Ninguna asociación puede constituirse aún como partido; se define en junio: INE

CIUDAD DE MÉXICO. Será hasta el próximo mes de junio cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determine qué organizaciones cumplen con los requisitos legales para constituirse en nuevos partidos políticos, aclaró hoy este órgano electoral.

Y aunque algunas asociaciones ya han alcanzado el número requerido de asambleas y afiliaciones para solicitar formalmente su registro, agregó el INE, ninguna de ellas ha cumplido todavía con el proceso establecido para constituirse en partido político.

El proceso de validación

Posteriormente, el INE realizará el análisis de toda esta documentación: verificará la validez de las afiliaciones, que estén dentro del Padrón Electoral, que no se dupliquen con las de otras organizaciones o partidos políticos, y que cumplan con todos los requisitos que fueron solicitados a través de la aplicación móvil, como el anverso y reverso de la credencial para votar, la firma y foto del ciudadano.

Al INE le corresponde garantizar la validez y autenticidad de las afiliaciones; asegurar que no participen “entes prohibidos” a lo largo del proceso de celebración de asambleas, como pueden ser organizaciones sindicales. También verificar que los afiliados se encuentren vigentes en el Padrón Electoral; corroborar que no exista “doble afiliación” entre estas organizaciones que buscan constituirse en partidos políticos con partidos que ya tienen su registro. Por último, verificar que las organizaciones cumplan con todas las obligaciones fiscales que marca la ley.

Luego de realizar todas estas verificaciones, el INE determinará en junio que organizaciones cumplen con los requisitos para constituirse en partidos políticos nacionales. Y ya después, a partir del 1 de julio, tendrán efectos constitutivos como partidos políticos aquellas organizaciones cuyo registro haya sido aprobado. Este será el último paso para que puedan participar en el proceso electoral federal 2020-2021.

Park Royal no pudo ante los Artesanos

ALDO VALDEZ SEGURA

La delantera de los Artesanos fue letal a la hora de estar frente al objetivo, con un contundente 3-1 derrotaron a Park Royal, para así embolsarse las unidades que dejó la fecha 19 de la liga municipal de futbol Teniente José Azueta.

De lo sucedido fue testigo el campo 1 de la Unidad Deportiva. Fue una primera parte muy pareja, en donde los dos equipos quisieron tener el balón en su poder sin que nadie pudiera lograrlo, pocas fueron las oportunidades que se le presentaron a los delanteros para hacer daño, en ceros se fueron al descanso.

Para la parte complementaria, la defensiva de Park Royal dejó espacios, ya no se defendían con la misma intensidad, bajaron sus revoluciones fue ahí donde se hicieron presentes los artillería de los Artesanos quienes enviaron el balón aguardar en tres ocasiones.

Zankass goleó

ALDO VALDEZ SEGURA

Con autoridad demostrada dentro del terreno de juego y reflejado en la pizarra, el equipo de Zankass se llevó a casa los puntos que dejó la jornada número 10 del torneo de copa de la liga Premier de futbol en su categoría libre al pasarle por encima a Azul Grand, 5-1 fue el marcador final.

Dicho enfrentamiento tuvo como escenario el campo 1 de Blanco, desde que el colegiado hizo sonar su silbato para que la redonda se pusiera en movimiento, fueron los Zankass quienes impusieron su ley, ellos decidieron a qué ritmo se iba a jugar.

Tuvieron las opciones más claras y solo fue cuestión de tiempo para que el invitado de honor hiciera acto de presencia, los delanteros de la escuadra de Zankass mostraron ser letales a la hora de estar frente al objetivo, sacaron metralla y dieron en el blanco.

Deportivo Hernández se impuso

ALDO VALDEZ SEGURA

Deportivo Hernández fue más letal, por lo tanto demostraron con amplia superioridad a Marea, en duelo correspondiente a la última jornada del torneo regular de la liga municipal de futbol Teniente José Azueta, 3-0 fue el marcador final de este cotejo.

Acciones llevadas a cabo en el campo 2 de la Unidad Deportiva. Fue una primera mitad en donde las dos escuadras tuvieron sus oportunidades, jalaron el gatillo de diferentes puntos del terreno de juego pero no lograron hacer daño, sus ejecuciones pasaron desviadas del objetivo.

