Día: 1 junio, 2022

Lilia Arellano

“Cuanto mayor es el poder, más peligroso es el abuso”: Edmund Burke

• Obras faraónicas de la kakistocracia de la 4T
• AIFA, Tren y Refinería, costosas, opacas, inservibles
• Crecimiento de sólo 1.8 % del PIB en 2022: Amcham

Ciudad de México, 31 de mayo de 2022.- Durante las últimas semanas un grupo de analistas políticos de diversos medios de comunicación han calificado al régimen actual lo definen como una “kakistocracia”, es decir, el gobierno de los peores (kakistos, peor; y kratos, gobierno). La enciclopédica nos dice: es un término utilizado en análisis y crítica política para designar un gobierno formado por los más ineptos (los más incompetentes, los menos calificados y los más cínicos)​ de un determinado grupo social.

La incompetencia mostrada para frenar la ola de violencia y la impunidad con que operan las organizaciones criminales en todo el país, así como la ineptitud administrativa para promover el crecimiento económico, lo cual ha aumentado los índices de pobreza e indigencia en el país, además de los retrocesos en desarrollo social en general, particularmente en el sector salud, ofrecen los argumentos para dicha calificación por parte de los expertos y de quienes descubrimos la palabreja.

Además, en materia de infraestructura, las obras insignia del actual inquilino de Palacio Nacional: el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, se distinguen por sus altos costos, su total opacidad en cuanto a los contratos para la construcción de las mismas y, en el caso de la obra ya terminada, el AIFA, su total inoperancia hasta el momento a pesar de los esfuerzos de la administración federal por obligar a las líneas aéreas a utilizarlo. Los primeros rounds advierten, los van ganando quienes apostaron a la transformación de semejante terminal aérea considerada en el templete mañanero como un “aeropuerto de primer mundo, como no hay otro igual”, en una estación de carga.

El AIFA es, hasta ahora, la única obra terminada entre las principales del gobierno de López Obrador. En octubre de 2019, el mandatario anunció el inicio de la obra y aseguró tendría un costo de 75 mil millones de pesos. El aeropuerto terminó costando 115 mil 981.98 millones de pesos, un importante sobre costo de 36% respecto, incluso, al monto anunciado por la propia Secretaría de Hacienda de  84 mil 956 millones  de pesos. A eso debe agregársele el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 331 mil 996 millones de pesos, es decir, tres veces más que el del AIFA, de acuerdo con las revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sin embargo, AMLO presionó y logró recularán sobre ese monto, argumentando errores de cálculo, por lo tanto la cantidad se redujo a 113 mil 327 millones de pesos, los cuales deben sumarse de todas formas, de cualquier manera a los supuestos solamente 115 mil 981.98 gastados en el capricho presidencial.

Otro gran problema existente en el transporte aéreo radica en la pérdida de la categoría I, desde hace casi un año. Este sello lo otorga la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Esa degradación impide a las aerolíneas mexicanas estrenar vuelos al país del norte, su principal destino en el exterior. Aunque el gobierno ha difundido su firme intención de “redoblar esfuerzos” para recuperar el máximo nivel, los analistas dudan pudiera suceder antes del verano.

El Tren Maya enfrenta cada vez más obstáculos en su construcción, no sólo por problemas técnicos y ecológicos, sino también políticos y jurídicos. El pasado lunes, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, concedió la primera suspensión definitiva que frena por tiempo indefinido las obras del Tren Maya en su denominado “Tramo Cinco” -Playa del Carmen-Tulum-, en el estado de Quintana Roo. La medida cautelar se concedió a favor de tres particulares, a quienes identificó como buzos de la región.

Pero, para el tabasqueño cualquier manifestación de inconformidad presentada a través de las vías legales, tampoco tiene reconocimiento. Su voz es lo único a escuchar y frente a la serie de pruebas presentadas sobre el impacto en el subsuelo de la ruta del Tren, de nueva cuenta se refugia en el término politiquerías. No van a detenernos, ha sentenciado después de denunciar la presencia de intereses de empresarios y de grupos financiados por EU. Calica, la empresa mil veces exhibida e incluso demandada por la extracción de material, actividad con la cual ha sembrado de socavones en una grandísima extensión de tierra, es hoy refugio para utilizarla con el quejoso argumento de haberle permitido operar sin las trabas impuestas a su obra.

