Trinidad Zamacona López
“Cuando se protesta cumplir y hacer cumplir la ley, obliga al servidor público a su cumplimiento, no tan solo para él sino para el gobernado”.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran establecidos organismo construccionales autónomos, mismos que “Son órganos públicos que ejercen una función primordial del Estado, establecidos en los textos constitucionales y, por tanto, tienen relaciones de coordinación con los demás poderes tradicionales u órganos autónomos, sin situarse subordinadamente en algunos de ellos”.
En nuestra carta magna existen 10 reconocidos, es decir para considerarse como tales deben de estar establecidos y configurados en la Constitución, deben de mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación, deben de contar con autonomía e independencia funcional y financiera, además deben de atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.
Los Organismos Constitucionales Autónomos, (OCAS) consideramos aquí como órganos constitucionales autónomos del Estado mexicano a: el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y la Fiscalía General de la República.
Banxico, tiene como misión el de Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda; el Instituto Nacional Electoral (INE) le corresponde el Fortalecer el régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, en todas las elecciones de México; por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH) tiene como fin el de Proteger los derechos humanos, de todos los ciudadanos de nuestro país; tenemos también al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) tiene como facultades y atribuciones el de Coordinar y armonizar la generación y administración de información geográfica de interés nacional, a través de los censos de población y vivienda, los económicos y los agrícolas tiene los números frescos en estadísticas que le sirven a la sociedad en general; otro OCA, es el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa l (INEE) a quien le corresponde por ley evaluar la calidad del sistema educativo nacional; tanto pública como privada lo que puede verse en los estándares educativos; tenemos también a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) tiene entre sus funciones el de Proteger el proceso de competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados, organismo importante para medir los indicadores económicos; el otro organismos es el Instituto Federal de Telecomunicación, (IFT) le toca Regular el espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones, en todo el país los sistemas públicos y privados de comunicación están regulados por este organismo; existe también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (CONEVAL) tiene como finalidad el de medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social de cada uno de los gobiernos tanto federal, estatal y municipal.
También la Fiscalía General de la República (FGR) la misma que se encarga de Procurar justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; este también tiene su proceso de selección bien establecido en la propia Constitución.
Por otro lado tenemos al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) su función es el de garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales, a quienes se les designa por el Senado de la República, dicho proceso está regulado por la propia Constitución.
Este organismo es el que esta en riesgo, pues resulta que el Senado de la Republica, aun no designa a sus integrantes, pues su proceso se judicializó, por ello es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló al Senado de ser omiso por no cumplir con la Constitución al no nombrar a los comisionados del INAI, en su sesión reciente “por una mayoría de ocho votos, el pleno del alto tribunal mexicano tumba el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que defendía la actuación de los legisladores, y recuerda a la cámara que es un mandato constitucional elegir a los miembros del Instituto de Transparencia”.
Desde abril de 2022, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encuentra incompleto; pero existen otros organismos que están en la misma situación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el INEGI son ejemplos de instituciones que están siendo afectadas por la falta de nombramientos, la culpa es de quien tiene las facultades para proponer a esos espacios a personas que sean, ya sea sus aliados o afines el proyecto de la 4T.
Recientemente el comisionado Adrián Alcalá fue designado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en una elección definida por el voto de calidad de Blanca Lilia Ibarra, hasta hace unos días titular del órgano autónomo.
Al ganar la designación Alcalá Méndez, arribó al cargo tras cuatro rondas en empate con Josefina Román, el cual fue dirimido con el voto de calidad de Ibarra Cadena, y luego de que Julieta del Río Venegas se bajara de la contienda y anunciara su respaldo a Román, pues, dijo, ella no podía avalar “a alguien sin solvencia ética”. Pero Adrián Alcalá pidió al Senado de la República utilizar los cinco días restantes que les otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) (15 de diciembre) para nombrar a dos comisionados faltantes, ante la falta de estos funcionarios que tiene trabajando al organismo con sólo cuatro comisionados, por lo que se encuentra incompleto, está en riesgo un derecho constitucional, que el derecho de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.
Por otro lado, también está en riesgo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de las y los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral, los motivos son varios, pero por lo pronto diremos que el Magistrado Reyes Mondragón, dice que no va a renunciar y resiste la embestida de magistrados cercanos a la 4T, todo por el control de organismo, con este pleito de control, se pone en peligro las determinaciones que estos van a resolver frente al proceso electoral del 2024, eso es lo grave, intereses personales en un organismo público al servicio de los ciudadanos.
