13 febrero, 2020 |

Investigarán presunta corrupción en la operación del Programa de Fertilizante

IRZA

CHILPANCINGO. El subsecretario de Agricultura en el gobierno federal, Miguel García Winder, se comprometió ante organizaciones campesinas de Guerrero a investigar presuntos actos de corrupción en la operación del programa de fertilizante Gratuito durante el 2019.

El funcionario federal, quien vino este miércoles a Chilpancingo para presentarse como encargado de este programa en sustitución de Jorge Gage Francois, tuvo su primer encuentro con las agrupaciones de productores del campo que en el 2019 denunciaron las irregularidades registradas durante la entrega de este insumo.

Una de las organizaciones que se reunió con Winder, fue la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), cuyo vocero, Marcos Reyes Campos, señaló que el funcionario federal se comprometió también a investigar a ex servidores públicos que hayan incurrido en actos de corrupción en la ejecución de este programa, como sería el caso de Gage Francois.

Reyes señaló que en el encuentro que se desarrolló en las oficinas de la Delegación estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) él le expuso a Winder que entre las fallas que tuvo el programa de fertilizante fue el sobreprecio de los bultos y de la semilla mejorada que por cierto no estaba certificada.

“Nosotros hemos sido los principales en pedir que se aclaren los precios de licitación de la adquisición de estos productos”, señaló.

Reyes dijo que la UNTA va a estar muy al pendiente de las investigaciones para saber cuál realmente fue el recurso que se ejerció en estas compras por parte los que fueron encargados del programa.

Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia mañanera que ya ordenó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realice una investigación a funcionarios que habrían incurrido en actos de corrupción en la ejecución de este programa.

En el 2019 hubo entre 50 mil 60 mil productores de maíz que se quedaron sin fertilizante ni semilla mejorada pese a que estaban inscritos en el padrón de beneficiados, dijo Reyes Campos.

Además de que todavía no existe certeza sobre cuántas toneladas de maíz se produjeron en este ciclo agrícola primavera verano del 2019, producción que habría caído dramáticamente en Guerrero como consecuencia de que miles de campesinos se quedaron sin el abono y a que el año pasado se registraron lluvias escasas.

Antes las reuniones, de manera separada, con las organizaciones campesinas, García Winder estuvo en la residencia Casa Guerrero, en donde desayunó con el gobernador Héctor Astudillo; el delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval; y el Secretario de Desarrollo Rural estatal, Juan José Castro Justo.

Reyes Campos afirmó que se planteó al funcionario que se establezca inicialmente un padrón preliminar cruzando padrones de otros programas del campo como el del Programa de Apoyo a Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), para luego elaborar un listado confiable.

También se le planteó que en la elaboración de este padrón se realicen asambleas comunitarias en las que participen los campesinos y autoridades ejidales, además de otros líderes de los mismos productores.

Luego refirió que se pidió a Winder que este programa del fertilizante se blinde debido a que en este año inicia en Guerrero el proceso electoral que culminará con las elecciones a gobernador, alcaldes y diputados locales en junio del 2021.

“Este programa siempre estará asediado por el ánimo de ser usado para generar votos, por lo que debe blindarse para que esto no lo lleve el fracaso”, expuso.

También se le planteó a Winder que debe cuidarse que el programa esté alejado de los partidos políticos.

En la reunión se le dijo al subsecretario que el programa del fertilizante debe funcionar tomando en cuenta tres elementos: el padrón de beneficiarios, reglas de operación de manera transparente y acompañamiento técnico.

Emilio Lozoya es detenido en España luego de nueve meses de prófugo

Agencias

MADRID. El Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España detuvo este miércoles al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin en un complejo de lujo en la ciudad andaluza de Málaga.

El funcionario federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto es reclamado por la justicia mexicana por los presuntos delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso Odebrecht.

Este jueves, Lozoya será puesto a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Ismael Moreno, donde se fijará su situación jurídica para enfrentar la petición de detención con fines de extradición que México solicitó en mayo de 2019.

“Detenido en las inmediaciones de una urbanización de #Málaga un exdirector general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación ente la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional. Había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público”, posteó por la tarde la Policía Nacional en su cuenta de Twitter.

