Lilia Arellano
*Combaten corrupción con escándalos
*AMLO sube a Anaya a su ring mañanero
*Jucopo: “Hasta que ellos quieran”: Monreal
“El poder no corrompe. El miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder”: John Steiberck
Sin resultados destacables en la atención a la emergencia sanitaria por Covid-19, la cual se encuentra en constante incremento en la denominada tercer ola; ni tampoco en el combate a la violencia, que día a día rompe nuevos récords a pesar de los “otros datos” en poder del presidente López Obrador; mucho menos avances en el terreno económico, donde el rebote de recuperación del primer semestre de este año no alcanza aún para cubrir las pérdidas de empleos, ingresos y quiebra de empresas del anterior, el régimen actual recurre otra vez al escándalo en el presunto combate a la corrupción y se enfila a intentar controlar el Poder Legislativo a través del agandalle de la Cámara de Diputados con la conformación de una megabancada de Morena con sus aliados del PT y PVEM.
El escándalo le ha redituado al presidente López Obrador y, por ello, recurre nuevamente a él en el caso con mejores y mayores resultados: Odebrecht y las delaciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en contra de sus jefes y ex compañeros de partido. Este jueves, se presentará la imputación penal en contra del ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, derivado precisamente de la denuncia de Lozoya contra altos funcionarios, entre ellos el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex titular de la Secretaría de Hacienda y la Cancillería, Luis Videgaray. Contra estos dos últimos no se espera ningún avance en la indagatoria pues se han dado evidencias suficientes del pacto político entre López Obrador y Enrique Peña Nieto para no investigar al ex presidente a cambio de la pacífica transición de régimen.
Aunque la indagatoria contra Peña y Videgaray presuntamente se mantiene abierta, por diversos actos de corrupción, sigue en vía de judicialización, como ya ocurrió con el caso de los panistas Jorge Luis Lavalle Maury y de Emilio Lozoya, con quien se estableció un acuerdo como testigo colaborador a cambio de no ser encarcelado. En cambio, Lavalle Maury se encuentra preso y vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. Se espera este jueves, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Anaya Cortés sea imputado por los mismos delitos. Anaya no se presentará a esa audiencia programada para las 10 de la mañana, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) procederá a realizar la imputación y solicitará al juez se libre una orden de aprehensión en su contra.
La denuncia radicada en el expediente FED7/SEIDF/CGI-CDMEX/000865/2020, del 11 de agosto de 2020, señala que Peña Nieto y Videgaray diseñaron, operaron y lideraron una trama de corrupción.
Según Lozoya, Peña y Videgaray ordenaron entregar sobornos por más de 500 millones de pesos a ex legisladores y líderes partidistas, a cambio de aprobar las reformas impulsadas por el gobierno de Peña Nieto, entre ellas la energética. Para el pago de sobornos se utilizó dinero obtenido de manera ilegal. Y entre quienes aportaron dichos recursos están los dueños de Odebrecht. A cambio, los propietarios de la empresa brasileña serían beneficiados con contratos del gobierno federal. Para el juez Marco Antonio Fuente, la FGR aportó la suficiente evidencia para acreditar la existencia de la red de corrupción; también consideró que habría riesgo de la fuga del exlegislador panista. En la lista de imputados también están los ex senadores y actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; los ex legisladores Ernesto Cordero y Salvador Vega; José Antonio Meade, ex candidato presidencial del PRI, y los ex directores de Pemex, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño, quien este miércoles fue imputado por la FGR por asociación delictuosa y lavado de dinero. También es indagado el ex presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priista David Penchyna.
La denuncia de Lozoya ante la FGR contra personajes prominentes de la política mexicana, entre ellos los ex presidentes Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, activó también una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre sus movimientos bancarios. El ex senador Jorge Luis Lavalle Maury es el único preso por los sobornos entregados por Lozoya. En el mismo caso está implicado Ricardo Anaya, quien ya se dio a la fuga pero sigue enfrentándose con el presidente a través de las redes sociales. Lozoya acusó a Salinas de Gortari de presionar a funcionarios de Pemex para indemnizar con 15 millones de dólares a la empresa “Trese”, relacionada con su hijo Emiliano. A Calderón, lo denunció por favorecer ilegalmente a Braskem, filial de Odebrecht, en el contrato de abastecimiento de gas y construcción de la planta de Etileno XXI, una trampa en la cual involucra también al ex candidato presidencial José Antoni Meade Kuribreña.
