2020 | - Part 643

Inhabilitan a mando de Pemex ligado a Estafa

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó por 10 años a Héctor Salvador Salgado Castro, administrador del Proyecto de Desarrollo Ayatsil Tekel y gerente en Pemex Exploración y Producción, por la omisión de declarar cuentas bancarias en 2014 y 2017.

En un comunicado, la Secretaria Irma Eréndira Sandoval informó que Salgado colaboró en la Administración de Enrique Peña Nieto y es uno de los ex funcionarios relacionados con el fraude conocido como “Estafa Maestra”.

“En sus investigaciones, la dependencia acreditó que el servidor público omitió declarar cuentas bancarias a nombre de dos dependientes económicos”, dijo la dependencia.

“La Secretaria Irma Eréndira Sandoval subrayó que la falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales constituye una falta grave de acuerdo con la fracción XV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en el momento de los hechos investigados”.

Según el texto oficial, la inhabilitación derivó de las auditorías, investigaciones y procedimientos iniciados desde enero de 2019 por la SFP.

Sandoval expuso que el sancionado no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante la próxima década y como consecuencia también debe ser destituido de su encargo.

“En 2013, el hoy sancionado, junto con otros altos funcionarios, fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación como firmante de contratos con instituciones de educación superior y empresas que vinculadas a la llamada Estafa Maestra en Pemex”, señaló.

La Secretaria afirmó que, en ésta, como en todas sus resoluciones, la SFP actúa con “imparcialidad y estricto apego a los procedimientos legales”, por lo que, al haberse notificado la resolución, se mantiene pendiente de su cumplimiento y será respetuosa de las determinaciones que en su momento tomen otras instancias.

Con Salgado, son ya dos los funcionarios de Pemex implicados en la “Estafa” que han sido sancionados por la SFP en los últimos 40 días.

El pasado 4 de diciembre, la SFP también inhabilitó por 10 años a su jefe Miguel Ángel Lozada Aguilar, ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP).

Cabe precisar que Lozada promovió un juicio de nulidad y consiguió que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspendiera provisionalmente la inhabilitación, razón por la que en este momento la sanción no le es aplicable.

La SFP denunció a Lozada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto desvío de 82 millones 863 mil pesos, dentro de la llamada “Estafa Maestra”, sin embargo, fue exonerado desde el 12 de marzo de 2019 por falta de evidencias.

Dicha imputación versa sobre un convenio entre Pemex PEP y la Universidad Popular de la Chontalpa, por servicios de asistencia en perforación y producción de pozos petroleros.

La SFP acusó a Lozada junto con Pedro Javier Muñoz Vergara, rector de la Universidad, y Tobías Francisco Ruiz y Juan Manuel Prieto Alonso, representantes de la misma, de omisiones que ocasionaron que este contrato le causara un daño al erario.

“Se estima que Miguel Ángel Lozada Aguilar, en su calidad de Administrador del Activo de Producción Cantarell, adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noroeste (Pemex), no verificó que el personal que de la Universidad contara con la experiencia, infraestructura y recursos para desarrollar los servicios”, dice la dependencia.

La SFP también atribuyó a Lozada haber afirmado que la Universidad sí contaba con todos los requisitos para la celebración de dicho convenio.

Acusan a Gobierno de borrar base de Seguro Popular

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. Un grupo de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) reprobó que el Gobierno federal haya borrado la base de datos del Seguro Popular, en perjuicio de millones de mexicanos.

“Borraron la base de datos de más de 50 millones con información de su estatus económico y de su historial médico”, reveló la senadora Alejandra Reynoso.

Con los senadores Martha Cecilia Márquez, Xóchitl Gálvez, Kenia López, Damián Zepeda y Julen Rementería, Reynoso cuestionó el “caos” que prevalece con la aplicación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Lo que prometían con el Insabi era una absoluta mentira, se les dijo que habría desabasto de medicamentos y que no habría presupuesto, y ahora vemos un caos absoluto”, dijo.

La senadora Martha Cecilia Márquez dijo que se presentaba “de luto” por la muerte, este mismo día, de un niño aquejado de cáncer, aunque refirió que los padres sostenían que no había sido a causa de un desabasto de medicamentos.

La legisladora por Aguascalientes anticipó que la bancada del PAN pedirá la inmediata comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público porque el de Salud “está atado de manos”.