Lozoya es uno de los miembros de más alto rango del gobierno de Enrique Peña Nieto en ser detenidos –además de la exsecretaria Rosario Robles—, luego de permanecer nueve meses prófugo, pues un juez liberó las órdenes de aprehensión que había solicitado la Fiscalía General de la República.

El extitular de Pemex también enfrenta acusaciones por la compra-venta de la planta chatarra de Agronitrogenados, que supuso un desfalco de gran calado para la nación.

A través de su defensa, que lleva el abogado Javier Coello Trejo, el exdirector de Pemex llegó a señalar al expresidente Enrique Peña Nieto de estar informado de la adquisición de la planta chatarra propiedad de AHMSA y por la que se pagó un precio millonario.

La Fiscalía General de la República de México confirmó por medio de Twitter la detención del ex funcionario.

“Efectivamente después de un largo peregrinar con la orden de aprehensión y con Interpol y en este caso de la policía nacional, logramos la detención”, detalló el fiscal general de México, Alejandro Gertz, en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva.

El Grupo de Localización de Fugitivos, una unidad élite de la Policía Nacional, logró ubicar a Lozoya en una urbanización de lujo de la Costa del Sol.

Citando fuentes policiales españolas, el diario El País señala que el exdirector de Pemex prácticamente no salía de la vivienda donde vivía.

A partir de la puesta a disposición de Lozoya, el juez de instrucción determinará el futuro del detenido, la Fiscalía General de México podrá iniciar, a través de los canales diplomáticos, el proceso para solicitar su extradición presentando las pruebas de su propia investigación que justifiquen la reclamación del acusado.

Tres exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht declararon que Lozoya había recibido 10 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016 a cambio de recibir contratos de la petrolera mexicana, sin embargo, el caso no avanzó en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La FGR obtuvo el 4 de julio de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht contra Lozoya, su esposa Marielle Eckes, su madre Gilda Austin (posteriormente detenida en Alemania), su hermana Gilda Lozoya y la empresaria Nelly Aguilera, que les involucran en los manejos del primero en Pemex.

Debido a que Lozoya fue considerado prófugo de la justicia al abandonar el país, fue que México solicitó la ficha roja de la Policía Internacional (Interpol).

En aquel momento, el comunicado de la FGR recordaba que la investigación se había iniciado en enero de 2017 por la entonces procuraduría general de la república, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. No obstante, durante dos años el caso no fue judicializado, esto es durante la gestión del procurador Raúl Cervantes Andrade y del encargado del despacho Arturo Elías Beltrán, “en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable”.

Asimismo, el 28 de mayo, la Fiscalía mexicana también obtuvo una orden de aprehensión contra Lozoya Austin y Alonso Ancira Elizondo, dueño de AHMSA, detenido en España por el caso de la compra-venta de Pemex de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio de más de 100 millones de dólares.

Real Neyvy fue más letal

ALDO VALDEZ SEGURA

Encuentro de poder a poder y de alto voltaje fue el que protagonizaron Real Neyvy y Telmex, dando como resultado que el primer equipo citado se impusiera 4-3, para así embolsarse los puntos que dejó la jornada número 11 de la liga Premier de futbol en su categoría libre.

De lo sucedido fue testigo el campo 2 de Blanco. Desde que el nazareno hizo sonar su silbato, indicando el inicio de las acciones, los dos equipos se fueron con todo al ataque en busca de los goles, los delanteros tuvieron varias pero recién estaban afinando su puntería.

Los arqueros no tuvieron tiempo ni de parpadear, ya que las aproximaciones fueron frecuentes, la artillería de Real Neyvy fue más efectiva a la hora de estar frente al marco rival, estando frente al objetivo no perdonaron, Telmex intento emparejar los cartones pero tiempo ya no les fue suficiente.

Los Zankass están invictos

ALDO VALDEZ SEGURA

El equipo de Zankass anda que no creen en nadie, ya que no han conocido la derrota ni el empate, pero en la fecha 11 de la liga Premier de futbol en su categoría libre tuvieron una dura tarea, derrotar a Cecsa, escuadra que puso resistencia y lucho hasta el último instante, 2-1 fue el marcador final.

