Lilia Arellano
*PRI y PAN al borde de la extinción
*AMLO cuenta con elementos para sancionar corrupción de peñistas
*Lozoya-Duarte claves Vs tricolor; Calderón-García Vs blanquiazul
A finales del 2016 explotó el escándalo sobre la empresa brasileña Odebrecht acusada de entregar sobornos en varios países de América Latina. Al paso del tiempo hubo suicidios, crímenes, funcionarios de primer nivel detenidos e incluso presidentes y ex presidentes señalados en sus respectivos países de corrupción por la recepción de sobornos. El lodo llegó hasta el honesto Lula da Silva y su sucesora. México no fue la excepción y los dardos fueron lanzados de manera directa a Emilio Lozoya Austin, en calidad de cómplice de Luis Videgaray y de quienes estaban manejando las finanzas del PRI en y durante la campaña de Enrique Peña Nieto. Durante dos años y para evitar fuera expulsado el tricolor de las boletas electorales en la contienda del 2018, con todo y su candidato José Antonio Meade, se hicieron toda clase de movimientos dilatorios, no llevaron a cabo investigaciones y pretendieron dar carpetazo.
La clave, el fondo de lo que hoy se maneja, se centra en la pérdida del registro del PRI, asunto ya tratado en estas mismas líneas durante el 2018, año en el cual se guardó como secreto de Estado la situación en torno a los sobornos de la brasileña. Está considerada como un delito con el cual se pierde el registro como partido político, la recepción de fondos provenientes del extranjero para ser utilizados durante las campañas. Según se estableció desde entonces, el producto de los sobornos fue a parar directamente a estos fines, igual hicieron con las entregas millonarias de OHL, empresa española, a cambio de las aprobaciones para sus construcciones y posteriores negocios como el del segundo piso o el viaducto Bicentenario. Las declaraciones a las que se ha comprometido Lozoya Austin, concluirán con los nombres de una buena parte de quienes integran este entramado en el manejo de dinero, pero no de todos y un golpe alterno será desaparecer al PRI.
Para ello también cuentan con las declaraciones esperadas de César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, entidad desde donde el mandatario panista Javier Corral, lanzó las primeras acusaciones sobre el manejo de fondos enviados al tricolor cuando Manlio Fabio Beltrones lo presidía. Se advierte la entrega de fuertes sumas de dinero para las campañas intermedias, las del 2015, provenientes de arcas de entidades gobernadas por priístas. Por estos manejos detuvieron a Alejandro Gutiérrez por peculado. Así, en tanto el político sonorense de larga trayectoria atraviesa por momentos de pesadilla al saberse uno de los principales involucrados en los sucios asuntos de Duarte de Ochoa, junto con su compañero de carrera, el yucateco Emilio Gamboa, ambos socios en diversos negocios que incluyen la banca, uso y reparto de tarjetas como Monex, las cuales también sirvieron para comprar simpatías de electores, pagadoras, inversiones diversas, Javier Corral pelea los reflectores y señala es un triunfo de su gestión la detención de su antecesor y no un logro presidencial y menos aún un reflejo de apoyo del presidente de EU en correspondencia a la visita de AMLO.
Es probable esta pareja: Lozoya y Duarte, sean las piezas clave para hundir, para desaparecer al PRI. El escándalo en las proximidades de un año electoral como el 2021 rendirá grandes beneficios a Morena, pero particularmente a López Obrador quien cuenta con otro as debajo de la manga, el conformado por otra dupla: Felipe Calderón y Genaro García Luna, sin por ello dejar de observar el punto de unión, la base para llevar al panismo al precipicio se llama Joaquín Guzmán Loera. No se trata solamente de relacionarlos en actividades ligadas al narcotráfico, de comprobar si García Luna enteraba de todas sus acciones, movimientos y tratos con El Chapo al ex presidente, sino averiguar si el dinero sucio fue a parar también a las campañas electorales.
De aprobar Donald Trump sea revelado el contenido completo de las declaraciones de Guzmán Loera, del propio García Luna, y entregados los expedientes a las autoridades mexicanas, López Obrador contaría con un arma dorada con la cual dar la puñalada final a Acción Nacional. Según los cercanos al tabasqueño tiene en el presente un auténtico pokar de ases: Lozoya y Duarte, Guzmán y García; el movimiento de esas cartas puede darle no solamente un sueño tranquilo al carecer de amenazas por derrotas provenientes de quienes antes que él ocuparon la silla presidencial y siguen siendo las fuerzas políticas a las cuales considera su auténtica oposición y las patrocinadoras de acciones en su contra para desestabilizarlo y, de ser posible, obligarlo a abandonar la silla presidencial.
