Lilia Arellano
*Desincorporaciones fallidas
*Detecta SFP corrupción en la SSA
*Clases presenciales no obligatorias
Según ordenó el presidente, próximamente la Secretaría de Salud tendrá su sede en Guerrero y ésta decisión se une a las anteriores en las cuales se prometió una descentralización de prácticamente todas las dependencias federales. Sin embargo y como viene sucediendo con muchos de los deseos presidenciales, o no se concluyen o se inician para demostrar el error de haberlos concebido o de plano no hay quienes tengan, cerca del tabasqueño, la preparación y la capacidad suficiente como para llevar a la realidad tal desincorporación. Energía, Educación, Turismo, Cultura, Medio Ambiente, entre otras, se han quedado en puras promesas. El gobernador guerrerense puso a disposición del primer mandatario un costosísimo inmueble y de ahí surgiera la esperanza de tener por lo menos una de las Secretarías desincorporada. Pero falta todo el equipamiento y la aceptación de la burocracia de mover su residencia.
Héctor Astudillo presumió el lugar entregado al gobierno federal. Se trata de una extensa zona con naves con capacidad, cada una para instalar a 240 personas, lo cual permitirá sean aproximadamente 900 los empleados que puedan trabajar al mismo tiempo y situarse en diferentes áreas de atención. Al presidente le encantó esa donación y en corto habló de las diferencias para poder instalar a una dependencia clave: Turismo. Miguel Torruco ha recurrido a una y mil excusas para no irse a vivir a Chetumal, capital quintanarroense. Insiste en Cancún como sede de la dependencia federal, pero ni en una ni en otra ciudad ha encontrado satisfacción –por cierto muy personal- para realizar el cambio. Han transcurrido más de dos años y si ponemos en marcha la memoria recordaremos el porque de la renuncia del subsecretario de ese sector: “no voy a engañar al presidente”.
En secrecía se han mantenido las ríspidas reuniones entre los líderes sindicales de la burocracia y la propia Secretaría del Trabajo. Difícilmente han aceptado regresen a su respectiva labor quienes tienen contacto directo con el público. En los edificios no se han hecho las adecuaciones necesarias, no tienen, en su mayoría, pantallas y si bien se ubican señalamientos en el piso y dentro de los elevadores, no hay suficiente personal para supervisar y verificar se tomen con seriedad y responsabilidad esas medidas. Para doña Maria Luisa Alcalde quien no esté de acuerdo puede ser liquidado, su opinión hacia la presidencia se basa en hacer notar ha transcurrido más de un año, las dependencias han laborado a distancia y muchas acciones se pospusieron, lo cual demuestra no son indispensables tantos empleados gubernamentales.
Se lanzaron a la pretensión de la desincorporación cuando no se habían llevado a cabo los encuentros con los líderes sindicales, se canceló el contrato de movilidad realizado con el Infonavit, no se hicieron los estudios necesarios. Así, al bote pronto, como muchos otros anuncios se pretenden cambios y, por supuesto, lo garantizado es el fracaso y en él nada tienen que ver ni los de antes, ni los neoliberales, ni los conservadores, ni siquiera los corruptos, es caer en el error permanente de la improvisación y lo mediático.
Corrupción
por delante
En los últimos siete días, México acumuló 127 mil nuevos casos de Covid-19 y registró la peor semana de la tercera ola en nuestro país. Se sumaron 3 mil 919 decesos de pacientes por diversas complicaciones. Al mismo tiempo se exhibió la corrupción: la Secretaría de Salud hizo diversas adquisiciones irregulares de medicamentos e insumos médicos para atender la emergencia sanitaria. Hubo compras de más de 3 millones de dólares –unos 60 millones de pesos- adjudicados de manera directa, sin seguir los procedimientos marcados en la ley. Los últimos cinco contratos por más de 159 millones están en la ilegalidad.
Las auditorías hechas a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) por el Órgano Interno de Control (OIC) de la SSA –equivalente a la auditoría interna cuya labor incluye prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción- encontraron irregularidades e incumplimientos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La auditoría 18-21 “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Covid-19”, cuyos resultados preliminares fueron reportados por el OIC en junio de 2021, señala que el año pasado la DGRMSG suscribió 122 pedidos relacionados con la adquisición, distribución y almacenaje de medicamentos y equipo médico para atender la emergencia a solicitud del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero no presentó los documentos acreditando hicieron los estudios de mercado ordenados antes de hacer las compras.
En esos 122 pedidos y en otros cinco contratos por 159 millones 673 mil 561 pesos la SSA “no proporcionó evidencia documental acreditando” que esas compras se derivaron de las solicitudes del Insabi. También corroboraron en 12 de los 122 pedidos no hubo registro en el Sistema Compranet de la SFP, pese a la disposición existente. Cabe destacar en esta docena hay dos contratos otorgados a Laboratorios Pisa, SA de CV, farmacéutica vetada por el gobierno federal e inhabilitada en octubre pasado por la SFP para celebrar contratos públicos. Otros siete contratos formalizados por la SSA por 31 millones 739 mil 161 pesos tampoco fueron dados de alta en Compranet en tiempo y forma, según la fiscalización.
