Demandan Prepas Populares que un remanente se entregue a trabajadores

IRZA

CHILPANCINGO. Trabajadores de prepas populares bloquearon los accesos a la sede del Congreso local, en demanda de que se les reparta equitativamente el remanente presupuestal del 2019 como “aguinaldo”.

Los inconformes se apostaron en los accesos a la sede legislativa e impidieron el acceso y salida, de los trabajadores, así como de visitantes que acudían a solicitar audiencia con algún legislador.

Cabe mencionar que la sesión de la Comisión Permanente de este día se suspendió. Este jueves sesionará el pleno en Iguala para conmemorar el 160 aniversario de la instalación del Congreso Constituyente del Estado de Guerrero.

Los trabajadores de prepas populares dijeron: “estamos pidiendo que el sobrante del 2019 se reintegre y sea distribuido entre todos los maestros y de más trabajadores de prepas populares, que son entre 750 y 900 trabajadores”, dijo Ernesto Ramírez Mayo, de la prepa de Pochotillo, municipio de Tecoanapa.

En entrevista explicó que el presupuesto que el Poder Legislativo le asignó a prepas populares en 2019 fue de 64 millones de pesos, de los cuales hay un remanente (no se gastaron) de 2 millones 900 mil pesos.

“La propuesta que es se dé como aguinaldo porque como prepas populares no se tiene aguinaldos, no se tienen prestaciones; no se tiene derecho absolutamente a nada, son trabajos eventuales”, explicó.

Ramírez Mayo explicó que el dinero en mención está en custodia de las autoridades de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), pero que la Universidad Autónoma de Guerrero y el propio Congreso están al tanto de ese remanente que debió ejercerse en 2019.

De acuerdo con los manifestantes, en Guerrero están distribuidas 112 preparatorias populares a las que asisten alrededor de 12 mil alumnos de las localidades más apartadas del estado, especialmente de la región Montaña y Costa Chica.

Compró Lozoya astillero casi en quiebra

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. Como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, no sólo compró plantas “chatarra” de fertilizantes, sino también un astillero en España que estaba en proceso de quiebra y hoy registra pérdidas por 50 millones de euros.

La transacción registró tantas irregularidades que la petrolera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en septiembre del año pasado, por el posible delito de administración fraudulenta. 

Octavio Romero, director de Pemex, reveló que, entre abril y noviembre del 2013, a propuesta de Lozoya, el Consejo de Administración de Pemex Comercio Internacional (PMI) aprobó la compra de acciones en el astillero español Hijos de J. Barreras S.A..

“Aprobó la compra en un escenario en donde estaba por iniciar proceso de quiebra”, aseguró.

Desde Palacio Nacional, el funcionario relató en conferencia de prensa que, entre noviembre y diciembre de ese mismo año, PMI celebró un contrato de inversión con el que adquirió el 51 por ciento de las acciones del astillero.

Sin embargo, dijo, la empresa nunca participó en la administración, por lo que el control total de la compañía quedó en manos del resto de los accionistas.

“(Los otros accionistas) no sólo tomaron las decisiones importantes, sino el control de la empresa”, aseveró.

Según el funcionario, a estas malas decisiones se sumó que, en febrero del 2014, PMI contrató al astillero para la construcción de una Unidad Habitacional Flotante (flotel) para dar servicio al personal de Pemex Exploración y Producción (PEP) que trabaja en las instalaciones ubicadas fuera de la costa.

Romero reveló que el flotel, que tuvo un costo de 145 millones de euros, ni siquiera ha sido utilizado a su máxima capacidad y no se ha podido vender, ya que su avalúo arroja cantidades menores al costo de construcción.

Pemex informó que, sólo en el 2016, el astillero registró una pérdida de 5.5 millones de euros y, para 2017 y 2018, la empresa celebró cuatro contratos de construcción de buques que incluyeron un crucero de lujo de Ritz Carlton.

Para este negocio, detalló, se tuvo que comprometer una garantía 16 millones de euros, de la cual, el 50 por ciento es responsabilidad de Pemex.

El director de la petrolera refirió que, en octubre del 2018, PMI recibió una oferta de compra de acciones, misma que fue rechazada por las condiciones desventajosas de la misma.

En la revisión de la Cuenta Pública del 2017, la Auditoría Superior de la Federación aseguró que Pemex nunca manifestó los motivos por los cuales decidió mantener esa inversión y, para la del 2019, incluso recomendó realizar investigaciones e iniciar un procedimiento administrativo por las irregularidades detectadas en el caso.

