Lilia Arellano
*Impulsan reformas sin
proyecto de Nación
*Pretenden allanarle el
camino a Morena para 2021
*AMLO insiste en
recortar los recursos para partidos
La agenda legislativa de Morena y sus aliados son
fundamentales en este momento para México, pues tienen la mayoría tanto en el
Senado de la República como en la Cámara de diputados para sacar adelante y
aprobar las modificaciones al marco constitucional y legal vigente. Todo parece
indicar ésta será enfocada no en diseñar o moldear un nuevo proyecto de Nación,
ni siquiera un cambio de régimen, sino en la intención pura de mantener el
poder y seguir ejerciéndolo como hasta ahora lo han hecho, sin cortapisas. De
ahí se espera empujen elevar a rango constitucional la política social del
gobierno, la cual tiene una orientación eminentemente electoral; la disminución
de recursos públicos a partidos políticos, pues ahora Morena y AMLO cuentan con
amplios recursos financieros federales para sus programas, con el fin de
disminuir la fuerza de sus adversarios; así como una nueva reforma electoral y
la integración de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE),
favorables a su proyecto político.
También se espera la presentación de las iniciativas en
materia de seguridad y administración de justicia, en donde destacan los
cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo se ha adelantado la discusión de modificaciones al sistema financiero,
para impulsar el desarrollo económico del país. Ambas habrán de ser discutidas
con los grandes grupos bancarios con actividades en territorio nacional, además
de una nueva reforma fiscal y la regulación del outsourcing.
Hasta el momento, la mayoría de Morena y sus aliados en el
Congreso no han encontrado obstáculos para establecer un nuevo entramado
jurídico para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como las reformas
constitucionales que dieron origen a la Guardia Nacional, la contrarreforma
educativa o la revocación de mandato. Asimismo, la estructura de los súper
delegados del gobierno federal en las entidades de la República, y la creación
del Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi), entre otras. El Congreso de
la Unión ha estado al servicio de la administración de AMLO, sin importar la
débil oposición del PAN, PRI o PRD. Morena y sus aliados políticos, se ha
visto, no gozan de independencia y están dominados por la agenda del titular
del Ejecutivo federal. Las voces independientes, como la de Porfirio Muñoz
Ledo, simplemente son acalladas y dejadas de lado.
La voluntad del presidencial es la única prioridad, pues
saben en Morena él es el gran elector, quien definirá en definitiva las
candidaturas a cargos de elección popular en los próximos comicios. Además de
ésta, otro indicativo es la necesidad de conservar el poder a toda costa y
Morena y sus aliados tienen todo, de aquí hasta la próxima elección de 2021,
para hacer su voluntad, para poder sacar, retrasar, reformar lo que deseen,
porque cuentan con las mayorías necesarias. A pesar de haber prometido ser una
clase política diferente, se están comportando como cualquier otro partido que
gana mayorías y tiene el control del Ejecutivo, es decir, su prioridad es la
agenda del presidente.
Y en esa prioridad, de acuerdo con el coordinador de los
diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, su bancada dará preferencia a la
reforma al artículo 4º de la Constitución, a fin de elevar a rango
constitucional la política social del gobierno federal. Esto tiene una
finalidad eminentemente electoral y toda la estructura territorial del
lopezobradorismo está concentrada en ello. Los legisladores morenistas y sus
aliados pretenden que la pensión para adultos mayores, la beca universal para
jóvenes en preparatoria y la pensión para personas con discapacidad se
conviertan en derechos sociales permanentes y exigibles.
Recorte a partidos
Y enmarcada en la próxima batalla electoral, cobra gran
relevancia la reforma constitucional para reducir el 50 por ciento del
financiamiento a partidos políticos, a fin de debilitar su estructura
financiera. Delgado adelantó plantearán: en vez de ser 70-30 el reparto de las
prerrogativas a los partidos, que sea 60-40 e incluso 50-50, con el fin de
tener más equidad en la distribución.