También previó que al Presidente de la República “le van a llover denuncias” por el caos que persiste con la entrada en vigor del Insabi.

La senadora Xóchitl Gálvez refirió el caso de un niño con cáncer que era tratado en el Hospital Infantil y fue impelido a regresar a su casa porque su tratamiento de quimioterapia había sido pospuesto.

Gálvez calificó de “incapaz, inexperto e improvisado” al titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer.

Los Artesanos, lograron imponerse

ALDO VALDEZ SEGURA

Con aprietos el equipo de los Artesanos lograron imponerse 2-1 al Manguito, escuadra que luchó hasta el último momento pero el tiempo ya no les fue suficiente, lo anterior corresponde a la fecha 16 de la liga municipal de futbol Teniente José Azueta.

De esta guerra sin tregua fue testigo el campo 2 de la unidad deportiva. La redonda se puso en movimiento y los dos equipos quisieron imponer autoridad, pero nadie pudo, así que optaron por atacar a base balonazos, les dio resultado ya que cada uno marcó en una ocasión.

Para la segunda mitad, se fueron con todo al ataque en busca de los goles, quedar empatados no era una opción, así que buscaron ganar, los embates fueron frecuentes pero fue por medio de un potente disparo por parte del jugador de Artesanos que lograron el gol del triunfo.

Inter Zihua doblegó a los Amuzgos

ALDO VALDEZ SEGURA

El equipo de Inter Zihua se llevó a casa los puntos que dejó la jornada número 16 de la liga municipal de futbol Teniente José Azueta al doblegar con un contundente 3-1 a los Amuzgos, duelo de alto calibre que tuvo como escenario el campo 1 de la unidad deportiva.

Fue una primera mitad muy pareja, en donde los dos equipos tenían como objetivo en común ganar, eso era lo importante, así que se metió fuerte la pierna, querían establecer condiciones pero nadie pudo lograrlo, sin hacerse daño se fueron al descanso.

Para la parte complementaria, la defensiva de los Amuzgos bajó sus revoluciones fue ahí donde se convirtieron en la presa, fueron un espectador más y solo vieron como su meta era abatida en repetidas ocasiones, los delanteros de Inter Zihua salieron finos a la hora de estar frente al objetivo.

Cruzeiro goleó

ALDO VALDEZ SEGURA

El equipo de Cruzeiro no dejaron dudas de su supremacía y con un contundente 4-2 derrotaron a Independiente, para así llevarse de vuelta a casa las unidades que dejó la jornada número 16 de la liga municipal de futbol Teniente José Azueta.

De lo sucedido fue testigo el campo 3 de la unidad deportiva. Desde el saque inicial, fueron los jugadores de Cruzeiro quienes se apoderaron de la posición del esférico, ellos establecieron su ley y marcaron la pauta con la cual se iba a jugar, las opciones más claras también las fabricaron.

Fue cuestión de tiempo para que el invitado de honor hiciera acto de presencia, los delanteros de Cruzeiro fueron letales a la hora de estar frente al objetivo, sacaron metralla y dieron en el blanco, nada que hacer para el cancerbero rival.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Las malas horas de Marcelo

Raymundo Riva Palacio

La estrella de Marcelo Ebrard se está apagando. O cuando menos, emergen señales que el poderoso secretario de Relaciones Exteriores, un vicepresidente al estilo europeo con toda la fuerza para las funciones transversales que le encargó el presidente Andrés Manuel López Obrador, está siendo sometido a un golpeteo intenso desde Palacio Nacional. En privado ha recibido críticas desde finales de noviembre, por temas en donde se involucró pese a no ser de su responsabilidad directa. En público, las cosas brincaron la semana pasada durante la reunión de embajadores y cónsules, al estallar en las redes sociales el viejo conflicto que tiene con Martha Bárcena, embajadora de México ante la Casa Blanca.

Bárcena se quejó en Twitter que en la reunión con el presidente la habían dejado en las últimas filas, y la prensa identificó al jefe de Oficina de Ebrard, Fabián Medina, de haber sido el causante de lo que se percibía como un atropello. En realidad, narrado por embajadores presentes, es que no había lugares asignados, salvo para funcionarios de la Secretaría y embajadores eméritos, y que se fueron acomodando conforme fueron encontrando lugares tras llegar en autobuses a Palacio Nacional. La explicación fue opacada por la portada de Proceso este domingo, dedicada a Javier López Casarín, viejo amigo de Ebrard, que preside honoríficamente un consejo técnico académico y científico dentro de la Cancillería.