“La inversión no correspondió a una actividad que debiera realizar Pemex, se omitió información de su justificación y se reportaron pérdidas, ya que Pemex no ha obtenido ninguna ganancia de su inversión en el astillero”, expuso.

Romero explicó que, tras conocer la situación, envió personal a España para analizar las condiciones de operación de la empresa.

El reporte recibido señala que el astillero tiene un patrimonio negativo, riesgo de insolvencia, ya entró en concurso mercantil o de quiebra y presenta un desequilibrio patrimonial de 50 millones de euros.

El director de Pemex manifestó que existen negociaciones para la venta de las acciones, pero con la condición de que la petrolera pueda recuperar la inversión realizada por 5.1 millones de euros y la garantía de 8 millones más.

Sin crecimiento, nada qué ofrecer: Romo

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. Alfonso Romo, coordinador del Gabinete de Crecimiento Económico, aseguró que, si la economía del País no avanza, no habrá manera de ofrecer atención a 50 millones de pobres, considerados como la prioridad del Gobierno federal.

Entrevistado al salir de Palacio Nacional, luego de formalizarse su nombramiento, el empresario sostuvo que la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador es que los funcionarios no fallen en la implementación de las políticas para fomentar la inversión y el empleo.

 “Lo que me pidió el Presidente es que nos sentáramos todos, viéramos prioridades, porque no quiere, en pocas palabras nos dijo: sin crecimiento no hay nada qué ofrecerle a los 50 millones de pobres, porque tenemos que crear empleo y tenemos que crear un entusiasmo para que México se convierta en el paraíso de la inversión que siempre hemos hablado, esa es la misión”, dijo.

 “Lo que se trata es de armonizar, la visión ya está muy clara, el Presidente tiene muy claro a dónde quiere llegar. Ahora el reto es la implementación y que no nos falle la implementación”.

 Tras una reunión privada con todo el Gabinete legal y ampliado, Romo informó que el Mandatario también pidió a sus colaboradores trabajar con eficacia y agilizar los trámites.

 “El mensaje fue crecer, quitar burocracia, implementar y darle velocidad a todo”, aseveró, tras adelantar que, esta misma tarde, se publicará el decreto para formalizar la creación del Gabinete de Crecimiento Económico.

 Por otro lado, Romo reiteró que en tres semanas se dará a conocer el plan de infraestructura del Gobierno y la Iniciativa Privada en el sector energético.

 “El plan de infraestructura se va a decidir en las próximas tres semanas, ya recibimos la propuesta del sector privado, la Secretaria de Energía con el director de Pemex, CFE van a ver esos proyectos, ya nos dio las directrices que hoy mencionó el Presidente, vamos a afinar esos proyectos y se van a anunciar”, expresó.

 El Jefe de la Oficina de la Presidencia detalló que también se alistan planes para el sector inmobiliario, vivienda, maíz y leche, entre otros.

Los Bacacheros a puro pulmón sacaron el resultado

ALDO VALDEZ SEGURA

La Darío Galeana iba ganando tranquilamente, todo pareció indicar que sin ningún problema se llevarían a casa los puntos de la fecha tres de la liga Premier de futbol en su categoría de veteranos, pero los Bacacheros a base de garra y entrega lograron darle la vuelta la tortilla para imponerse 3-2.

Lo anterior tuvo como testigo el campo 2 de Blanco, fue una primera mitad en donde tranquilamente la Darío Galeana había logrado hacer dos goles, la tarde pintaba bien, ya que tenían el control del balón y las opciones más claras, así se fueron al descanso.

Para la parte complementaria, los Bacacheros tomaron su segundo aire y con todo se fueron al frente en busca de los goles, a base de riñón lograron llegar a la portería rival y sacar potentes disparos que tuvieron como objetivo final la potería del oponente.

Petatlán se metió a terreno ajeno y se llevó el boleto a la gran final

ALDO VALDEZ SEGURA

Petatlán regresó a casa con la sonrisa de oreja a oreja, ya que se metieron a terreno ajeno y lograron salir bien librados al imponerse en el juego de vuelta de las semifinales de la liga Premier Plus de futbol 4-2 a Cardio Center, en el primer capítulo quedaron 2-1, así que el global quedó 5-4.

