19 mayo, 2020 |

EDITORIAL

Los claroscuros del Tren Maya

Si hay un tema por el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere ser recordado es el combate a la corrupción de la vida pública del país, y esto pasa, según ha dicho, por separar el poder político del económico. Lo escuchamos machacona y repetidamente durante su campaña por la Presidencia del país, como Presidente electo y ahora en el ejercicio del Gobierno autonombrado de la Cuarta Transformación.

Ese discurso y su promesa de combatir la “mafia del poder” sin duda le hizo ganar cuantiosos votos tras décadas de gobiernos de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) marcados por la corrupción.

Ese fue el caso de la constructora Mota-Engil, de origen portugués, que tuvo un aumento significativo en contratos de obra pública en el Gobierno de Peña Nieto.

La portuguesa Mota-Engil obtuvo al menos 10 mil millones de pesos en contratos desde su llegada a México en 2007, y aumentaron bajo la Presidencia de Peña Nieto.

Mota-Engil México es dirigida por José Miguel Bejos, un empresario mexicano considerado por muchos como uno de los amigos más cercanos a Peña Nieto, junto con Luis Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social en el anterior Gobierno priista.

Un primo del empresario amigo de Peña Nieto, Javier García Bejos, fue funcionario en el Gobierno del expresidente en la Secretaría de Desarrollo Social, que lideró Luis Miranda, de 2016 a 2018. Según crónicas políticas, Miranda fue el enlace entre el expresidente y el empresario.

Además de dirigir Mota-Engil México, José Miguel Bejos (hijo de Alfredo Miguel Afif, empresario ligado a gobiernos priistas del Estado de México), dirige también Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Grupo Prodi), una compañía creada apenas unos meses antes de que Peña Nieto asumiera la Presidencia del país. Ya en la Presidencia, el anterior Gobierno le asignó varios contratos a Grupo Prodi y Mota-Engil.

En Jalisco Mota-Engil y Grupo Prodi, junto a otras dos empresas, ganaron dos de los principales contratos para la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara: el Viaducto 1 que es el tramo elevado de Zapopan a Guadalajara, además de la construcción del túnel por el centro de la capital de Jalisco. Como el resto de la obra, tanto Grupo Prodi como Mota-Engil no solo no cumplieron con los plazos pactados inicialmente, sino que incrementaron los costos de las obras.

Seguramente cuando López Obrador hablaba de la “mafia del poder” tenía en mente relaciones cercanas entre gobernantes y empresarios, y algunas de ellas forjadas en los campos de golf, como fue el caso de José Miguel Bejos y Peña Nieto.

Por eso sorprende mucho que ahora Mota-Engil que dirige Bejos sea una de las empresas ganadoras de los contratos para la construcción del Tren Maya.

Más allá de las observaciones del organismo fiscalizador, no parece haber duda de que José Miguel Bejos fue uno de los empresarios favoritos en la Presidencia de Peña Nieto. Y hoy, paradójicamente en un Gobierno que prometió separar el poder político del económico, nuevamente se ve favorecido con contratos en uno de los proyectos insignia del Gobierno de la 4T: el Tren Maya.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

El camino a las expropiaciones

Raymundo Riva Palacio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se está radicalizando. Al mismo tiempo, apura su proyecto endogámico. En tres días se dieron tres acciones en ráfaga que, si de manera individual son preocupantes, vistas en su conjunto configuran una amenaza para millones de mexicanos. Las acciones violentan el Estado de Derecho que dice defender, y pretende abolir eventualmente la propiedad privada –protegida por los artículos 14 y 27 constitucionales-, bajo la premisa lópezobradorista que el Estado dejará de ser “gestor de oportunidades”, y se convertirá en “garante de derechos”.

Los derechos para el presidente tienen que ver con la justicia, no con la aplicación de la ley, por lo que garantizarlos, en su racional, es subjetivo, discrecional y sujeto a fobias. Pese a que no ha terminado de arrasar los contrapesos, la posibilidad de que reoriente a la nación bajo esas líneas, es enorme. El rumbo ideológico que sigue López Obrador está definido en un párrafo en la página 22 del ensayo que publicó el sábado sobre su política económica, para “desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del mero crecimiento”.

“Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y la riqueza”, subrayó. Los conceptos no son lo mismo, pero los vincula para enterrar la medición del crecimiento mediante el Producto Interno Bruto, cuando al empezar a ver decrecimientos y rozar el cero por ciento, contra el 2% prometido para este año, se deshizo de ese criterio con la intención quizás que el costo del fracaso de su política económica no se le transfiriera a su imagen personal, sobre la cual descansa el proyecto de gobierno.

El PIB mide la productividad de una sociedad, la distribución de la riqueza permite la evaluación sobre la desigualdad económica, que eventualmente ayuda a diseñar políticas públicas para frenarla o erradicarla. La distribución del ingreso permite ver la relación entre la población y el ingreso nacional, y la aportación que cada individuo o empresa aporta a la generación de valor. López Obrador no aclaró a qué se refería específicamente al incorporar la distribución del ingreso como una de sus variables fundamentales en la política económica de su régimen, ni qué pensaba hacer. Pero hubo una sincronización con Morena, su partido, que esboza el propósito.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena, propuso dotar al INEGI de facultades constitucionales para medir la riqueza en el país. “Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada”, destacó. “Ya no se trata de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”. Las dos se miden ya, mediante el Coeficiente de Gini, pero no es un error de Ramírez Cuéllar. La intención sugiere objetivos ulteriores.

Su premisa, cuando habla de una riqueza “inobservada”, es que hay ingresos ocultos y, por tanto, de procedencia ilícita, por lo cual plantea que el INEGI tenga acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria para que pueda ver la información financiera y bursátil de las personas. “El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano”.

Quiere modificar el sistema jurídico para que la fiscalización con fines de hacerla pública la haga un órgano autónomo, no el gobierno, que hoy en día tiene toda esa información, obligado por la ley para mantenerla privada, con fines recaudatorios. La propiedad privada llevada al campo de la política, la polarización, y el linchamiento. Por lo mismo, se puede argumentar, para crear condiciones para expropiaciones en un nuevo entorno nacional donde el Estado sea “garante de derechos”.

La temporada de caza sobre el sector privado está abierta, en varios campos. En menos de tres semanas López Obrador también se ha referido a las Afores, cuyos más de cinco billones de pesos son manejados por los bancos privados. El presidente ha tenido la tentación de meterse en ellas y jalarlas para disponer de más recursos, pero las condiciones no se le habían presentado hasta la actual crisis del coronavirus, que le dio el espacio para insistir que tras la emergencia sanitaria, buscará una solución a lo que se hizo “en el periodo neoliberal de privatizar los ahorros”. A buen entendedor pocas palabras. Desde finales de abril, el diputado de Morena, Edelmiro Santiago, propuso reformar la ley para que sea el Banco del Bienestar quien administre las Afores.

López Obrador quiere construir un Estado de bienestar a la mexicana, que proteja a los pobres de las desigualdades sociales, desventajas “y otras calamidades”. El planteamiento es política, social y éticamente correcto, pero la medicina para hacerlo es lo que genera preocupación. En su propuesta, Ramírez Cuéllar le vuelve a dar sentido al todo. Ese Estado de bienestar, como lo concibe López Obrador, quiere que quede plasmado en la Constitución, que de certeza “de lo que será la nueva normalidad”.

Esa “nueva normalidad” la estamos viendo: las leyes actuales no sirven y hay que cambiarlas. Mientras eso sucede con un Congreso a modo, se violan, como sucedió con el decretazo del viernes que elimina la inversión privada en energías limpias. Por medio de la ilegalidad y de la amenaza se va construyendo el Estado de bienestar tropical. Los órganos reguladores son hostigados hasta que se colonizan, porque como los medios, sometidos a ataque sistemático, también representan una molestia para López Obrador. Ramírez Cuéllar añadió cuerpo a la meta presidencial: un Acuerdo Nacional y de Solidaridad, tutelado, excluyente y represor. Las semillas del nuevo México, están plantadas.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Para quienes estamos atentos a las conferencias de las autoridades de salud, que informan acerca del avance de la pandemia de Covid-19, nos conviene saber “otros datos”, parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, relacionados con la pandemia, para entender la magnitud del problema sanitario que estamos enfrentando no sólo como nación, sino a nivel gobal.