En estas mismas líneas hace un par de semanas se advirtió buscan el cierre de los negocios del Grupo Xcaret. Francisco Córdoba, uno de los accionistas en los parques Xel-Ha, Xcaret, Río Secreto, Xoximilco, Xenses, entre otros, ha pretendido un acercamiento basado en el respaldo mostrado a López Obrador desde hace más de una década. Sin embargo sobra decir “se ha topado con pared” y lo mejor por suceder puede resultar sumamente caro.

La refinería de Dos Bocas es una obra con muy serias dificultades, no sólo por cuestiones técnicas en el área donde es edificada, sino por la disputa entre el titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle. El presidente López Obrador puso como fecha limite para inaugurar esa refinería el próximo 2 de julio, para celebrar el aniversario de su triunfo electoral en 2018. Sin embargo, la llamada refinería Olmeca no estará en condiciones de operar en esa fecha, por lo tanto sólo inaugurará el complejo de oficinas, y no se sabe cuando saldrá de ahí el primer litro de gasolina. Además, el costo del proyecto no será de 8,500 millones de dólares, como se anunció inicialmente, ni de 9,800 como informó la propia Nahle a principios de abril, sino de al menos 12,500 millones de dólares, como se ha filtrado en círculos financieros internacionales. Esa cifra aún podría incrementarse hasta los 16 mil millones de dólares.

Los problemas para Nahle fueron generados por ella misma desde el inicio del proyecto al evadir el cumplimiento de normatividades, como el estudio de impacto ambiental que entre otras cosas determina la viabilidad de la obra en términos de factibilidad de suelo. A estas alturas no hay una fecha definitiva para el inicio del proceso de refinación, y desde ahora es un misterio como responderá la mega estructura refinadora en un terreno ganado al pantano en esa parte del edén tabasqueño. En Dos Bocas continúa la llegada de embarcaciones en el puerto, mientras se realizan descargas de equipos para ser instalados en las diversas plantas químicas, en un intento de poder concluir la refinería en el mes de julio.

Pese a todo, López Obrador insiste en la fecha de inauguración: 2 de julio y en la capacidad de la Olmeca, en donde asegura se procesarán 340 mil barriles diarios, considerando con ello se dejará de comprar gasolina y diesel en el extranjero.

DE LOS PASILLOS

Mientras el Fondo Monetario Internacional  (FMI) prevé un crecimiento de 3.7 por ciento para la economía de Estados Unidos, y de 2 por ciento para México, la American Chamber/México (Amcham) estimó un crecimiento del PIB mexicano de 1.8 por ciento en 2022; “la inflación creciente de 7.68 por ciento en abril contra 7.45 por ciento en marzo, es un factor de atención”, apuntó. Luis Foncerrada, asesor económico de Amcham, destacó la recuperación de la industria automotriz, gracias al incremento de las importaciones de EU, país que en el primer semestre del año recibió 95 por ciento de las exportaciones de vehículos pesados mexicanos…Curioso gobierno el nuestro. A una niña de 12 años la SCJN le concede la facultad de decidir abortar sin necesidad de contar con la aprobación de sus padres… A los adultos nos impide el presidente fumar cigarros electrónicos y los vapeadores… El poder Legislativo nos quiere pachecos, bien motos y para cualquier mal o receta, ahí están los galenos cubanos ejemplo de como una Isla jodidisima puede respaldar a un país nada más jodido.

César Antonio Aguirre Noyola

“LA ANTESALA DE LA EXTINCION DE LOS ÓRGANISMOS PÚBLICOS ELECTORALES LOCALES”

El día jueves 28 de abril de 2022  el licenciado Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de Reforma Política Electoral.