Conforme pasaron los minutos, Deportivo Hernández no dejó de insistir y tuvieron su recompensa, a base de puro pulmón lograron llegar a terreno contrario para después hacer los goles y con ello poder doblegarlos, nada fácil al principio, pero después las cosas se fueron dando.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

La reforma no va

Raymundo Riva Palacio

La controvertida reforma judicial, que consensuada y corregida iba a presentarse ante el Senado, está en entredicho. El presidente Andrés Manuel López Obrador cambió de opinión el miércoles por la mañana, antes de ir a Querétaro a conmemorar la Constitución, y dentro del gabinete se espera su cancelación. No se ha dado explicación clara del porqué, y varios funcionarios se sorprendieron por la decisión, después de haber trabajado el paquete de iniciativas la Fiscalía General, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia. La decisión del presidente parece, de concretarse en los próximos días, eminentemente política.

La reforma preparada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, provocó polémica y una airada protesta por la violación de los derechos humanos que pretendía normalizar y legalizar, junto con la restauración del poder en el ministerio público ante lo que consideraba como fracaso del sistema penal acusatorio. Gertz Manero nunca estuvo de acuerdo con el sistema, desde que empezó a ser planteada en el gobierno de Felipe Calderón, así como durante el proceso que fue llevado a cabo por el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo gasto incontrolado e ineficiente en la Secretaría de Gobernación para la capacitación y consolidar el cambio, nunca se dio. La posición de Gertz Manero siempre fue pública, y por la coyuntura que se le abrió en la actual administración y empoderado por una autonomía sin para consolidar lo que antes era una barrera infranqueable, marchó sobre todos para alcanzar su objetivo, argumentando que el Ejecutivo no podía impedirlo.

Tres imponderables, jurídicos y de la política real, se le atravesaron. El primero fue que la Fiscalía no puede presentar iniciativas de Ley; el segundo fue el reclamo dentro del gabinete que había sido pasado por alto, y el último, el presidente. Para quienes valoran las garantías individuales y los derechos humanos, son buenas noticias que la Ley Gertz, que las vulneraba, si las señales desde el despacho presidencial se mantienen inalterables, no vaya a caminar. También, que en la decisión salomónica de conciliar los deseos de la Fiscalía con el resto del gobierno, se evite una mini reforma. El presidente quiere cancelarla en su total, con lo que también evitaría que el encono y la confrontación se acentuaran dentro de su equipo de trabajo, al decidirse por una reforma que no recogiera a plenitud las propuestas de Gertz Manero, quien está muy enojado por lo que sucedió al frustrarse la presentación de su reforma. No hay fecha para una nueva reforma judicial, pero se podría pensar que no se cruzaría con el proceso electoral del próximo año. López Obrador tiene demasiados fierros calientes sobre la estufa para añadir uno más que afecte lo que sí le preocupa, los votos.

La valoración de cancelarla ha sido unilateral, pero no se puede entender sin el contexto y el ánimo con el que anda el presidente últimamente. Funcionarios federales apuntaron el enojo que carga el presidente desde hace unas semanas ante el escenario complejo y difícil que está enfrentando, donde las cosas no están saliendo como deseaba. Las perspectivas económicas lucen oscuras para sus proyectos y programas, y no habrá manera de cambiar la inercia porque no habrá inversión privada. No tendrá recursos suficientes para el Tren Maya, ni para la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, o para otras grandes obras de infraestructura. Los inversionistas desconfían de López Obrador y consideran que no hay garantías jurídicas para la inversión, que la toma de decisiones en una persona conlleva enormes riesgos en el diseño y la ejecución.

La agencia calificadora Moody’s explicó como uno de los factores por los que como otros 10 bancos y consultoras han recortado la expectativa de crecimiento a uno por ciento para este año, es la gobernanza, que tiene que ver con la relación entre gobernantes y gobernados. Esto significa que lo que se ve en el exterior es que la forma como López Obrador está gobernando, excluyendo a dos terceras partes del país, difamándolos, atacándolos, hostigándolos y amenazándolos con los recursos del poder que causan el mayor terror, la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, que sólo lleva a una tensión en el sistema, a confrontaciones institucionales y, eventualmente, a una profundización de la ruptura del consenso nacional. Otra es cómo toma las decisiones.