UIF ha revisado las operaciones bancarias de todos los denunciados por Lozoya y ha presentado al menos 25 denuncias por uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos. Sin embargo, la FGR no ha podido judicializar los expedientes, salvo el de Lavalle Maury. En el caso de Ricardo Anaya, hasta el momento no se había solicitado orden de captura, a pesar de que Lozoya –implicado en los casos de Odenrecht y Agronitrogenados- lo señala de haber recibido 6.8 millones de dólares cuando era diputado federal para aprobar la reforma energética. Lozoya no ha pisado la cárcel por el acuerdo alcanzado con la FGR, pero tampoco han sido llamados a rendir cuentas la mayoría de quienes han sido señalados.
Sigue enfrentamiento
AMLO vs Anaya
Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, lanzó un nuevo reto al presidente López Obrador. Sostiene estar dispuesto a declarar este jueves en los juzgados del Reclusorio Norte siempre y cuando hagan lo mismo sus hermanos Pío y Martín Jesús López Obrador ante el mismo juez, a la misma hora y que se valoren las pruebas de la misma manera. Le recuerda que en el caso de sus hermanos hay evidencias grabadas recibiendo dinero y que las acusaciones en su contra son un invento suyo en la boca de Emilio Lozoya, quien acusó Anaya recibió seis millones de pesos como pago por la compra de su voto para aprobar la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto.
En una videograbación, Ricardo Anaya le dice a AMLO: “¿No será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti?”. Destacó que no existen investigaciones o acusaciones contra Pío y Martín por el destino de esos recursos. También lo reta a proyectar su video en la conferencia de prensa desde la Ciudad de Xalapa, Veracruz. El lunes, el ex candidato presidencial informó había recibido un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República para presentarse a declarar ante un juez el próximo jueves en el Reclusorio Norte. El panista dijo que en realidad se busca encarcelarlo ese mismo día y tratar de imponerle una pena de 30 años de cárcel. Ante esto, Anaya anunció se exiliará de México. “Que te quede bien claro Andrés Manuel: no me escondo ni huyo; doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mí”.
El presidente López Obrador le respondió que haga lo que considere conveniente. Afirmó Anaya es un “chueco”, un “hipócrita”, no quiere asumir su responsabilidad. “Es una marrullería, una maniobra. ¿Quién lo manda a agarrar dinero? Es un asunto de escándalo.”. Respecto a sus hermanos Pío y Jesús Martín, quienes fueron videograbados recibiendo dinero, López Obrador volvió a insistir en que la autoridad competente tiene toda la libertad para actuar y deslindar responsabilidades. El mandatario federal agregó sería bueno que la Fiscalía o el Poder Judicial transparenten las causas del proceso en contra del ex candidato panista. De lo contrario, Anaya continuará afirmando es una persecución política de su parte tras recalcar: “Es un asunto de juzgados, son denuncias. Entonces por el debido proceso no se puede conocer, pasa al juez, de repente se puede dictar orden de aprehensión y él puede decir, “ahí está, me están persiguiendo. Y yo me quedó como autoritario”.
En tanto, la división entre el único partido sobreviviente avanza en perjuicio, por cierto, de la alianza con un PRI en terapia intensiva y un moribundo PRD. Va por México, dirá AMLO.
De los pasillos
Al responder a una declaración del senador Germán Martínez, quien indicó se pasó una lista en el grupo parlamentario de Morena para la ratificación o no del coordinador de la bancada, el senador Ricardo Monreal sostuvo: “Me imagino que los compañeros están haciendo lo propio, pero estoy sometido a la aceptación, desde el primer día que se me asignó siempre he estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros. Así que no es extraño, ellos son los que deciden y yo siempre me someto a la mayoría. Si los compañeros lo deciden, me mantendré sino que revoquen mi mandato”, señaló Monreal y rechazó que haya una propuesta desde Palacio Nacional para cambiarlo como coordinador. El legislador zacatecano mantiene sus labores legislativas como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y está en pláticas con coordinadores de otros grupos parlamentarios para ponerse de acuerdo en la agenda legislativa del periodo ordinario de sesiones que arranca en septiembre…Y, al participar en una reunión virtual organizada por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), donde impartió la conferencia magistral “Un nuevo paradigma en las finanzas públicas de México” el legislador zacatecano expuso la posibilidad de concretarse en los próximos años un nuevo pacto fiscal entre la Federación, estados y municipios, que implicaría una reformulación de las obligaciones recaudatorias, a fin de mejorar la forma de distribución de los recursos públicos, Afirmó que en la búsqueda por eliminar la corrupción en el manejo de la hacienda pública y de hacer eficiente el uso del presupuesto, se establecieron las bases de un sistema económico justo, que busca redistribuir la riqueza para romper con la inercia de desigualdad social. “Esta administración, ha respetado los principios fundamentales de las finanzas públicas. El objetivo central de volverlas más eficientes y atender las necesidades de las personas, que por años fueron marginadas por el modelo neoliberal, es una necesidad imperante en la que difícilmente podríamos estar en desacuerdo”.