Más allá
del partidismo
Con el compromiso, el acuerdo pactado con Emilio Lozoya Austin y muy probablemente con César Duarte –ante lo increíble del lugar de su captura, un negocio de venta de refacciones usadas-, AMLO tiene ya en sus manos todos los elementos para las investigaciones que lleven a encerrar a Enrique Peña Nieto y a los integrantes del círculo cercano de la llamada cleptocracia que retomó el poder en 2012 y lo ejerció hasta el 2018, sexenio en el cual abundaron cínicamente los actos de corrupción y éstos hasta el momento siguen impunes, a pesar de los escándalos mediáticos y las pruebas en contra de los responsables del saqueo a la Nación: Emilio Lozoya, ex director de Pemex, llega de España a México con grabaciones como pruebas de su descargo y busca desesperadamente no ir a la cárcel a cambio de convertirse en delator del grupo peñanietista; César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, detenido en Miami, Florida, también espera su extradición a México con un amplio expediente sobre los dirigentes del PRI; el abogado Juan Collado, quien está tras la rejas, cuenta con amplia información sobre las pasadas administraciones, especialmente sobre la gestión de Peña Nieto, sólo falta que desembuche.
Lozoya Austin viene dispuesto a delatar a su equipo. Hace un año, cuando estaba prófugo, su defensa afirmaba que no iba a negociar, ni ser un testigo protegido. Hoy las cosas han cambiado, tras un tiempo tras las rejas, está dispuesto a entregar información que implica a ex funcionarios de la gestión de Peña Nieto. De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, Lozoya Austin tiene grabaciones que usará en su defensa para librar los cargos por los casos de los sobornos de Odebrecht y la compra de las plantas de Fertinal y Agronitrogenados. Ya el presidente López Obrador declaró el ex director de Pemex estará “protegido”, con todo lo que ello signifique, y viene con el acuerdo de informar cómo se gestó y operó la corrupción y sobornos del sexenio pasado. Aunque para llegar a este punto no debe olvidarse la participación de Emilio Lozoya Thalmann, quien ha pasado por momentos muy difíciles al tener a su hijo prófugo, a su nuera, a su esposa y a su hija acusadas y libres gracias a la intervención de amigos ahora insertos en la administración lopista.
Lozoya ofreció a la FGR más de 15 horas de grabación centradas en las negociaciones y presuntos sobornos que se dispersaron para aprobar la Reforma Energética de Peña Nieto, y en las cuales están implicados no sólo el ex presidente sino también integrantes de su gabinete. Con estas grabaciones, Lozoya pretende pasar como “un instrumento no doloso de la comisión del delito”, pues no fue el autor de los actos de corrupción de los que se le acusan. Aùn y cuando otros sirvieron para las campañas políticas en el tiempo en el cual Pedro Joaquín Coldwell y Manlio Fabio Beltrones encabezaban el CEN del PRI.
Desde hace más de un año, Lozoya ha buscado que se cite a declarar en calidad de testigos al propio ex presidente Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores; a Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía; a Enrique Ochoa Reza, ex director general de la Comisión Federal de Electricidad y ex dirigente nacional del PRI; y a Martha Edith Rodríguez Acosta, ex apoderada legal de Pemex. También al ex subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher Linartas; al ex director de Pemex Internacional, José Manuel Carreras; y al ex director de Altos Hornos de México, Luis Zamudio.
En los casos de Odebrecht y la compra de las plantas de Fertinal y Agronitrogenados, el ex abogado de Lozoya Austin, Javier Coello Trejo, sostenía que el ex funcionario “no se mandaba solo”, esto para que la investigación no sólo fuera contra el ex director de Pemex, sino se ampliará a otros ex funcionarios. Documentos revelados por la Audiencia Nacional de España, difundidos por la agencia estadounidense AP, revelan que Emilio Lozoya no sólo recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y la compañía Altos Hornos de México (AHMSA), sino también robó millones de dólares al PRI, partido en el cual militaba. Cuando era coordinador de Vinculación Internacional en la campaña de Peña Nieto, en 2012, le pidió 4 millones de dólares a Odebrecht para la campaña presidencial. Pero cuando recibió el dinero, no entregó todo a las arcas priístas, porque se quedó con la mitad.
Lozoya gestionó sobornos por al menos 10 millones de dólares con Odebrecht. Un primer pago, de 4 millones, antes de la contienda electoral, y el resto, 6 millones, cuando EPN ya había tomado posesión como presidente, de acuerdo a las investigaciones realizadas por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y Quinto Elemento Lab. Además, recibió de AHMSA 3.4 millones de dólares, también en 2012, como parte del acuerdo de la venta de una empresa chatarra a un precio inflado a Pemex, razón por la cual Alfonso Ancira, fue detenido en España. Por cierto ¿a este personaje que le espera?
