Día: 25 abril, 2022

Joel Solís Vargas

A estas alturas del partido, por si alguien aún lo dudaba, es tan claro como el agua que la mente simple del presidente López Obrador es sólo una apariencia, pues detrás de esa simpleza hay una mente compleja y sinuosa, aficionada a los juegos de varias bandas, como en el billar, como montar una distracción por un lado, para golpear bajo por otro.

Ello, por supuesto, sin dejar de señalar que tiene un ego del tamaño del mundo, en cuya satisfacción es capaz de gastarse el presupuesto de la nación, como quedó demostrado con el ejercicio inútil de revocación de mandato y como lo muestran cada día el nuevo aeropuerto (que no acaba de empezar a operar), el tren maya (que sigue adelante a pesar de todas las advertencias de destrucción de la naturaleza), como Pemex (que después de recibir, durante tres años del gobierno lopezobradorista, carretadas de millones de pesos no es capaz, ni siquiera por las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, vender petróleo al extranjero) o como la refinería de Dos Bocas, que hasta el mismo Presidente acaba de admitir que costará mucho más de lo que prometió.

En el que es quizá el ejemplo más reciente de su afición por la jugada de varias bandas, López Obrador empujó hasta el final su propuesta de contrarreforma constitucional relacionada con la CFE. Desde un principio él sabía que no pasaría, porque no lograría los 50 y tantos votos adicionales que necesitaba para hacer la reforma constitucional, porque no tenía a su disposición tal número de embajadas para ofrecerlas a los diputados o a sus familiares.

¿Para qué siguió adelante en ese afán si sabía que no lo lograría? ¿Para meter luego una iniciativa de reforma a la Ley Minera (para lo cual no necesita los 50 y tantos votos adicionales) para nacionalizar el litio? ¿O para tener pretexto para atacar a los diputados de la oposición de ser traidores a la patria y excitar a sus huestes, como si de las falanges musolinistas se tratara, para acosarlos y amedrentarlos?

Es obvio que lo del litio es asunto menor, otra cortina de humo, pues ya la Constitución de 1917 establece que los recursos del subsuelo son propiedad de la nación y corresponde al Estado decidir sobre ellos. Lo que hace la reforma lopezobradorista a la Ley Minera es especificar que, en el caso del litio, toda la industria relacionada será operada directamente por el gobierno. Si eso dará resultado sin generar pérdidas a México, es un asunto que deberá dilucidarse en otros ámbitos, no en este escrito.

Así que parece que la tirada del presidente era poner a sus opositores en la picota: acusarlos de traición (una acusación nada ligera), exhibirlos ante el mundo y señalarlos para que sus seguidores, los más bravos y radicales, los acosen, los persigan y eventualmente los ataquen. El Presidente no ignora que esto puede ocurrir. Y cuando ocurra quizá lo lamentará en público o quizá dirá que “ellos se lo buscaron por traicionar al pueblo”.

Pero esta ruta elegida por López Obrador es sumamente peligrosa: atizar el odio contra los que votaron diferente y lanzar a sus huestes contra ellos, cual falanges de Musolini, puede desembocar en tragedias.

Pero no debió hacerlo. No sólo porque en una democracia es válido disentir y expresar en público el desacuerdo, sino porque la Constitución, esa que él juró defender, protege a los legisladores de acosos de este tipo.

El artículo 61 de la Carta Magna estipula que “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”.

Sus seguidores (legisladores incluidos) cubrieron de insultos, imprecaciones y señalamientos a los diputados de la oposición.

Es curioso, pero parece que ahora quienes piden a gritos Vitacilina (pomada que han hecho famosa los simpatizantes del Presidente, de tanto recomendar su aplicación) son el partido en el poder, sus legisladores y sus simpatizantes.

El efecto de este ataque puede ser el mismo que cuando ataca a la prensa (y vaya que lo hace con ferocidad): cualquier hijo de vecino se sentirá con suficiente autoridad y autorización para atentar contra periodistas.

En Rusia, a quienes se oponen a la invasión a Ucrania (una decisión del presidente Putin) les llaman “enemigos del Estado”; en México les llaman “traidores a la patria”.

El fuero constitucional, en términos estrictos, consiste en la protección que tienen los legisladores por las opiniones y votaciones que emiten durante el desempeño de su encargo. Nuestra Constitución, sin embargo, sólo obliga a que diputados y senadores no sean reconvenidos por las opiniones que emiten.

Una breve reflexión sobre el espíritu del artículo 61 lleva por fuerza a la conclusión de que el bien jurídico protegido es el principio de representación, la función del legislador como representante popular, y no su mera libertad de expresión.