Acciones que se desarrollaron en el campo 1 de Blanco. Una primera mitad en donde los dos equipos libraron una guerra sin tregua para hacerse de la posición del esférico, sin que nadie pudiera establecer un domino, así que en ceros se fueron al descanso.

Para la parte complementaria, la intensidad no bajo, al contrario, los dos querían ganar el cotejo, así que echaron toda la carne al asador y Humberto Cruz, adelanto a los Zankass, Cecsa no se dejó y por conducto de Cristian Molina empataron, pero desde el manchón de penal, Jean Pierre Maldonado dio el triunfo a Zankass.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Después de Lozoya, ¿Peña Nieto?

Raymundo Riva Palacio

Andrés Manuel López Obrador inició un camino que no tiene retorno. Al solicitar la Fiscalía General que Interpol finalmente detuviera en una urbanización de Málaga, a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, trajo a la arena pública la Caja de Pandora que el presidente había dado muestras fehacientes que no quería abrir: llevar a juicio su antecesor, Enrique Peña Nieto. No estamos en la víspera de que eso suceda, pero la captura iniciará el proceso para extraditarlo. Será largo, y como se ha visto en el caso de Alonso Ancira, vinculado a Lozoya en presuntos actos de corrupción, la justicia española no es fácil de embaucar. Ancira no ha podido ser extraditado, luego de casi ocho meses de haber sido detenido en España. Pero en algún momento regresará Lozoya a México, y hablará contra Peña Nieto.

López Obrador no quiere actuar contra Peña Nieto, a quien le tiene afecto y le reconoce que, como habían quedado mediante intermediarios en mayo de 2018, no intervendria en la campaña. López Obrador lo ha cuidado tanto, que un emisario de Palacio Nacional habló con Juan Collado, abogado del ex presidente, para que lo sacara del país y le quitara presiones para ininiciar un proceso en su contra. Una semana después del mensaje, Collado se comunicó para informar que, en ese momento, estaban subiendo a un avión en Toluca rumbo a Madrid.

El problema parecía controlado, pero una mala racha acompaña al presidente este año y las encuestas registran caídas importantes en su aprobación. Entre 5 y 7 puntos a nivel nacional, y de casi 30 puntos en la Ciudad de México, según estudios privados. No hay forma aún de saber si la captura fue resultado de la necesidad política para encontrar una distracción importante a los males que están afectando a López Obrador. Lo que se sabe es que Lozoya llevaba cuatro semanas de haber sido ubicado en la Costa del Sol, y la policía española conocía sus rutinas y los pocos lugares que frecuentaba. La detención concluye lo que un mes antes de que saliera Lozoya del país, había acordado con el fiscal Alejandro Gertz Manero: declarar contra sus ex jefes y decir los destinos que habían tenido los dineros por los cuales lo acusaban de fraude y lavado de dinero.

Lozoya sentía que lo habían dejado solo, particularmente el ex presidente Peña Nieto, y que estaba pagando cuentas que no le correspondían. Lozoya fue nombrado en la dirección de Pemex, por petición expresa de él a Peña Nieto durante la transición. Había trabajado en la campaña presidencial como responsable de asuntos internacionales, y muy cerca de era el coordinador general, Luis Videgaray. Lozoya era amigo de Peña Nieto desde que lo conoció y promovió dentro del Foro Económico de Davos, cuando era gobernador del estado de México, y el trabajo diario con Videgaray le permitió construir una sólida relación con él.

La cercanía de Lozoya con el presidente le daba un acceso directo a Los Pinos, lo que comenzó a deteriorar la relación con Videgaray, al sentir que el director de Pemex no reconocía su jerarquía dentro del gabinete económico. A ello se sumaron otro tipo de molestias. Las críticas dentro del gabinete económico en contra de Lozoya por una gestión mala que afectaba las finanzas de Pemex al haber caído la producción petrolera, se fueron agregando a los señalamientos en contra de sus cercanos, en particular Froylán Gracia, que era el coordinador ejecutivo de la Dirección de Peñex, que se encagaba, entre otras cosas, de cobrar por las citas con su jefe y viejo amigo, como se reveló en este espacio en octubre de 2015. Videgaray comenzó a cuestionar a Lozioya y en dos ocasiones le pidió que lo cesara. En la última, en diciembre de 2015, Peña Nieto atajó bruscamente a Videgaray cuando se lo pidió. Según personas que conocieron de la plática, el presidente le dijo que no le volviera a tocar el tema de Lozoya.