El reportaje de Proceso aportó poco a lo que se ha publicado desde hace tiempo, pero fue el timing y el contexto lo relevante. Ebrard es viejo amigo, y muy cercano, a Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, cuyo apellido está pegado, por ley, impronta y prestigio, con la revista. Scherer no tiene ascendencia en la revista, pero la cercanía, como ha sucedido en otros temas, no blindó al canciller. El tema, por lo demás, fue oportuno no por sus revelaciones, que no hubo, sino por lo que sucedió con Bárcena.

El conflicto entre ellos es profundo, como se vio en varias columnas el lunes, donde se señaló directamente a un colaborador de la embajadora, como responsable de la información de Proceso. El secretario no ha superado que Bárcena sea nombramiento de López Obrador y que tenga acceso directo a él. La embajadora fue el enlace del ex canciller, Luis Videgaray, para establecer un puente de comunicación entre López Obrador y el ex presidente Enrique Peña Nieto antes de las elecciones, y quien proporcionó a Los Pinos el teléfono donde podían hablar directamente el día de los comicios, cuando su victoria era inminente. Ebrard pidió al Senado atrasar la ratificación de Bárcena como embajadora en Estados Unidos y buscó abrir una oficina alterna en Washington, manejada por la tía de López Casarín, que fue descubierta por Bárcena, que confrontó al canciller y lo acusó con López Obrador.

En la primavera del año pasado, le adjudicaron la filtración del borrador de la carta que había enviado al presidente al Rey de España Felipe VI, exigiendo una disculpa por la Conquista, con lo cual se saboteó la negociación llevada directamente por la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, sobrina política de Bárcena, con la ministra de Justicia española, Dolores Delgado. El canciller, contra lo que se piensa fuera de Palacio Nacional, no es de la confianza de López Obrador, y en el entorno más cercano al presidente, lo consideran un “traidor”. Pero ha sido altamente funcional al presidente, en donde radica su exposición y prestigio en la opinión pública. Aunque parce prematuro, para nadie en el universo de Palacio Nacional, este tipo de escaramuzas están relacionadas con la sucesión presidencial de 2024, donde la candidata emocional en el entorno presidencial es la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Los problemas para Ebrard en Palacio Nacional se han ido multiplicando. A finales de noviembre, las empresas francesas NavBlue y ADP Ingéniere, contratadas para validar el proyecto del sistema aeroportuario y el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, emitieron sus primeros reportes, y no cayeron bien en Palacio Nacional. NavBlue informó que la operación de los aeropuertos “Benito Juárez”, Santa Lucia y Toluca, que conforman el sistema aeroportuario anunciado por el gobierno –a cambio de la obra abandonada en Texcoco-, “requerirán de un rediseño más grande del espacio aéreo”. ADP Ingéniere aseguró también que no podía haber operaciones simultáneas en Santa Lucía.

Ebrard fue quien recomendó a esas empresas cuando se canceló el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco y le urgía a López Obrador obtener legitimidad internacional para minimizar las críticas. Cuando se hicieron públicos sus estudios preliminares, el presidente le reclamó a Ebrard porqué no iban esas empresas en la misma narrativa presidencial. No se sabe si el canciller habló con las compañías francesas y cuál fue, eventualmente, la respuesta. En cualquier caso, las empresas no pueden ir con la narrativa de López Obrador, que Santa Lucía operará de manera simultánea, que ampliará la capacidad aérea, será más barata y estará más pronto, si sus estudios muestran lo contrario. Su prestigio y negocio están en juego y por encima de las necesidades políticas de López Obrador.

Pero a Ebrard no se le acomoda bien la realidad. Para el presidente nada puede estorbar su narrativa, aunque no sea posible concretar sus dichos. Pero él no pierde, sino encuentra siempre a quién responsabilizar. En el caso de Santa Lucía, no hay margen alguno para echarle la culpa a la corrupción y al pasado. En este caso, Ebrard sería el responsable, aunque públicamente no lo sea, sumándosele a sus rendimientos decrecientes. Lo hecho público en los últimos días, si bien no orquestado, hasta donde se sabe, sí fue resultado de que están oliendo sangre en donde importa, en Palacio Nacional.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Editorial

Juicio a Calderón

Sería absurdo culpar a un gobernante en específico de la terrible tragedia ocurrida en Torreón, Coahuila, con un niño de once años disparando a sus compañeros y a su maestra para luego quitarse la vida, pero sin duda es corresponsable la clase política de este país que decidió una supuesta estrategia de combate al crimen organizado y que ha derivado en el periodo de mayor violencia en el México contemporáneo.

