Guillermo Arteaga González
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2024, tras extensas jornadas de debate, no es solo un reflejo de la democracia parlamentaria en acción, sino también una prueba de las tensiones políticas y las prioridades enfrentadas en el país, el hecho de que se destinen 9 billones 66 mil millones de pesos es una cifra que por sí sola demanda un inspección meticulosa, dada su magnitud y el impacto que tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos, el intenso debate, marcado por confrontaciones entre la administración actual y la oposición, pone de manifiesto que el proceso presupuestario es mucho más que la mera asignación de fondos, es una arena donde se expresan y defienden las diferentes visiones de la nación, las estrategias de desarrollo y los compromisos con los diversos sectores de la sociedad.
El resultado de la votación, con 266 votos a favor y 204 en contra, sugiere una división significativa en el legislativo, esta división es preocupante porque puede interpretarse como un indicativo de que el presupuesto aprobado no goza del consenso necesario para afirmar que refleja la voluntad colectiva y, por ende, podría carecer de la legitimidad indispensable para su implementación efectiva, los reclamos cruzados durante los debates apuntan a una realidad inquietante, se percibe que el ejercicio presupuestario ha sido más una disputa de poder y no un esfuerzo conjunto para fortalecer las instituciones y resolver las deficiencias financieras del país, esto podría significar que el PEF 2024, en lugar de ser un instrumento de planeación estratégica para el bienestar nacional, es percibido como un campo de batalla político.
Lo que se esperaría de un proceso de esta envergadura es que fuera un acto de planeación meticuloso, orientado a potenciar el desarrollo nacional y a fortalecer las áreas donde el país es más débil, sin embargo, la realidad parece ser que prevalece la lucha de intereses partidistas sobre las necesidades reales de la población, la aprobación del PEF 2024, luego entonces, no debe verse como el final de un proceso, sino como el inicio de una etapa de vigilancia y rendición de cuentas, la sociedad civil, los analistas y los medios de comunicación deben ejercer una observación constante para asegurarse de que el presupuesto se ejecute de manera que realmente contribuya a la solución de los problemas estructurales de México, máxime que se está aprobando un recurso que se va a desahogar en un año electoral y en un país como el nuestro, en donde existen grandes escándalos de corrupción y la desviación de recursos, la transparencia y la eficiencia deben ser las piedras angulares en la administración de estos recursos, de lo contrario, el PEF corre el riesgo de convertirse en una oportunidad perdida para el país.
La decisión del partido Morena de no asignar recursos específicos para Acapulco en el presupuesto de 2024 es una omisión que merece una crítica severa, especialmente dada la reciente devastación causada por el huracán OTIS, la ciudad, que ha sido un emblema turístico y económico de México, enfrenta una situación de emergencia que requiere de una respuesta contundente y directa por parte del gobierno federal, el argumento de confiar en los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción suena a una apuesta riesgosa y una improvisación que no está a la altura de la crisis, el papel de un gobierno no es solo administrar recursos, sino también prever y planificar; y en este caso, parece haber una falta de previsión y una subestimación de la magnitud del desastre.
Esta situación plantea serias preguntas sobre las prioridades del partido gobernante y su compromiso con la ciudadanía afectada, el mensaje que se envía es preocupante, es necesario que una pieza clave dentro de la economía guerrerense sea inyectada con recurso público para su reconstrucción y entrada en funcionamiento, debería ser una prioridad para los legisladores, la reconstrucción de Acapulco no debería dejarse al azar o a la incertidumbre de la disponibilidad de fondos que, por su naturaleza, no estaban destinados inicialmente para tales emergencias, además, esta decisión pone en tela de juicio la eficacia del gobierno federal y del poder legislativo en su capacidad para responder a desastres naturales, el que Morena mantenga la mayoría en ambas cámaras y pueda aprobar medidas de relevancia para sus planes a futuro no justifica que se ignoren las necesidades inmediatas de reconstrucción y apoyo a los ciudadanos en situaciones de calamidad.
En lugar de mostrar liderazgo y solidaridad con Acapulco, la decisión de Morena refleja una peligrosa desconexión con las urgencias del presente, es imperativo que el gobierno federal reconsidere y rectifique, etiquetando fondos para la reconstrucción de Acapulco con la urgencia que la situación demanda, de lo contrario, se corre el riesgo de que la imagen del gobierno quede mal parada, no solo a nivel nacional sino también internacional, como un ente que no protege ni se preocupa por sus propios ciudadanos en momentos de crisis, el gobierno debe actuar como un verdadero garante del bienestar de su población, y no hacerlo sería una negligencia que los ciudadanos no deberían ni pueden permitirse olvidar, los ciudadanos acapulqueños y guerrerenses ya se han manifestado en contra de las muchas medidas tomadas por el gobierno federal y a su vez reclamaron y advirtieron que las elecciones se acercan y ahí es donde se cobrara los atropellos y el olvido de la tragedia, porque se ha tratado de minimizar una tragedia de magnitudes bíblicas.