Lozoya fue cesado en febrero de 2016, pero buscaron protegerlo. Peña Nieto lo quiso nombrar embajador en el Reino Unido, pero el mensaje desde Londres es que no recibiría el placet por haber sido mencionado en el escándalo de la corrupción de Odebrecht. Un amigo suyo, en ese entonces líder del PRI, Enrique Ochoa, lo quiso incorporar al Comité Ejecutivo Nacional, pero se cruzó Videgaray para que no se concretara. Aunque Peña Nieto lo siguió protegiendo con la PGR, Lozoya se volvió el ícono de la corrupción de ese gobierno. Él lo resentía, porque había hecho servicios directos al presidente, que no lo defendió.

Uno importante fue la compra de dos aviones de lujo en 2014, a través de una operación triangulada con un intermediario panameño al doble de su valor comercial, donde estuvo involucrado el general brigadier Eduardo León Trawitz, jefe de escoltas de Peña Nieto en el estado de México, y jefe de seguridad de Pemex. Uno de esos aviones era utilizado por la entonces esposa del ex presidente, Angélica Rivera. No era todo, y Lozoya parecía contenerse cada vez que se le preguntaba tras salir de Pemex. “Si yo hablara”, dijo una vez a quien esto escribe.

Hablar es lo que ofreció a Gertz Manero. Detallar cómo se asignaron obras por instrucciones de Peña Nieto y Videgaray, y en dónde pararon los recursos de empresas privadas y para qué se utilizaron. Lozoya ha dicho que es inocente de todas las imputaciones que le hacen; Videgaray también ha dejado claro que él no participó en nada ilegal o irregular. Peña Nieto no ha dicho nada. Será cuestión de tiempo para saber qué sucedió en el corazón de uno de los gobiernos más corruptos en la historia moderna de México.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Editorial

La justicia patriarcal

El reconocimiento del feminicidio como delito es el resultado de la lucha del movimiento feminista, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y científicas sociales de distintas disciplinas por comprender la especificidad de la violencia de género contra las mujeres y las formas de asesinarlas, al mismo tiempo que se enfrentaban con la negligencia del Estado para investigar estos crímenes, la estigmatización y la culpabilización de las víctimas.

El término “femicidio” fue planteado originalmente por Diane Russell en los años setentas, y posteriormente reformulado en México como “feminicidio” por Marcela Lagarde para incluir el componente de impunidad del Estado. Finalmente, el término “violencia feminicida”, quedó plasmado en el año 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y posteriormente el feminicidio fue tipificado, hasta quedar como lo conocemos hoy en día en el Código Penal Federal.

Desde entonces, organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres, como el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, han trabajado para documentar y rescatar de las estadísticas a las víctimas de esta forma extrema de violencia. Su trabajo nos ha permitido conocer y dimensionar una problemática invisibilizada. Actualmente, cada día en México diez mujeres son víctimas de feminicidio.

Las razones de género incluidas en el tipo penal permiten introducir la perspectiva de género en la investigación, y tomar en cuenta factores como el tipo de lesiones, el contexto previo de violencia de género y la exhibición del cuerpo en la vía pública, entre otros. A pesar de estos avances, la impunidad persiste, pues a las deficiencias estructurales de las fiscalías para investigar, se suman la discriminación y los estereotipos de género a través de distintos mecanismos, por ejemplo, disfrazar estos crímenes como suicidios.

El pasado 15 de enero, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, participó en una conferencia de prensa en el Senado, para describir una serie de iniciativas de reformas normativas para enfrentar la inseguridad y la falta de justicia. Las propuestas desataron una serie de preocupaciones entre la sociedad civil por ser consideradas regresivas en términos de derechos humanos y de las garantías del sistema penal acusatorio. Estas iniciativas tampoco lograron consenso al interior del gobierno, por lo que hasta la fecha no han sido presentadas formalmente.