La propuesta pretende modificar 18 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incluir siete artículos transitorios a la propia Carta Magna mexicana. En una conferencia mañanera el inquilino del Palacio Nacional, Adán Augusto López Hernández (secretario de Gobernación), Horacio Duarte (titular de la Agencia Nacional de Aduanas) y Pablo Gómez Álvarez (responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), abordaron en diferentes momentos los puntos básicos que contiene el multicitado documento reformador. Traigo a colación este documento en razón de que éste incluye, entre otros tópicos, la desaparición de  los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que son los encargados de organizar y vigilar el desarrollo de los procesos electorales a través de los cuales se eligen a las autoridades estatales (particularmente a la persona titular del Poder Ejecutivo, así como a los y las integrantes del Poder Legislativo) y municipales (presidencia municipal, sindicaturas y regidurías) dentro de cada estado federado.

Revisando la historia, encontramos que antes de la reforma político electoral de principios de 2014, cada entidad federativa tenía un órgano administrativo electoral que se denominaba consejo o instituto estatal electoral. Estos cuerpos colegiados fueron agrupados y aparecieron con un rótulo común: Organismos Públicos Locales Electorales (cuyo acrónimo es OPLE).

Desde hace varios años se ha planteado la posibilidad de que ese tipo de organismos desaparezcan, y que fuera el Instituto Federal Electoral (a partir de 2014 Instituto Nacional Electoral) quien se encargara de organizar todas las elecciones: federales, estatales y municipales. Se deduce que una de las causas que llevaron a cambiar al IFE a INE fue precisamente el que hubiera un solo organismo electoral que se encargara de preparar y desarrollar todas las elecciones. El INE, entonces, concentró la mayor parte de los trabajos que tenían los OPLE, se le otorgaron las facultades de delegación, atracción y asunción. A través de la facultad de Asunción llevó a cabo la elección en el estado de Puebla en 2019.

Realmente uno de los argumentos que esgrimen los poderes estatales es el Pacto Federal y la autonomía de que gozan las entidades federativas. En realidad, a partir de la reforma de 2014 los OPLE ya no tienen razón de ser, en la práctica, a través de los mecanismos establecidos para la designación de consejeros y consejeras electorales, el INE poco a poco ha ido incrustando en ellos a su personal, quizá en el ánimo de que llegado el momento de su extinción el traspaso sea terso o suave. Cabe agregar que el INE cuenta con una estructura organizativa permanente que da cobertura a todo el territorio nacional.  

Con la eliminación de los OPLE se terminarían los dobles presupuestos y, sobre todo, la corrupción que en estos entes impera, pues, con conocimiento de causa lo afirmo, se reducen a una agencia de colocaciones de compromisos de las personas que integran la clase política de los institutos políticos predominantes en cada estado federado… ¡no se diga Guerrero!

A finales de la semana pasada el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó recortar cinco áreas administrativas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y sustraerle más de 50 millones de pesos de presupuesto. MORENA y partidos políticos aliados impusieron su mayoría para aprobar el dictamen que modifica la estructura orgánica del instituto, siendo afectadas cinco áreas: Unidad Técnica de Fiscalización, Unidad de Derechos Humanos y Género, Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Centros Desconcentrados. Los argumentos son los principios de austeridad, pues, según, la gente en la calle solicita que las elecciones y los partidos políticos sean menos onerosos para que estos recursos económicos se puedan distribuir en otros rubros. Ubiquemos que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México es Claudia Sheinbaum Pardo, extraída de las filas morenistas y fiel seguidora de AMLO, además de que quiere congraciarse con el Ejecutivo federal para que la socorra con la candidatura a la Presidencia de la República en el 2024 (de echo ella manifestó su beneplácito con la decisión). El acontecimiento se da en la caja de resonancia, y tal parece que la mutilación del IECM apunta a un acto que puede ser reproducido en otras entidades federativas donde la tónica sería, primero, desmembrar al OPLE y, toda vez desmembrado, proceder a su aniquilación.

Hay una frase que reza lo siguiente: “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

César Antonio Aguirre Noyola

Investigador en materias política y electoral.

Álvaro Delgado

Exactamente a una semana de las seis elecciones estatales clave en la disputa por México y en medio del escándalo de Alejandro Moreno Cárdenas alias “Alito” por sus corruptelas y sus recomendaciones sobre cómo matar a periodistas, el también priista Enrique Peña Nieto es exhibido en su vida de lujo en España y el trato de privilegio que las autoridades de ese país le dan sólo a los millonarios.