Eurasia, otra consultora internacional, ha señalado que la toma de decisión en su gobierno, que depende casi en su totalidad y exclusividad de él, implica un riesgo por los enormes márgenes de error que entraña. Desde hace un año Eurasia ha venido alertando sobre la centralización de las decisiones, que reduce los márgenes de maniobra para sus colaboradores. “Como quedó claro con la cancelación del proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México”, señaló en un reporte en enero de 2019, “tomará decisiones basadas en sus creencias y preferencias personales, con asesores moderados que tienen una influencia limitada”. La experiencia en el primer año de gobierno confirmó el diagnóstico.

En el caso de la reforma judicial, a partir de lo revelado por funcionarios federales, ha seguido el mismo camino. Ni consultó a nadie de su equipo, ni lo pasó por un proceso previo de deliberación. El miércoles por la mañana comenzó a plantear la posibilidad, que tomó desprevenidos a todos. Pero nadie dijo nada. Si López Obrador quiere cancelar la reforma judicial, lo hará. Sus consideraciones no atraviesan, como ninguna de sus decisiones, salvo cuando se le convirtieron en un problema insalvable, por cálculos político-electorales. La reforma judicial se contaminó demasiado por los atropellos a la libertad, y se ha convertido en una papa política demasiado caliente. Un problema más, no lo necesita el presidente.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Editorial

La Constitución mexicana y la migración

La Constitución mexicana celebra 103 años este 5 de febrero. En definitiva, ha sido reconocida como un parteaguas en el constitucionalismo moderno al recopilar no sólo derechos civiles sino también sociales. A lo largo de ese periodo ha sido objeto de múltiples reformas, 240 hasta el día de hoy, entre las cuales destaca la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, con la cual inició un nuevo paradigma constitucional que centra la protección en la persona y reconoce derechos, no los otorga.

Es importante remarcar que precisamente a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cada derecho humano reconocido por la Constitución debe ser leído a la luz del Artículo 1, es decir, sin importar condiciones particulares de las personas, por ejemplo, extranjería o situación migratoria, todas gozan de los derechos reconocidos en la Constitución por el simple hecho de estar en territorio mexicano.

Ahora bien, el Artículo 11 constitucional tutela la libertad de tránsito y el derecho a solicitar asilo, este último derecho fue añadido al texto constitucional en 2011 y posteriormente fue modificado en agosto de 2016 para adoptar su actual redacción. En particular, la libertad de tránsito se traduce en la potestad de las personas, mexicanas y extranjeras, para ingresar, permanecer y salir del territorio mexicano sin sufrir injerencias externas, salvo las establecidas por la autoridad administrativa a través de la Ley de Migración, su Reglamento y demás disposiciones administrativas -por lo que toca al ámbito migratorio-.

Las injerencias o restricciones a la libertad de tránsito se fundan en la premisa de que ningún derecho es absoluto, por tanto, puede ser restringida siempre que las limitaciones establecidas persigan un fin legítimo, estén establecidas en ley, sean adecuadas, idóneas y proporcionales. En este sentido, la libertad de tránsito se condiciona al previo cumplimiento de los requisitos en materia migratoria, plasmados mediante las facultades de control, verificación y revisión de la autoridad migratoria, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad pública en México.

Aunque las restricciones a la libertad de tránsito responden a una facultad soberana del Estado y se contienen en la legislación migratoria, la política migratoria se ha concentrado en diversificar los actores que pueden restringir la libertad de tránsito y a través de diferentes medidas, constitucionales, pero no aplicadas bajo estándares de derechos humanos.