La investigación del feminicidio no es un tema de sentido común. Por el contrario, el sentido común es patriarcal y se requieren tipos penales que permitan desmontarlo. El Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) publicado por ONU Mujeres y la Oficina de Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explica que en la investigación criminal “sólo se ve lo que se mira, y sólo se mira lo que se tiene en la mente”. Es por esto que es necesario aplicar la perspectiva de género en la investigación de las muertes violentas de mujeres y fortalecer las capacidades de las autoridades responsables.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Como un balde de agua fría cayó para la familia Lozoya, sus abogados y sus correligionarios políticos, la detención del ex titular de Pemex en España, con fines de extradición para que responda ante la justicia mexicana por los delitos de cohecho, lavado de dinero y fraude.

De inmediato, en un intento por atajar el fuego, la diputada federal y ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, emitió un comunicado para pedir justicia en este caso, y no distractores ni propaganda política, argumentando

La diputada del PRI escribió: “Estamos frente a una conducta personal, al amparo de un cargo público, por lo que sería lamentable que se utilice como instrumento de propaganda política”.

Sí y no. Se trata de la conducta personal de un alto directivo del gobierno federal, pero cuyo jefe inmediato era nada más y nada menos que el presidente de la República, en cuya campaña le tocó recolectar 5 millones de dólares de la empresa Odebretch, a cambio de contratos millonarios con Pemex, precisamente, cargo que Lozoya desempeñó hasta 2016.

Y si como dice el abogado de Lozoya que éste no se mandaba solo, y hasta mandó a citar como testigo del caso de Fertinal al ex presidente Enrique Peña Nieto, imposible que el PRI se desembarace de esta zaga político-delictiva, que implica los delitos de cochecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, así como fraude contra una empresa del Estado.

Recordemos que el caso de Fertinal no lo detectó este gobierno, sino que fue la Auditoría Federal la que en 2017 expuso el asunto, de la desventajosa compra de una de las empresas productoras de fertilizante de ese grupo, propiedad de los españoles Ancira. Primero, no sólo porque se compró a un sobreprecio de más de 600 millones de pesos, sino porque la planta era chatarra y además se adquirió con todo y sus adeudos que tenía con el Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, quien ya no tenía esperanza de recuperar su dinero, pues estaba en cartera vencida.

Es decir, fue un negocio redondo a expensas de Pemex, pero además no es el único, pues falta reabrir el caso Odebretech, que la Unidad de Inteligencia Financiera aún está documentando.

En poicas palabras, Lozoya Austin no saldrá bien librado de ésta, mucho menos el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se trata de un caso emblemático de los niveles de corrupción que permearon su administración.

Aunque los diputados priístas quieran ahora deslindarse de Lozoya, difícilmente lo lograrán. A diferencia de lo que sucedió con la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, a quien por su pasado perredista dejaron a su suerte, no podrán hacer lo mismo con Lozoya Austin, máxime que su abogado, Javier Coello, está empeñado en demostrar que su cliente sólo seguía órdenes.

El caso de Chayo Robles es tan grotesco, que podemos decir que tampoco se mandaba sola, pues incluso llegó a vender zonas naturales protegidas, y desvió dinero destinado al combate a la pobreza, usando incluso a las universidades públicas del país para ello. Por lo tanto, no sólo Robles Berlanga debe estar en la cárcel, sino los rectores que se prestaron a sus movidas.

El caso Lozoya es igualmente detestable, pues el usar dinero de la petrolera, pese a su carga fiscal y a sus cuantiosas deudas, sólo para ayudar a los cuates a salir de deudas, y para volverles a comprar bienes que ya se habían desincorporado, que además no son útiles para el sector, es algo sin nombre, es inmoral y un crimen.

Una vez extraditado, Lozoya tendrá que dar pormenores de las redes de corrupción que durante 4 años que estuvo al frente de Pemex minaron la paraestatal, y sobre todo qué papel desempeñó Peña Nieto en todo esto, pues apostemos a que a diferencia de Rosario Robles, él sí hablará de su ex patrón, quien fue el que finalmente se benefició no sólo del soborno en dólares de Odebretch, sino también de los trinquetes de Pemex.

Se acabó la fiesta para Peña Nieto, quien tras divorciarse de la Gaviota, anda de gigoló con una nueva conquista, viviendo como rey en España, por cierto.

El presidente AMLO está empeñado en recuperar el dinero que se tragó la corrupción, y qué mejor que este caso para inyectarle al instituto para devolver al pueblo lo robado.