Pablo Gómez
Las pensiones y jubilaciones del viejo sistema
de seguridad social estuvieron durante años castigadas porque se ligaban al
salario mínimo general (SMG). En tanto éste disminuía en términos reales, aquellas
bajaban en la misma proporción. Sólo en 1999, para el presupuesto de 2000, se
logró un aumento por la vía directa, luego de lo cual se regularizó en ley
dicho incremento en la pensión mínima.
Cuando se eliminó el SMG como instrumento de
cálculo de casi todo, se creó la UMA (Unidad de Medida y Actualización) para
indexar muchas cosas a la tasa inflacionaria anual. De esa forma, las pensiones
y jubilaciones pierden día tras día algo de su capacidad adquisitiva según el
ritmo inflacionario, pero, al término del año, recuperan de un solo golpe lo
que se deteriora durante 365 días para volver a empezar el ciclo. El pensionado
o jubilado pierde algo, aunque se lo abonen al final del año. En otras
palabras, le resarcen lo erosionado en su ingreso con un año de retraso.
Lo que se ha logrado con el UMA es que el salario mínimo general
pueda aumentar sin hacer repercutir su elevación hacia otros ámbitos. Sin
embargo, mientras que el salario sube, la pensión y jubilación se actualiza en
forma anual conforme a la UMA, es decir, además de perder algo con el simple
transcurrir inflacionario de los meses, se rezaga cada año respecto al SMG.
Esto ha llevado a muchos pensionados y jubilados a exigir el
mismo trato que antes les perjudicaba, es decir, que sus incrementos se lleven
a cabo según la subida anual del salario mínimo general.
Para 2020, habrá un aumento del SMG de 20%, así como de 8% para
el llamado salario fronterizo, el cual es bastante mayor que el general.
Si todas las pensiones y jubilaciones del viejo sistema
solidario que estuvieran por debajo del SMG de 2020 se pagaran con un 20% de
aumento no habría manera de cubrir tan fuerte incremento en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF), que es de donde salen esas erogaciones.
Hay que recordar que con la creación del Sistema de Ahorro para
el Retiro (SAR) la Federación asumió el pago de pensiones y jubilaciones ya
concedidas o en dirección de otorgase a trabajadoras y trabajadores en activo
al momento de la reforma. Desde entonces, el PEF sufre una sangría anual, es
decir, como no hay fondo social, la recaudación fiscal se usa para cubrir el
retiro.
Aunque el gobierno federal no podría ahora mismo aumentar en 20%
las pensiones y jubilaciones más bajas, la Federación está obligada a elaborar
un plan para mejorarlas. No es admisible que mientras trabajadoras y
trabajadores en activo se ven beneficiadas por una nueva política salarial que,
aunque se exprese en la fijación del mínimo general, las personas que tienen
jubilación o pensión sólo sean apoyadas con el ajuste inflacionario (UMA).
Claro, es mejor ahora que antes, cuando sufrían un fuerte deterioro, pero no es
suficiente.
Este asunto debe ser atendido directamente por
la Secretaría de Hacienda en las primeras semanas del nuevo año. Mas lo que
tendrá que verse con mucho mayor detalle es la reforma del sistema mexicano de
retiro.
El SAR
El SAR y sus administradoras privadas constituyen un inicuo
sistema creado bajo el programa neoliberal para privatizar las pensiones, hacer
depender éstas del ahorro personal de cada cual durante toda su vida laboral y
construir un formidable negocio, uno de los más rentables del mundo porque
tiene bajísimos costos, ningún riesgo y elevadísimas tasas de ganancia. Todos
los ingresos propios de las Afores como empresas privadas provienen del dinero
que cobran a las personas aportantes, es decir, las que ahorran. No hay
comercio sino sólo esquilmo.
En México, ese sistema de retiro conlleva a que el ingreso del
75% de los que se jubilen o pensionen no puedan obtener más de dos tercios del
salario mínimo general. Si éste sigue subiendo, como se anuncia, aquel
porcentaje de trabajadores en retiro sería aún mayor.
El primer punto que es preciso dejar en claro es que el Sistema
de Ahorro para el Retiro no tiene remedio. Es y seguiría siendo un negocio
redondo de unos cuantos y la ruina de millones. Hay que crear un nuevo sistema
antes de que empiecen a jubilarse quienes están sujetos al SAR.
El segundo punto es que, sin menoscabo de admitir que los
empleados muy bien pagados sigan con el sistema SAR, todos los demás
–damnificados del neoliberalismo– puedan optar por un sistema solidario de
pensiones y jubilaciones que el Congreso expida mediante una nueva ley.
El tercer punto es que los recursos acumulados de quienes así lo
decidan, pasen a formar parte de la bolsa general de retiro, como la que existe
en muchos países desarrollados donde jamás se toleró el control privado de las
aportaciones de trabajadoras y trabajadores.
El sistema de Afores, como se le conoce en México, fue una copia
directa del chileno, hijo de la dictadura pinochetista, el cual ahora está
completamente colapsado y es una de las causas directas de las grandes
protestas sociales y políticas que se han realizado en ese país y probablemente
conduzcan a la redacción de una nueva Carta Magna, la cual podría resolver,
entre otros muchos, el inmenso problema del retiro.
Los neoliberales en Argentina también impusieron el mismo
sistema de privatización del manejo de fondos individuales de retiro, pero hace
algunos años se revirtió para construir un método solidario de pensiones.
En la Francia convulsa de estos días que tiene en su centro el
tema de las pensiones, lo que se discute se ubica en las modalidades de los
sistemas solidarios y el tema de la edad. Nadie propone privatizar su
administración.
México seguirá siendo un país con bajos salarios durante los
próximos 15 años, aún si no se bloquea la nueva política de redistribución
directa del ingreso de la 4T y aún si se profundiza como muchos buscamos. Si
continuara el mismo sistema pensionario, por más que se elevaran las cuotas, no
se garantizarían para la mayoría jubilaciones por arriba de la mitad del último
salario. ¿Qué clase de país puede ser ese que no se propone jubilar para
liberar sino para castigar?
No tendría ningún sentido para el Estado mexicano empezar a
destinar de nueva cuenta crecientes fondos presupuestales para completar la
pensión mínima garantizada a centenares de miles y, luego, a millones de
personas en retiro, con tal de mantener un sistema inservible y oneroso de
administración del ahorro para el retiro.
Mejor cambiar. Para millones de personas, para el Estado y para
todo el país es indispensable abrir un nuevo camino antes del inminente
colapso.