La guerra contra el narcotráfico ordenada al inicio del gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, en un contexto de deslegitimación política por las denuncias de fraude electoral en la elección presidencial de 2006, es la muestra más clara del fracaso de para combatir la violencia.

Por el contrario, con cifras históricas, ahora se puede afirmar que la decisión de decretar esta supuesta guerra contra el crimen organizado es la variable principal que explica el aumento sistemático de la violencia en el país, tanto los homicidios intencionales, la desaparición de personas, como horrores como las fosas clandestinas y cuerpos mutilados.

El informe sobre fosas clandestinas y registro de personas desaparecidas presentado el lunes 6 de enero por el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, y por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Karla Quintana, aportan datos contundentes al revisar las cifras históricas de las desapariciones en México.

El informe de la Comisión Nacional de Búsqueda confirma que el fenómeno actual de las desapariciones coincide totalmente con la decisión del Gobierno de Felipe Calderón de estallar la supuesta guerra contra el narcotráfico.

El reporta abarca 55 años de estadísticas: de 1964 a 2019. En total se han reportado 147,033 personas desaparecidas, de las cuales 85,396 han sido localizadas, pero siguen sin aparecer 61,637 personas.

De este total, 1,584 desapariciones ocurrieron entre 1964 y 2005, que representan 2.57 por ciento del total. El resto, 60,053 personas (97.43 por ciento del total) ocurrieron a partir de 2006, justo cuando Calderón declaró la guerra contra el crimen organizado.

El Estado mexicano no es responsable, evidentemente, de todas las desapariciones que ocurren en este periodo, pero sí del contexto que permitió que grupos armados privados asumieran soberanía territorial de facto e imponer la más cruda necropolítica: decidir quien vive y quien muere. Decidir, quien puede ser desaparecido o no.

Pero la estrategia contra el crimen organizado no solo fue fallida, pues ahora los cárteles de los negocios ilegales, son más poderosos que cuando se declaró la guerra contra ellos. Y este resultado podría ser calificado de una monumental incompetencia, sino conociéramos de las relaciones entre criminales y gobernantes.

Casos como el del ex Secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna revelan que en lugar de combatir a todo el crimen organizado, las fuerzas del Estado protegían a poderosos cárteles. Y así hacían sus grandes negocios, mientras se desataba el periodo de mayor violencia contra la sociedad mexicana.

Literalmente, las ganancias de los cárteles de la droga, de algunos políticos que lo permitieron y el pago de varias campañas a candidatos a puestos públicos se levantaron sobre pilas de cadáveres, desaparecidos y fosas clandestinas. Es algo que no debe quedar impune. Felipe Calderón es uno de los principales responsables de esta situación que tenemos en México. Debe ser juzgado por ello.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El gobernador Héctor Astudillo no se había pronunciado acerca del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que desde el 1 de enero sustituyó al Seguro Popular, hasta ayer que fue entrevistado en Iguala, donde dijo que por su parte él dará un plazo de 3 o 4 meses para ver cómo funciona.

Y aclaró que no se opondrá al Insabi, porque tiene “un origen de buena fe”.

Por el contario, sus homólogos panistas de Baja California Sur, de Guanajuato, de Querétaro y Tamaulipas, así como el emecista de Jalisco, Enrique Alfaro Anguiano, ya se pronunciaron en contra de lo que consideran viene a centralizar los dineros de los servicios de salud, que durante muchos años recibieron a raudales.

Y así es. El Insabi, que comenzó con hartos tropiezos y poco dinero, se manejará bajo un esquema centralizado, toda vez que el Seguro Popular, mediante el cual se transfería el dinero para su manejo en las entidades federativas, también resultó un fracaso.

Decir otra cosa sería una mentira, pues el desabasto de medicinas, de insumos médicos y de laboratorio, el deterioro de equipos e instalaciones, y un rosario de problemas que afectan al sector salud a lo largo y ancho del país, no es de hoy. No es del 1 de enero a la fecha, aunque así lo estén denunciando los gobernadores que se oponen a un cambio de programas y normas.