De por sí hay voces que dudan de las cifras oficiales, sobre todo si las comparamos con las de otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, las autoridades reportan 90 mil muertos, y 1 millón 500 mil contagios.

En Reino Unido, España, Francia e Italia, las cifras son también escalofriantes, pero en México -aunque ya rebasamos la mortalidad registrada en China, con poco más de 5 mil muertes- la situación es manejable aún, pues a pesar de nuestra precaria infraestructura sanitaria, aún no se rebasa la capacidad instalada en cuanto a pacientes que han necesitado hospitalización, y aún hay espacios en el rubro de los que necesitan cuidados de terapia intensiva.

Sin embargo, existe un subregistro tanto en el aspecto de la morbilidad (que se refiere al número de casos registrados), como en cuanto a la mortalidad (que se refiere a los decesos).

¿De qué tamaño es ese subregistro? No sabemos. Las autoridades no niegan esta realidad, pero debido a que la gente muere sin pruebas, no se puede determinar a ciencia cierta si se trató de un caso de Covid-19, o algo que se le parecía, pues no olvidemos de que se trata de una especie de neumonía atípica, que provoca una inflamación generalizada.

Un reportaje divulgado ayer por la organización Mexicanos Contra la Corrucpióni, revela que en la Ciudad de México “hay al menos 4 mil 577 actas de defunción en las que se asienta que la causa confirmada o probable de esas muertes fue Covid-19, una cifra tres veces más alta a la que ha reportado el gobierno capitalino”.

Esos 4,577 fallecimientos corresponden al periodo de 18 de marzo al 12 de mayo.

“En 3,209 de esas actas se incluye a Covid como sospecha o probable causa de defunción. En 323 se consigna que es Covid confirmado. Y en alrededor de un millar dice Covid, o coronavirus o Sars Cov 2”.

Comparativamente hablando, el 12 de mayo el gobierno de la Ciudad de México reportaba 937 defunciones por Covid-19.

El gobierno federal, a su vez, en su portal oficial reportaba 123 fallecimientos sospechosos de coronavirus en la capital.

“La diferencia entre lo que asientan 4,577 actas de defunción hasta esa misma fecha habla de otra realidad: habría hasta tres veces más muertes en las que hubo sospecha o confirmación de Covid-19”, cita Mexicanos Contra la Corrupción, con lo cual se comprueba lo divulgado por medios internacionales.

Oficialmente, entonces, solamente se reconocen los casos confirmados. Y aunque el gobierno federal decretó que se enlisten como casos “sospechosos” de Covid a todos los que mueran con sintomatología parecida, lo cierto es que ante la falta de una prueba contundente, todo quedará a ojo de buen cubero, y al criterio de los médicos que firmen las actas de defunción.

Estamos, por lo tanto, ante un terreno minado. Fuera de lo que se confirme, lo demás es ir a ciegas. Estamos en el terreno de las probabilidades, entre el puede o no puede ser.

El gobierno federal nunca ha negado que haya subregistros. De hecho, siempre se dijo que por cada caso confirmado de Covid-19, habría entre 8, 10 y hasta 12 casos más que no se confirmaron. En las entidades de la República Mexicana esa cifra de subregistro puede ser mayor.

Por lo tanto, estamos ya ante decenas de miles de casos positivos, y ante unas 10 mil muertes, considerando las confirmadas y las sospechosas.

Señalan que el gobierno esconde algo, pero a estas alturas un caso o mil casos no hacen la diferencia. Guerrero, por ejemplo, se está pitando de rojo. Y aunque siguen 10 municipios libres de contagios y de riesgo, eso es apenas 10 por ciento del total del territorio estatal, y una mínima parte de la población, porque estamos hablando de pueblos pequeños, en cuanto a territorio y población.

En una pandemia como la que estamos viviendo, siempre se hablará de “aproximaciones”, y para efectos de control epidemiológico, de algo se tiene que partir. El programa “centinela” con que cuentan los epidemiólogos es solamente un instrumento y es inexacto. Así es en todo el mundo. Las cifras oficiales sólo son un parámetro que nos deja ver la magnitud de la pandemia.