Durante su la mañanera, López Obrador evidenció un total
cambio de opinión en este tema. Cuando era candidato presidencial de oposición
defendió con todo el financiamiento a los partidos políticos, pues de ahí
dependía el patrocinio a sus actividades e intereses electorales. Ahora, ya
como presidente de la República adelantó enviará una iniciativa para recortar a
la mitad el presupuesto de los partidos políticos, y descartó vaya a promover
una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) para la designación de
consejeros. “No queremos que se vaya a interpretar que queremos un instituto a
modo, queremos que el instituto sea independiente y que garantice la
democracia, que ya no sea un instituto como lo fue durante décadas, palero, que
actuaba por consigna, que se hacían de la vista gorda, que permitían los
fraudes electorales, que no garantizaban la voluntad del pueblo”, señaló.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de una reforma al
árbitro electoral y respecto a la resistencia de consejeros a reducir sus
percepciones para que queden por debajo de lo que gana el titular del Ejecutivo
federal, AMLO indicó: “Lo que tiene que ver con los sueldos, nosotros vamos a
seguir insistiendo, le sacan la vuelta con amparos, pero nosotros vamos a seguir
ejerciendo nuestro derecho de presentar iniciativas de ley, de reformas a la
Constitución, hasta que quede claro para que el Poder Judicial no pueda
interpretar, sino que se ajuste al espíritu y a la letra de la Constitución (…)
No vamos a aceptar el que haya sueldos elevadísimos que son un insulto en un
país con 60 millones de pobres, es ofensivo, eso no se va a permitir, todavía
no se termina este asunto. Trátese del INE o de cualquier otra institución del
gobierno federal”.
Respecto a la reducción de recursos a los partidos políticos
señaló: “Nada de que ya se pusieron de acuerdo y votaron en contra, vamos
nosotros a presentar una iniciativa, nada más vamos a esperar unos días más y
va una iniciativa para la disminución a la mitad del presupuesto de los
partidos políticos, tiene que haber austeridad republicana”.
Desde el año pasado, los dirigentes nacionales de los
partidos de oposición han rechazado la propuesta de Morena y sus aliados de
reducir el financiamiento a partidos políticos, pues consideran será usado el
dinero público como mecanismo de control en los procesos electorales. El
dirigente del PAN, Marko Cortés, advierte no permitirán que “en esta realidad
de un poder hegemónico se caiga en la tentación de debilitarlos, por lo cual
planteó revisar fórmulas de distribución de recursos (…) Lo que nosotros vemos
es que el actual gobierno quiere tener la cancha, quiere tener el árbitro y
quiere traer el balón, esto es imposible en una democracia”.
Legisladores del PRI reiteraron su oposición a cualquier
iniciativa de ley que pretenda disminuir dicho financiamiento a estos
institutos políticos, porque, desde su perspectiva, esto significaría llevarlos
a “la muerte por inanición”, como lo expresó René Juárez Cisneros, coordinador
de esa bancada… El senador priísta Miguel Ángel Osorio Chong indicó junto con
los otros partidos opositores actuarán como grupo de contención para impedir el
avance de iniciativas que, a su juicio, vulneren los derechos humanos, como es
el caso del proyecto judicial el cual se filtró en días recientes o proyectos
que laceren el desarrollo.
En cuanto a la elección de los próximos consejeros del INE,
el morenista Mario Delgado argumentó va a ser un proceso transparente, público,
apegado a la ley, en el cual se llegará a perfiles independientes, con
experiencia y sobre todo honestos y con una convicción democrática profunda. El
legislador indicó se está en revisión de lo relativo a la convocatoria, para
establecer criterios de transparencia, equidad, para que no haya cuotas ni
cuates. Delgado mencionó también las iniciativas en materia de seguridad que
recibieron del secretario Alfonso Durazo, así como cambios a la Ley Orgánica de
la Fiscalía General de la República.