Duelo de alto voltaje que se registró ayer por la tarde en el campo 1 de la Puerta, los de Petatlán sabían que estaban en la obligación de arriesgar, pero fueron cautelosos, no de desbocaron al frente, tejieron bien sus jugadas para llegar a la meta rival, estaban en la obligación de ganar el juego por dos goles de diferencia.

Por su parte, Cardio Center se mostró muy apático, ya se sentían en la final pero se toparon con pared, Petatlán sacó la casta y comenzaron a marcar goles, Iván Campos hizo un doblete, Gustavo Martínez y Claudio Delgado, cada uno colaboró con un tanto, mientras que las dianas que consiguió Cardio Center fueron obra de; Jaime Díaz y Marco Ruiz.

Editorial

Regreso al punto 0

La semana pasada se publicó un borrador de la iniciativa al Código Penal Único que, si bien no se discutió, su mera existencia es por demás aberrante pues busca regresar al lugar en el que quién osaba expresarse en contra del poderoso sabía de facto que podría ir a la cárcel. La piel de nuestros políticos es tan delgada, que a pesar de que en el discurso se reconozca la pluralidad y la diversidad de opinión que amerita una democracia, la realidad es que hasta ahora todos han demostrado, sea del partido que fueren, que en sus venas esta el dejo autoritario del priismo que corta lenguas y espera alineación sin cuestionamientos.

Así, la solución para la crítica, para el escrutinio o para el disenso es el miedo que provoca una posible privación de la libertad ¿quién se animaría a investigar algo sobre algún poderoso si sabe que pasará por lo que hasta hoy ha pasado una periodista como Lydia Cacho que ha luchado 15 años por la justicia?

Al inicio del 2019, tras una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno de México pidió cinco veces perdón a la periodista Lydia Cacho por haber utilizado el aparato del Estado a través del delito de difamación para incriminarla, detenerla y, después, torturarla. En el mismo acto, el Gobierno se comprometió con las y los periodistas de México para no fungir como un censor y garantizar que, lo que le pasó a Lydia, no se repetiría con nadie más.

En la resolución, el comité recomienda como una de las medidas de no repetición para el Estado Mexicano, derogar todos aquellos tipos penales que criminalizan de una u otra forma la expresión, tomando en cuenta que todavía existen diversos estados de la República que tipifican los llamados “delitos contra el honor”. Esto es porque los poderosos abusan de las leyes penales que protegen la reputación para limitar la crítica y coartar el debate público. Finalmente, la amenaza de sanciones penales severas, concretamente el encarcelamiento, ejerce un profundo poder de disuasión sobre la libertad de expresión.

A nivel federal, estos delitos fueron derogados en 2007, tras una serie de recomendaciones internacionales y de una intensa actividad de incidencia de periodistas y sociedad civil. Por supuesto, la derogación de los llamados delitos contra el honor, no significó que los funcionarios públicos tuvieran mayor tolerancia al escrutinio público. Lo hemos visto a través de las diversas demandas de daño moral que diversos personajes poderosos han iniciado contra periodistas -el caso más reciente es el de Ricardo Salinas Pliego contra la Revista Proceso- pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto, las demandas de daño moral se dispararon 800 por ciento . Es decir, no estamos a salvo pero sí estamos en otro momento de la discusión, buscando encontrar mecanismos que permitan atacar aquellas demandas civiles que intencionalmente buscan inhibir el debate público.

No obstante, la posible aprobación de una ley como esta pone en juego nuestra capacidad de seguir participando en el espacio cívico. Casos como el Leonardo García, un ciudadano activista que fue sujeto a proceso por el delito de difamación tras exhibir un posible conflicto de interés entre funcionarios del Gobierno del Estado de Hidalgo y accionistas de una constructora debido a la mala construcción de fraccionamientos, podrían ser el pan de cada día en nuestra sociedad.

El problema de un nuevo Gobierno es que, a veces, imagina que el mundo empezó con los nuevos funcionarios y que también terminará con ellos. La megalomanía de algunos es tanta, que se olvidan de la historia, del camino que les permitió llegar a donde están.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Sergio Aguayo y la amenaza para todos

Raymundo Riva Palacio

Sergio Aguayo, académico, investigador y colaborador semanal de Reforma, perdió una demanda por daño moral frente al ex gobernador de Coahuila y ex líder del PRI, Humberto Moreira, por lo que tendrá que pagar 10 millones de pesos. Eso determinó un tribunal de la Ciudad de México, donde pasaron por alto el conflicto de interés de su juzgador, que borró la legitimidad en el proceso. Aguayo no va a pagar esos 10 millones porque, con la defensa adecuada, lo ganará en la Suprema Corte de Justicia, si nos atenemos a los precedentes, y será Moreira quien pierda el juicio.

