La crisis que viene
Raymundo Riva Palacio
Atención, atención. Se está
gestando una crisis mayúscula. El 30% del 30% de las medicinas que se necesitan
y que se pusieron a licitación en noviembre, no se adquirieron porque el
concurso quedó desierto, y el 70% restante del total de los medicamentos más
necesitados y especializados, simple y llanamente, no se licitaron. Esto
significa que no hay suficientes medicinas para abastecer las necesidades de
este país, y está abriendo un riesgo donde, literalmente, lo que está en juego
es la vida de muchos.
Esto es resultado la
consolidación de las compras de gobierno, idea de Raquel Buenrostro, que inició
en el gobierno como oficial mayor de Hacienda. En octubre de 2018, el entonces
presidente electo Andrés Manuel López Obrador le instruyó a no comprar nada,
porque iban a revisar todo. Como sucede cada fin de sexenio, la administración
saliente dejó de firmar contratos y licitaciones antes de la elección
presidencial. Cuando les llegó el lineamiento del gobierno entrante que no se
les ocurriera comprar nada, ya todo estaba detenido.
La racional del gobierno era
limpiar la corrupción. Lo irracional del proceso fue no planear ni contar con
alternativas reales. Una figura que ha contribuido de manera determinante a la
crisis del abasto es el doctor José Alonso Novelo, sin experiencia en la
administración pública y dedicado a la cría de cerdos, a quien conocía el
presidente por haber sido pediatra de familiares, y lo nombró director de la
Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios.
Novelo cerró la puerta a
toda la industria químico farmacéutica, y bajo la bandera de luchar contra la
corrupción frenó el desarrollo de nuevos productos, la autorización de los
estudios clínicos para nuevos medicamentos,
y canceló los comités de expertos que evaluaban las nuevas moléculas. Clausuró
las líneas de producción de varios laboratorios en la Ciudad de México y
Guadalajara, y frenó la renovación de registros para medicamentos nacionales.
A Buenrostro la asesoró el
actual subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y llevó a López Obrador un diagnóstico
equivocado, donde redujo todo a señalar que las empresas distribuidoras eran un
monopolio que elevaba los costos y generaban corrupción. La acusación,
reiterada hasta el cansancio en las comparecencias públicas matutinas del
presidente, ha sido contra tres empresas, Pisa-Dimesa, Maypo y Fármacos
Especializados, que de acuerdo con esa versión, manejaban el 60% de las compras
y estaban vinculadas con políticos cercanos al ex presidente Enrique Peña
Nieto. Hasta el momento no han identificado a ninguno de esos políticos, pero
con respecto al monopolio, la aseveración es falsa. Además de esas tres
empresas, existen más de 20 distribuidores de alto nivel.
Lo que se consumó con la
política instrumentada por Buenrostro fue alterar la cadena de suministro al
romper el modelo de compra-distribución, que detonó el desabasto de medicinas
desde hace casi un año. Todo el esquema fue desmantelado por las acciones del
gobierno, que cuando empezó a darse cuenta de lo que había provocado, el
presidente le pidió al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio
Sandoval, que el Ejército entrara al rescate. Los militares dijeron que no
tenían la capacidad para atender ese tipo de necesidad, además de no tener los
vehículos refrigeradores que se requerían para las medicinas. Nuevos
distribuidores buscados por el gobierno, tampoco pudieron cumplir con el
trabajo.
El desabasto de medicinas y
la suspensión de los tratamientos, ya ha sido asociada a la muerte de varios
menores y las afectaciones irreversibles en otros niños, jóvenes y adultos. Hay
casos de niños cuya muerte está directamente asociada en tiempo a la suspensión
de tratamientos, así como también el deterioro en la salud de varios pacientes
de sida. La falta de tratamientos está colocando a médicos en la disyuntiva de
empezar a rechazar enfermos de sida porque no tienen medicamentos para
completar sus tratamientos, y todo apunta a que van a empeorar las cosas.
La licitación de noviembre
fue únicamente para el 30% de los medicamentos necesitados –la tercera parte de
este porcentaje quedó sin abastecerse porque el concurso se declaró desierto-,
y el 70% restante se iba a resolver en mesas de negociaciones especializadas.
Sin embargo, por problemas de organización, mesas de enfermedades tan sensibles
como la de ontología, retrovirales e hiperintensivos, nunca se llevaron a cabo.
Esto provocó que el 70% de esos medicamentos que tenían que haberse licitado entre
enero y febrero, no se concursaran.
Ante esta emergencia, la
nueva oficial mayor de Hacienda, Thalía Lagunes, emitió un decreto el 28 de
enero para autorizar a la Secretaría de Salud a importar medicamentos sin
registro, y extendió los contratos vigentes de 2018 de las mismas empresas
contra las que despotrica regularmente el presidente. Esto trajo distorsiones
adicionales al mercado. Por un lado se repitió lo que sucedió previamente
cuando Buenrostro y López-Gatell adquirieron un nuevo producto para el sida,
que de acuerdo con datos de la industria, costó tres veces más de lo que se
venía pagando por el.
Por el otro, al cancelar las
compras, se cancelaron los pedidos, por lo que la producción de medicamentos
para México, se suspendió. Una externalidad de esto es que un alto número de
empresas en la industria químico-farmacéutica están en quiebra y están
vendiendo sus inventarios a muy bajo costo, que repercutirá en el futuro. Al
tomarse el precio más bajo como referencia, el gobierno no podrá adquirir el
mismo medicamento a ese precio, que fue de remate.
En la actualidad, el
gobierno está comprando en el mercado internacional las medicinas que necesita
a cualquier precio que encuentre. La decisión presidencial resultó más cara y
políticamente es una bomba. Ya hay muertos asociados con la política de
consolidación de compras y daños irreversibles por la escasez de tratamientos.
La incompetencia nos está costando mucho.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
