo ambiental, cuánto se requiere para rehabilitarlas, y su opinión sobre el costo beneficio de contar con estas estaciones.

Cerró las intervenciones la diputada Beatriz Mojica Morga, reconociendo en principio la labor de ambas secretarías y la estrecha y eficiente coordinación que sostienen con los diferentes órdenes de gobierno en las labores de recuperación de las zonas devastadas por el huracán Otis.

La legisladora también recomendó ver hacia el futuro y establecer medidas más estrictas, aunadas al reforzamiento de la legislación, para construir viviendas y edificios con los mayores elementos de protección civil, y procurando siempre el cuidado del medio ambiente.

Apuntó, por último, la urgencia de invertir más en la prevención, para lo cual pidió a los comparecientes hacer sus aportaciones para que la legislación avance al respecto, de la mano del presupuesto necesario.

En la síntesis del estado que guarda su dependencia, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, destacó que en estos dos años ha sido prioridad el fortalecimiento de la gestión integral de riesgos, no sólo para atender las emergencias y desastres naturales, sino para prevenirlas de manera oportuna, y así disminuir su impacto en las personas y su entorno.

En el caso del último huracán que azotó al  puerto de Acapulco, resaltó que fue un fenómeno natural totalmente anómalo y fuera de toda predicción meteorológica, mismo que marcará un antes y un después no solo en el estado sino en el país.

“No obstante, con este brutal impacto la sociedad demostró que toda acción preventiva ha ido impulsando la cultura de la autoprotección, volviéndose así más resiliente con cada trágico fenómeno ocurrido en el estado”, subrayó.

En su oportunidad, el secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable expuso que la dependencia ha basado su estrategia de trabajo en el Plan Estatal de Desarrollo y en los objetivos de desarrollo que contempla la Agenda 2030, para contribuir a una mejor calidad de vida y salud ambiental.

Entre los logros de este segundo año de gestión destacó la elaboración del Reglamento de la Ley de Cambio Climático y la creación de la Policía Ecológica, que exitosamente ha contribuido a disminuir los delitos ambientales en Guerrero.