La Constitución protege sus opiniones y su voto porque, en teoría, son las opiniones y el voto del sector de la población que el legislador representa.

Si alguna reforma urge a la Constitución en este momento de crispación es la que debe hacerse precisamente al artículo 61, para ampliar su protección al legislador no sólo de reconvenciones por sus opiniones (todo fuera como eso), sino también de acusaciones, investigaciones, enjuiciamientos y campañas de linchamiento como la que el mundo está viendo ahora.

Y no sólo por sus opiniones; también por el sentido de sus votos.

César Antonio Aguirre Noyola

“Parte de la ingeniería político electoral de la Cuarta Transformación”

SEXTA PARTE

Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas el día 20 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, entre otras, al artículo 35 (se le inserta una fracción IX); 36 fracción III (se adiciona porción normativa); 41 fracción IV (se le agrega porción normativa); Artículo 41, base V, apartado B, inciso c), párrafos primero y segundo (se le anexa porción normativa); 41, base V, apartado C, párrafo primero (se le adiciona porción normativa);  81 (se actualiza); 84 párrafo séptimo (se actualiza); 99, párrafo cuarto, fracción III (se le hace un apéndice); 116, párrafo segundo, fracción I(se actualiza); y122, apartado A, fracción III (se actualiza), con las que se introduce al sistema normativo nacional la figura de Revocación de Mandato aplicable a la persona que ostente la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, a los gobernadores y gobernadoras de las entidades federativas, así como al jefe o a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por supuesto que se trata de una acción plausible a la que le damos la bienvenida con vítores y tambora.

Casi al cumplirse dos años de aquel acontecimiento que modificaba algunos arábigos de la Ley Fundamental mexicana, se da cumplimiento a lo ordenado en el numeral 8º, fracción IX, del artículo 35 de la propia Constitución federal (“El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria”), en ese sentido, el 14 de septiembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Revocación de Mandato, entrando en vigor el día 15 de septiembre del mismo año, ello por mandato del primer artículo transitorio del decreto respectivo. Este segundo suceso relacionado con la institución de Revocación de Mandato desde luego que fue acogido con gran algarabía por la gran mayoría del pueblo mexicano.

Con esos dos actos (el del 20 de diciembre de 2019 y el del 14 de septiembre de 2021) se ponía fin al manejo político de la interrupción del encargo de un representante popular, y se le otorgaba un tratamiento jurídico-democrático. Hasta esos momentos todo estaba bien.

Los días pasaron y poco a poco se dejaba al descubierto la intención de aprobar la ley reglamentaria antes de que el presidente de la república cumpliera la mitad de su periodo sexenal: entonces vino la solicitud por dirigentes del MORENA y por el propio Andrés Manuel López Obrador para que se llevara un ejercicio de esta clase donde su propia investidura iba ser objeto de escrutinio ciudadano.

Después de varias controversias jurídicas la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que sí era procedente la consulta ciudadana donde se le preguntara a las personas inscritas en la lista nominal de electores respecto con la interrupción del mandato del Ejecutivo Federal. A todas luces lo ministros y las ministras del Máximo Tribunal del País que avalaron esta aberración se evidenciaron como arrastrados, serviles, blandengues, pusilánimes y timoratos, haciendo añicos con su decisión la independencia e imparcialidad con que deben analizar y determinar los conflictos legales donde está involucrada la Carta Magna nacional que por cierto ellos juraron respetar y defender.

Los encargados de velar por la integridad de la Constitución, fueron los primeros en irrumpir varias de sus normas y principios.

PRINCIPIO DE CERTEZA. El tercer párrafo del inciso i) que se forma parte de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo que se transcribe: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Esto quiere decir que las reglas, las normas y las disposiciones que se aplicarán en un ejercicio democrático (llámese proceso electoral o revocación de mandato) deben publicarse a más tardar 90 días antes de comience el proceso electivo o revocatorio respectivo.

EL proceso electoral federal 2017-2018, cuya jornada comicial fue el primer domingo de julio de 2018, estableció como regla que la persona que fuera electa como presidente de la república en ese año, duraría en el encargo 5 años y diez meses (en virtud de que hubo un ajuste temporal); el artículo décimo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, lo dejó claramente plasmado en el tenor siguiente: “Las reformas a los artículos 65; 74, fracción IV y 83 de esta Constitución entrarán en vigor el 1o. de diciembre de 2018, por lo que el período presidencial comprendido entre los años 2018 y 2024 iniciará el 1o. de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024”.

Sabia virtud de conocer el tiempo.

César Antonio Aguirre Noyola

Investigador en materias política y electoral.