Solamente es hacerle “al tio Lolo”. Mientras o se castigue la corrupción severamente, la del pasado y la del presente, se seguirán presentando todos estos casos y más cuando existe la posibilidad de enriquecerse basados en una apertura de confianza inmerecida, porque lo demostrado hasta hoy siguen siendo latrocinios.
Primero, la
sobrevivencia
A pesar de la agudización de la emergencia sanitaria por Covid-19, el presidente López Obrador sostiene se deben correr ciertos riesgos ante el regreso a clases presenciales en México. No obstante, destacó el retorno a las aulas no es obligatorio ni por la fuerza. “Vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se le atienda rápido, que se proteja a los demás y que se les haga pruebas, cuidarlos. Tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, nos vamos a quedar todo el tiempo ahí, encerrados”, remarcó en la mañanera del viernes pasado.
De acuerdo con lo señalado por el mandatario, el gobierno federal deja en libertad a los maestros del SNTE y la CNTE para tomar la decisión de regresar o no a las clases presenciales en las escuelas de todo el país a partir del 30 de agosto. A su vez, la Secretaría de Educación Pública) dio a conocer acordó con los gobiernos locales de las 32 entidades del país que el servicio educativo será presencial, de acuerdo con los tiempos que dispongan autoridades sanitarias y los distintos actores del sector educativo. Y siguen remarcando sobre su absurdo decálogo en el cual no aparece la movilidad infantil, cual será el cuidado para el uso del transporte público y quien va a comprar los jabones y el gel y los cubrebocas. ¿Ignoran la situación económica de las familias cuyos menores asisten a la escuela pública?
Para el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, el decálogo emitido por la SEP para el regreso a clases presenciales “carece de solidez en aspectos sanitarios, administrativos y académicos” con lo cual el gobierno federal “ha confirmado que su principal estilo para manejar los asuntos nacionales son la improvisación y las ocurrencias”. Tuvieron varios meses para preparar las condiciones adecuadas del regreso a clases sin riesgos mayores para estudiantes, familias y docentes “y faltando dos semanas para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, se reabrirán las escuelas sin mayor preparación. El regreso a las aulas no es lo que está a debate, sino las condiciones en que se regresa, las formas y los tiempos”. ¿Este decreto también será de muerte?
De los pasillos
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los recursos que destina la actual administración federal, de 273 mil millones de pesos, en sus nueve programas sociales prioritarios, deben tener un cambio de estructura, ya que no hay resultado en el decremento de personas en pobreza. La política social y el ejercicio del gasto asociado deben dar un golpe de timón y tener una selección objetiva de personas y hogares beneficiarios de acuerdo con su condición económica. Por ello, propuso que la entrega de transferencias sea sin intermediación de servidores públicos o actores políticos, así como una coordinación interinstitucional para que los apoyos se correlacionen con la provisión de servicios educativos y de salud a los hogares más pobres, y una evaluación científica, con metodologías rigurosas a cargo de entidades académicas independientes…
El asesinato cometido en contra del Notario 36 Nahúm Ojeda Hernández, se dio unos días antes de la ejecución del oficial mayor del Ayuntamiento Isla Mujeres y ambos se suman al de otros dos funcionarios, uno de Cozumel y el otro de Puerto Morelos. Todo ello en unos cuantos meses y, si eso no da una idea de lo mal de la situación por la cual atraviesan los quintanarroenses, no se ve cuál otro ejemplo pueda ser tan alarmante.
La deuda creciente y ahora más abultada al confirmar el secretario de Gobierno Arturo Contreras vienen en camino más de 800 millones en empréstito para apuntalar el gran negocio hecho con la construcción del puente sobre la laguna más contaminada del país, es otra de las pesadillas a las cuales se suma el sargazo, los casos de despojo, las corruptelas en el Registro Público de la Propiedad, los fraudes y para colmo el acomodo en instalaciones de educación superior de dos corridos secretarios cuya ineficiencia se puso en relieve. Uno paso de la Secretaria de Gobierno a la rectoría de la UQROO, la otra de un pésimo desempeño en Turismo a la Universidad del Caribe. A Juan Pablo Guillermo, ex titular de Sefiplan prófugo, muerto en risa, le falta poco para llegar al tiempo en el cual queden prescritos los delitos de los cuales se le ha acusado y sobre la desaparición de fondos para la construcción de tres hospitales no han levantado denuncia alguna, así que ya estará cierto de la proximidad de convertirse en reses quienes aspiraron a ser los carniceros del pasado.
