Boletín
CHILPANCINGO. En la Comisión de Justicia del Congreso del Estado se analiza una iniciativa del diputado Carlos Cruz López para adicionar el Código Penal del Estado, a efecto de que cualquier hecho delictivo de índole sexual contra niñas, niños y adolescentes sea imprescriptible, y que la persecución se lleve a cabo a pesar del transcurso del tiempo, con el propósito de erradicar su impunidad.
En su exposición de motivos, el legislador resaltó que uno de los principales retos que enfrenta la sociedad es garantizar el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
Indicó que de acuerdo con cifras de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C. (ADIVAC), cerca de 5 millones de niñas y niños padecen violencia sexual, pero solo uno de cada diez delitos se denuncian, y de estos únicamente el 1.5 por ciento llega a un proceso de carácter jurisdiccional.
Abundó que dentro de los delitos sexuales se encuentra la corrupción de menores y la pornografía infantil, mercantilización que destruye la vida de la niñez, así como el reclutamiento para la explotación sexual, situación que infringe los derechos humanos fundamentales de las víctimas, en particular, los derechos a la dignidad, la libertad, la salud física, mental y seguridad de la persona.
Cruz López expuso que pese a la gravedad de estos delitos, hay algunos que prescriben, y es por eso que la adición al Código Penal pretende establecer expresamente que la prescripción de un delito cometido en contra de una persona menor de 18 años comience a correr a partir de que esta cumpla la mayoría de edad, con excepción de los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores, turismo sexual, lenocinio y pederastia, que serán imprescriptibles.
En ese sentido, refirió que el 21 de abril de 2021 el Senado de la República, y posteriormente el Pleno de la Cámara de Diputados, avalaron un dictamen para reformar el Código Penal Federal, con el que se garantiza la protección de los derechos de las y los menores que han sido víctimas de delitos sexuales, planteando la no prescripción, hecho que debe marcar la ruta legislativa para que a nivel local se legisle en el tema.
