Lilia Arellano
*Dos años de confrontación y decepción
*Promesas incumplidas: mayor violencia, pobreza y corrupción
* Teme el presidente perder el poder y se mantiene en campaña
Al cumplirse dos años del triunfo electoral que lo llevo al poder, Andrés Manuel López Obrador sigue apostando por la división y el encono de la sociedad para mantenerse en el plano autoritario vuelto característica y, para colmo, su gestión no registra resultados en prácticamente ninguna área. Para la oposición, el “sello de la casa” de la auto denominada Cuarta Transformación son “los errores, las ocurrencias, las cuotas y los cuates, la corrupción, la polarización, las renuncias y las contradicciones”, lo cual nos ha llevado a los índices más altos de inseguridad, amenazas del crimen organizado, aumento desmedido de feminicidios; y la crisis económica más aguda de la historia de México, con un desempleo creciente y un incremento de la pobreza no visto en las últimas décadas.
En medio de una crisis sanitaria aún no controlada y mal manejada desde Palacio Nacional, el tabasqueño ha perdido respaldo debido al desencanto, frustración, confusión y enojo contra su gobierno, al cual cada vez se le tiene menos confianza. Las promesas de erradicar la pobreza, la corrupción y la violencia se esfumaron en el aire. El año pasado la violencia batió el récord histórico de homicidios con más de 35,500 víctimas; la economía se contrajo un 0.14%, porcentaje superior al de la crisis del 2009; el empleo tuvo su peor registro en diez años; y la corrupción se mantiene, aunque en los mismos niveles, pues era difícil que empeorara. La contracción económica esperada para este año será de dos dígitos. Lo que si ha conseguido AMLO es partir al país en dos: los buenos que están con él y los malos que están contra él.
Para los morenistas, quienes sueñan estar viviendo en otro país, esta administración “representa el inicio de una transformación de un Estado neoliberal y patriarcal, constructor de profundas desigualdades, a un Estado de bienestar y de derecho (…) En la social hemos avanzado al disponer todo el entramado institucional para la atención de las personas más vulnerables, a la fecha más de 70 millones de personas reciben apoyos”, destaca la diputada de Morena, Aleida Alavez. La senadora de Morena, Citlali Hernández, vive aún en la esperanza: “lo que estamos haciendo ahora rendirá frutos poco a poco y estos primeros años han sido el tiempo para ir asentando y poniendo la cimentación de la transformación”. Según ella, “hay avances legislativos y toma de decisiones del Ejecutivo que encaminan ese proceso y que sintetizaría en tres: pensar en quienes más lo necesitan con programas sociales; combatir la corrupción y tratar de pacificar al país, con la Guardia Nacional”.
Violencia
desbordada
Pero la terca realidad desmiente las buenas intenciones de los morenistas: el tema de la pacificación del país es uno de los puntos más criticados pues no han logrado contener los índices de violencia e inseguridad. Ha sucedido todo lo contrario, han crecido todos los delitos con el paso del tiempo a niveles históricos y la falta de una estrategia real, clara y tal vez no tan simple, pero sí alcanzable, con resultados óptimos, sigue ausente. La inseguridad del país está rebasada, el crimen organizado reta al Estado y desafía a las instituciones de administración y procuración de justicia. El año pasado se rompió récord de violencia. La Guardia Nacional es un total fracaso, la militarización de la seguridad pública, ya se vio, no es la solución. Mantener al Ejército en las calles sólo ha exacerbado la violencia.
También en el sector ilustrado de la población del país las opiniones están divididas: por un lado, quienes argumentan que López Obrador es un neoliberal y, por el otro, quienes advierten un izquierdismo muy, pero muy a la mexicana y cuasi totalitario en su afán de controlar todo, ahorcándose económicamente. El abismo entre las promesas y los hechos ahí están: acabar con la corrupción, desaparecer la impunidad, una estricta política de austeridad, hacer del sector energético la palanca de desarrollo nacional, promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y un paquete robusto de programas sociales, eran parte de las promesas y lineamientos del “Proyecto alternativo de Nación” que López Obrador postuló al ganar las elecciones el 1 de julio de 2018. Dos años después el panorama es desolador:
El combate a la corrupción no ha arrojado los resultados esperados. Existen elementos para seguir considerando la existencia de un pacto de impunidad entre el ex presidente Enrique Peña Nieto y el nuevo gobierno, pues nadie del círculo cercano al mexiquense está tras las rejas ni es investigado. Esta disque lucha ha sido selectiva y sólo son investigados algunos “charales” y ningún pez gordo. Del gran número de funcionarios creadores del “cochinero” denunciado y sacada a la luz cada vez que se requiere justificar lo no hecho ni atendido, solamente Rosario Robles está tras las rejas, pero más por cuentas pendientes con el lopezobradorismo, quien no le perdona sus traiciones. Sólo al ex director de Pemex, Emilio Lozoya se le ha seguido proceso cuyo próximo final se verá en un gran acuerdo, mientras al resto da la pandilla del ex presidente no se le ha tocado ni con el pétalo de un citatorio.