Finalmente, reiterar que, si bien estas medidas pueden ser frenadas por el Poder Judicial, los beneficios no se extienden a todos los casos y son muy pocas las acciones judiciales promovidas por personas migrantes que logran llegar a la Suprema Corte. Por tanto, una solución generalizada solo puede provenir de la adecuación del marco migratorio a estándares de derechos humanos y de una constante capacitación a las autoridades.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Adela no ve su suerte. Ni siquiera ahora que se fue de gira por el medio oriente, a donde irá a pedir dinero para sanear la bahía de Santa Lucía, una de las más bellas del mundo pero también una de las más contaminadas, puede estar en paz, pues sus problemas y excesos la persiguen.

Y es que su suplente en la presidencia municipal del puerto de Acapulco, Matilde Testa García, hizo pública una denuncia que presentó ante diversas instancias del gobierno federal, para exhibir los excesos de doña Adela, sobre todo su nepotismo, señalando que la señora alcaldesa acapulqueña tiene a toda su parentela metida en la nómina municipal, cobrando en varias dependencias.

Precisa que sus hermanas, cuñados y sobrinos, son los que parten el queso, se encargan de las contrataciones de obras, de asignarlas sin licitaciones, de las contrataciones de personal, etcétera, haciendo entre todos un gobierno muuuy familiar.

Matilde Testa pide que se investiguen los bienes de la alcaldesa Román Ocampo y de sus familiares directos e indirectos, en virtud de que desvía recursos públicos “a través de sus hermanos, sobrinos, cuñados, cuñadas”.

En lo que parece más bien un pleito entre comadres, pues la mujer expone que le pidió un empleo a doña Adela y ésta la despidió con cajas destempladas, diciéndole que no le daría nada porque es una ignorante, que se arrepentía de haberla elegido como su suplente, porque además había señoras ricas que le proponían meterle mucho dinero a su campaña…y cosas por el estilo.

Los señalamientos contra los parientes son también de dicho, aunque afirma que su oficio de solicitud de investigación contra Adela Román contiene elementos de prueba.

Así pues, hace ocho días le fue recibido el documento en la oficina de la Presidencia de la República, también fue sellado en esa misma fecha en la Secretaría de la Función Pública, y un día después en la Secretaría de Seguridad, en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Sistema Nacional Anticorrupción, en la Secretaría de Gobernación, en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la misma dependencia, en el grupo parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados, entre otros.

¿Qué tal? Si por ánimos no para la señora alcaldesa suplente.

No desestimamos sus denuncias sino el tono de las mismas. Por lo demás, no sería la primera vez que un gobernante recurra a la práctica del nepotismo, desde que José López Portillo nombró a su hijo José Ramón como subsecretario, por solicitud de su sucesor, Miguel de la Madrid Hurtado, llamándolo “el orgullo de mi nepotismo”, y de quien se dejó influenciar para nacionalizar la banca y defender el peso “como un perro”.

Aquí en Guerrero y sus alrededores, para no ir muy lejos, pasando por todos los municipios, hoy se estila que los candidatos registren a sus esposas, hijos o hijas como sus suplentes, para en caso de dejar el cargo para irse a buscar otro, entonces todo quede en familia.

Y esto está permitido por la ley electoral. Es decir, que la mismísima ley electoral del estado de Guerrero fomenta el nepotismo de origen. Se va el esposo, y se queda la esposa. Se va el hijo y se queda la madre, etcétera.

Por lo tanto, ¿por qué habría de sorprendernos que una vez en el poder, un gobernante no se haga ayudar de su familia, que es a la que más confianza le tiene? Jojojo.

También en los hechos, se estila que las esposas de los gobernantes encabecen una presidencia o una gubernatura bicéfala (en la presidencia de la República también ha pasado, como fue el caso de Martha Sahagún de Fox, la Jefa, quien despachaba desde sus cabañas del amor en Los Pinos), desde donde toman las principales decisiones, aún por encima de lo que sus esposos –quienes son los que realmente fueron votados-, hayan decidido.

Y ahora que se usa que las mujeres sean nombradas candidatas por ley en una proporción 50-50, los políticos que no califican por género nominan a sus esposas, pero una vez en el poder, ellos son el poder tras el trono.

Y así sucesivamente. Por lo tanto, que sirva el caso contra Adela para revisar las leyes vigentes, y para que se tipifique, de una vez por todas, el nepotismo como un delito. De lo contrario, esto será el cuento de nunca acabar.

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