Todo esto, aclaro, si en este país la justicia en materia de libertades se mantiene dentro de la certidumbre, porque las señales e intenciones en la actualidad indican lo contrario. Morena quiere legislar que se prohíba la crítica al presidente, la Fiscalía General quiere volver a penalizar criminalmente la difamación y el daño moral, e iniciativas como la llamada “ley del olvido” en el Senado, son expresiones que atentan contra la libertad de expresión, y tratan como enemigos a medios de comunicación, periodistas y a todas aquellas personas que la ejerzan.

El caso de Aguayo se remonta a administraciones pasadas, cuando Moreira presentó una demanda por daño moral porque el académico habló de las imputaciones de corrupción al ex gobernador, en el contexto de haber sido detenido y encarcelado en Madrid como parte de un proceso en la Corte Federal de San Antonio, donde lo vinculan con Los Zetas. El daño moral, está claro, no se lo hizo Aguayo. Su reputación, cuestionada durante mucho tiempo en México, se colapsó con el juicio en los tribunales federales de Estados Unidos. Si algo le afectó su imagen pública, fueron las acusaciones de sus viejos asociados de tener vínculos con el narcotráfico, no un artículo periodístico.

Moreira utilizó un recurso utilizado por el PRI durante largo tiempo para control de daños mediante la intimidación y la previa censura, y encarcelar a periodistas mexicanos mediante recursos poco convencionales -demanda por daño moral utilizando recursos mercantiles, que se emplean para embargos-, espionaje, investigaciones personales para hacerlas públicas, seguimiento, difamaciones en espacios de mercenarios en los medios. Esto no ha cesado en la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos colaboradores revisaron las finanzas de algunos periodistas, sus propiedades, lanzó campañas ininterrumpidas de difamación -ya van, en algunos casos, guerras cibernéticas de 18 meses-, y un hostigamiento que está tocando los extremos.

Este martes, el periodista Alejandro Lelo de Larrea, solicitó su adhesión al Mecanismo de Protección de Periodistas de la Secretaría de Gobernación ante las agresiones verbales en la vía pública y una campaña negra de difamación en Twitter. No se sabe qué suerte tendrá, porque un periodista que lo intentó por las mismas razones anteriormente, tuvo como respuesta prácticamente el que tendría que ser golpeado antes de analizar su caso. Hay periodistas que tuvieron que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para quejarse de las difamaciones del presidente López Obrador en su contra durante sus comparecencias matutinas, que han provocado como acompañamiento las campañas cibernéticas, y se están preparando casos para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se han presentado demandas por daño moral contra sus personeros.

Cuando Aguayo habla de lo que le ha significado en tiempo y dinero defenderse de Moreira, también tendría que incorporarse a esa ruta del proceso la tensión y la presión durante años, alerta siempre que un juez o su asistente, no caigan en la tentación del dinero para cambiar un fallo. En la anterior administración capitalina anterior, un juez pidió cuatro millones de pesos a un demandante para que fallara a su favor. Como no lo hizo, falló en contra, presumiblemente porque sí recibió el dinero del denunciado. Ese juez fue despedido tan pronto llegó el nuevo gobierno, pero el caso aún no cierra. Otro juez le confió al demandante que tenía que presentar un dictamen en su contra, no porque hubiera perdido el caso, sino porque tenía instrucciones “de arriba” para hacerlo”.

Las penurias de Aguayo son transexenales. En la actualidad están utilizando los funcionarios la ley de protección de datos personales para buscar previa censura en los medios, en una confrontación de dos derechos. Hasta ahora va ganando la censura. Este es aún terreno gris porque las decisiones son casuísticas, pero recientemente el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa, la llamada “ley del olvido”, que da cuerpo legal a lo que ahora es discrecional, con lo cual blinda a cualquier funcionario señalado documentalmente de corrupto o que haya abusado de su poder, de cualquier infracción. O sea, impunidad legal.

Otra regresión son las reformas al sistema judicial de la llamada Ley Gertz, que regresa a México más de una década, cuando la difamación y el daño moral se castigaba con cárcel. La ley cambió en 2007 para ajustarla a un sistema democrático, pero Gertz pretende -hasta que demuestre lo contrario- revertirlo, empatando a López Obrador con líderes autoritarios como los de China, Corea del Norte, Rusia, Turquía y Venezuela.