Cómo olvidar todas las quejas, denuncias y paros laborales del personal médico y de salud en todos los niveles, en contra de la más severas carencias que los colocaban al borde de la negligencia médica, por negar el servicio de atención a cientos y miles de personas, que para cosa de ser atendidas tenían que comprar los medicamentos y hasta las gasas con sus propios recursos.

Las carencias llegaron a ser tan graves, que se canceló el servicio de alimentos para los enfermos, y entonces los familiares deben comprar la comida, con la realidad de que los que carecen de dinero, pues simplemente ayunan, mientras se recuperaban de intervenciones quirúrgicas o enfermedades graves.

Todos estos males persisten, en efecto, porque son tan graves y generalizados que no se podrían resolver ni por decreto, ni de la noche a la mañana.

Luego entonces, lo que los gobernadores deben hacer es exigir que el Insabi marche bajo reglas de operación precisas, y facilitar todo lo que esté a su alcance para que todo el sistema de salud, sobre todo en el aspecto laboral, sea centralizado, como ya ocurre con el sistema educativo.

El gobernador Astudillo así lo ha expresado, al reconocer que si en Educación se tenían a miles de profesores y empleados administrativos sin techo presupuestal, en Salud es algo peor.

Y para nadie es un secreto que siendo Salud la dependencia que más dinero recibe de la Federación, tiene un pobre margen de maniobra, porque 90 de cada 100 pesos lo gasta en pago de nómina.

Todo esto preocupa a los gobernadores, que habían venido usando el dinero del Seguro Popular para resolver problemas de nómina, cuando el recurso era para atención médica de la población que carece de seguridad social.

Es este condicionamiento o eventual retiro de recursos que las entidades reciben hoy para financiar sus respectivos sistemas de salud, lo que está sustentando la resistencia de Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes; de Carlos Mendoza, Baja California Sur; de Diego Sinhue, de Guanajuato; de Francisco Domínguez, de Querétaro; y de Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, todos del PAN; así como el emecista Enrique Alfaro, de Jalisco.

Falta por definir qué sí cubre y qué no cubre el Insabi, pues se ha informado que el tercer nivel de salud queda excluido; sin embargo, es ahí donde se tienen los mayores problemas, por los efectos del cáncer, de la diabetes y sus complicaciones, y de las enfermedades cardiacas, que afectan a la población adulta, juvenil e infantil, sindistingos.

Este martes, el gobernador tiene una reunión con los gobernadores de todo el país, donde veremos de qué cuero sale más correa.

Indigente ensangrentado moviliza a policías y paramédicos

ELEAZAR ARZATE MORALES

Un indigente movilizó a la Policía Estatal y Cruz Roja, ya que estaba ensangrentado y tirado en una banqueta en el bulevar Paseo de Zihuatanejo Poniente.

Fue a las 19 horas de este domingo, que el indigente que padece alcoholismo conocido como el “mudito”, de aproximadamente 50 años, estaba tirado bocabajo, además sangraba de la boca y nariz; los elementos policiacos pidieron apoyo de los paramédicos para verificar que era lo que le había ocurrido.

Se logró conocer que después de que lo revisaron, corroboraron que tenía ataques convulsivos y el caer al suelo fue que se provocó las lesiones sangrantes.

El indigente fue colocado en una camilla rígida y lo trasladaron rápidamente al Hospital General “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez” para que lo atendiera el personal de la sala de Urgencias, fue informado que su estado de salud no es grave.

Vehículo se sale de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en Petatlán

ELEAZAR ARZATE MORALES

PETATLÁN. – Un vehículo se salió de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en las curvas de la comunidad de Palos Blancos, en el municipio de Petatlán.

Fue a las 15:30 horas del viernes, que se movilizaron paramédicos de Protección Civil municipal por el reporte de un lesionado en un siniestro vial, pero al llegar el conductor, Raúl Bravo, estaba bien de salud y era “apoyado” por elementos de la Policía Federal.

Con una patrulla pick up amarraron el Dodge Attitude para sacarlo del precipicio y de esa manera lo remolcaron hacia el lugar que indicó el propietario.

Cabe mencionar que la maniobra que realizaron los policías federales está prohibida, ya que se ha observado en varias ocasiones que aplican multas a choferes de camionetas que remolcan con cuerdas vehículos descompuestos.

Los federales que realizaron esta maniobra no permitieron que los operadores de grúas se encargaran de remolcar el Dodge de la manera correcta, esto pese a que ya estaban en el lugar.