El diario español El País publicó este domingo 29 un reportaje sobre el suntuoso retiro de Peña Nieto en España, quien posee una propiedad de lujo en Madrid y vive en un exclusivo fraccionamiento, a 40 kilómetros de la capital española, en un chalet que, como en la Casa Blanca de las Lomas, le facilita un empresario que fue contratista de su Gobierno.

Pero eso no es todo: España otorgó a Peña Nieto una “visa dorada” para residir y trabajar en ese país, desde octubre de 2020, un privilegio que sólo obtienen los magnates que invierten el equivalente a 10.5 millones de pesos en activos, si bien la única propiedad que el diario español ha acreditado es el departamento de Madrid, adquirido en septiembre de ese año.

La publicación del reportaje de María Martín y Francesco Manetto exhibe una vez más el carácter mendaz de Peña Nieto, quien en 2019 aseguró que su lugar de residencia sería siempre México –“no tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país”–, y sobre todo reabre el debate sobre el origen y el monto de su riqueza.

Peña Nieto jamás se dedicó a otra cosa que al servicio público, desde que se incorporó al Gobierno de su tío Arturo Montiel, pero ya era millonario cuando, en 2012, llegó a la Presidencia, después de haber sido Gobernador del Estado de México, sede del Grupo Atlacomulco, emblema de la alta corrupción y de la simbiosis entre el poder político y el poder económico.

En su primera declaración patrimonial, de enero de 2013, aseguró ser propietario de cuatro casas, cuatro terrenos y un departamento, siete de los cuales los obtuvo por herencia y donación; dijo tener una inversión de 10 millones 684 mil 912 pesos, otra por 150 mil y una “posesión de monedas y metales” de tres millones de pesos.

¿Cuál era su patrimonio cuando dejó el cargo de Presidente de la República, en 2018? No se sabe, porque su última declaración patrimonial pública es una burla: literalmente no informa nada, ni siquiera el monto del salario que tenía, ya no digamos las inversiones y el valor de sus bienes muebles e inmuebles.

Es decir, los mexicanos no podemos saber si la evolución patrimonial de Peña Nieto es congruente con sus emolumentos como servidor público y si tuvo otros ingresos, sencillamente porque él dio cerrojazo a esa información y también porque el Presidente López Obrador decidió no someterlo a investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública.

El problema es que tampoco la Fiscalía General de la República, que constitucionalmente es autónoma, ha investigado a Peña Nieto o por lo menos no ha informado sobre los avances de la denuncia que en su contra presentó Emilio Lozoya, en agosto de 2020, exactamente un mes antes de que el expresidente compró un departamento en Madrid y dos meses antes de que España le expidió la “visa dorada”.

Hay que recordar que fue el propio Fiscal Alejandro Gertz Manero quien informó públicamente, en agosto de 2020, que Lozoya había denunciado a Peña y a Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, por los sobornos que recibió para su campaña presidencial de la constructora brasileña Odebrecht.

“Este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa los 100 millones de pesos, los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 a la presidencia de la República”, informó Gertz Manero, quien precisó que los fondos también fueron destinados a sobornar a legisladores del PAN para aprobar la reforma energética.

Casi dos años después, la investigación de la FGR ha sido un fiasco y, salvo los presos Lozoya y el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, los implicados siguen impunes y Peña Nieto dándose la gran vida en España con su novia, la modelo potosina Tania Ruiz Eichelmann.

Explícitamente, el Presidente López Obrador anunció que no procedería contra Peña Nieto ni contra ninguno de sus antecesores, pese a la consulta a la que convocó, pero tampoco lo ha hecho el Fiscal Gertz Manero, pese a que su deber es investigar todas las denuncias, como la de Lozoya.

Es oprobioso, pero nadie duda ya del pacto de impunidad con Peña Nieto, quien sin temor a ser enjuiciado ojalá pudiera reaparecer en apoyo a los candidatos de Va por México.