López Obrador se ha autoproclamado defensor de la libertad de expresión y para comprobarlo afirma -con razón-, que no pide que se censure a periodistas ni que se les despida. Pero en los hechos, hace todo lo contrario. No lo pide en forma directa, pero todo el tiempo descalifica y eleva los costos para todos que quieren salvaguardar el régimen de libertades. La forma como su maquinaria de propaganda sirve para profundizar el daño reputacional e incitar linchamientos no la condena, sino la estimula. Las libertades están en riesgo, y el caso de Sergio Aguayo es un recordatorio público de lo que estamos perdiendo aceleradamente.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Conforme avanza el tiempo, a través de las redes sociales, porque son medios gratuitos y no están regulados por los órganos electorales, los aspirantes comienzan a desplegar sus campañas electorales. No es que posteen algún mensaje o video y lo compartan entre sus contactos. No. Ellos están montándose en redes, sobre todo en Facebook, pero contratando publicidad. De hecho así se lee en sus publicaciones, se plantea como publicidad y, por lo tanto, debe verse como tal y regularse.

Y es que los órganos electorales y la ley en la materia dejaron esa manga tan ancha a favor de la clase política, que las están usando de lo lindo, a sus anchas, a sabiendas de que no se le toma como propaganda y no se les fiscaliza tampoco.

Además, por si fuera poco, todo lo que hagan mediante redes sociales, aunque sea campaña, no les cuenta como campaña anticipada, aunque lo sea.

En ese tenor, los legisladores nos están quedando a deber, tanto a los ciudadanos de a pie como a los medios de comunicación tradicionales, los que sí generamos empleos en este jodido estado, los que sí comunicamos, informamos y sostenemos plataformas cada vez más costosas.

En otros tiempos, los políticos comenzaban a tender sus redes de información desde el primer día del año pre-electoral, pero tomando en cuenta a medios impresos, televisoras y radios. Hoy, en cambio, pretenden que les publiquemos nomás por su linda cara, como si no costaran los insumos para impresión.

La mala noticia para ellos es que las redes sociales, aunque son escandalosas, no siempre tienen el efecto deseado. En muchos casos actúan en contra, tienen un efecto bumerang, porque la gente opina de manera directa, y no siempre tienen opiniones favorables. Además, tales mensajes son como llamaradas que se encienden y se apagan al paso de las horas, si es que llegan a llamar la atención. De lo contrario, pasan inadvertidas y entonces el que se anunció tiene la idea de que lo vio mucha gente, de que su mensaje se multiplicó realmente, pero es mentira.

La inmediatez es buena, pero también tiene factores en contra, porque cada nota tiene que competir con los miles de miles de mensajes que cada miembro de la red recibe. Difícilmente un internauta se acordará de lo que se les compartió ayer o antier, porque las redes –como su nombre lo indica-, son sociales. Nacieron para que la gente esté en contacto con sus amigos y familiares, y solamente un sector muy pequeño se interesa en noticias, y mucho menos en la clase política.

Los que se informan, además, dudan de lo que se postea si no viene de un medio formal. No se han dado cuenta los políticos que la gente que gusta informarse sigue a los sitios formales, los sitios oficiales de los medios de comunicación.

Y, finalmente, están los que no usan redes sociales, no les gustan y prefieren vivir sin ella. Y además están los grandes conglomerados de gente que vive en el medio rural, sin acceso a internet, y que suelen todavía informarse por la radio, la televisión y los periódicos, si es que les llegan a sus pueblos.

Visto así, las rede sociales no son la panacea para nadie, ni en materia de publicidad, ni en materia de propaganda política. Ayudan, pero no lo son todo. Son herramientas de apoyo en materia de comunicación, pero no vienen a sustituir a los medios, que siguen teniendo sus sitios oficiales, aunque usen las redes para ampliar su rango de influencia.

Es posible que en el futuro próximo, la Internet obligue a los medios a ser digitales. Se dejarán de imprimir y pasarán a ser digitales, pero una cosa es usar la Internet, y otra cosa es vivir en y de las redes sociales. No confundir, por favor. Las redes no sustituyen a los medios. Al contrario, se alimentan de ellos.

Y hablando de costos publicitarios, tarde o temprano la propaganda política en redes también tendrá que ser regulada. Porque no es gratis ¿eh? Para nada. Tiene un costo y eso deben tomar en cuenta los órganos electorales del país y de los estados.

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