De acuerdo con el “The Capacity to Combat Corruption (CCC) Index 2020”, el programa anticorrupción de AMLO se ha fincado en su capacidad personal para erradicar el problema El ranking posiciona a México en el número ocho de 15 países y se le otorga una calificación de 4.55 en torno a la capacidad de combatir la corrupción, menor al promedio de las naciones evaluadas. Esa evaluación es ligeramente menor a la del año pasado. Lo peor de todo es la decisión de no tocar a los integrantes del nuevo gobierno quienes han caído en actos de corrupción, conflictos de intereses y complicidades.
Mayor pobreza
La atención a los más pobres fue una de las premisas básicas de la campaña de AMLO, con programas sociales como la pensión universal a los adultos mayores, beca mensual a estudiantes de nivel medio superior, apoyos a personas con discapacidad y garantizar el derecho a la alimentación. Además de asegurar los recursos necesarios para la puesta en marcha de estos programas, en marzo de este año el Congreso de la Unión aprobó las reformas para elevar a rango constitucional los programas sociales. Sin embargo, sus políticas para enfrentar la pandemia de Covid-19 y su oposición a apoyar las fuentes de empleo, condenaron a entre 12 y 16 millones de personas a la pobreza este año, y cuyas familias no están contempladas en dichos programas. De hecho, la pobreza y la miseria parecen ser el destino de la mayoría de los mexicanos con la llegada de la 4ª T.
Si nos atenemos a la política de austeridad republicana del tabasqueño, con la reducción de los sueldos de los altos funcionarios, ésta queda eliminada al publicarse en el Diario Oficial de la Federación un aumento en sus ingresos de más de 5 mil pesos. Por lo tanto, queda la suspensión de pensiones millonarias a los ex presidentes, la erradicación de los servicios médicos privados y la venta de la flotilla gubernamental de aviones y helicópteros del gobierno. El lado oscuro de estas medidas se vio en el despido de miles de servidores públicos que en muchos casos denunciaron violaciones a sus derechos laborales. Además, el plan de emergencia económica del gobierno provocada por la pandemia del Covid-19 incluyó una propuesta de reducción salarial “voluntaria” de altos funcionarios –borrada con el incremento a percibir a partir de la primera quincena de julio-, aunque lo incomprensible e inexplicable resultó de la cancelación de subsecretarías de Estado y el 75% de las partidas de servicios generales, materiales y suministros.
En el renglón energético, la política del gobierno federal ha estado marcada por la cancelación de licitaciones petroleras y eléctricas, negociaciones privadas de contratos y la degradación de calificaciones crediticias del país y las empresas estatales. Este año, AMLO destinó más de 1 billón de pesos a las empresas productivas del Estado y la Secretaría de Energía, pero esto no se ha reflejado en su fortalecimiento, pues ha quedado fuera del plan la organización y conducción del sistema energético y sus implicaciones en el sector. Esta política ha abierto otro frente a la 4T con empresas extranjeras quienes ya habían destinado millones de dólares a proyectos energéticos “limpios”.
AMLO prometió promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, pero sólo quedó en promesas la atención a las unidades económicas que generan el 90 por ciento de los empleos del país, sobre todo en esta crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19. La 4T estableció programas de apoyo como el de Créditos a la palabra a pequeños y medianos negocios por hasta 25 mil pesos, a fin de no despedir a trabajadores durante la crisis sanitaria, créditos personales en el ISSSTE, a la vivienda, y nómina de trabajadores del Estado y las denominadas Tandas del Bienestar. Sin embargo, dirigentes empresariales sostienen los apoyos son insuficientes e incluso ponen en riesgo de desaparecer a muchos negocios familiares y obviamente empresas y comercios.
