Editorial

Hasta encontrarles

Las cifras se vuelven lejanas cuando no tienen comparación o cuando de tanto mencionarlas se vuelven abstractas. A veces los números no dicen gran cosa y aunque de entrada los veamos como algo “escandaloso” somos incapaces de traducirlos en razón cuando no tienen un contexto que les dé vida.

La semana pasada, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejando Encinas y la Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, informaron que desde los años sesenta a la fecha, en México existen más de 61 mil personas desaparecidas (40por ciento más de lo que se tenía registrado a finales del 2018) y que solo en el primer año de Gobierno se registraron 5 mil 184 desapariciones. La cifra es escalofriante. Recordemos que aún en los periodos más espeluznantes de la historia reciente de la región, ningún otro país ha sido testigo del terror que de manera continua ha vivido México. En Chile a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y durante la dictadura de Pinochet, desaparecieron a 2025 personas; y en Argentina, durante el terrorismo de Estado que trajo la última dictadura cívico militar de 1976 a 1983 se registraron 30 mil desapariciones. En México la cifra no se detiene y termina con puntos suspensivos; se perpetúa a través del tiempo de la mano con la impunidad casi total en estos casos, que ha significado un cheque en blanco para la comisión de más desapariciones.

Durante este año hemos tenido ante nosotros mensajes contradictorios por parte del Gobierno; por un lado, se ha dicho que es una prioridad del Gobierno conocer el paradero de las personas desaparecidas en nuestro país y se han creado espacios de memoria referentes al terrorismo de Estado; por otro, se cierra el acceso a los acervos históricos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que pueden dar información sobre el paradero de algunos de los que fueron sujetos de desaparición forzada en los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado. En el mismo sentido, se reconocen miles de personas desaparecidas en el país y se habla de su búsqueda e identificación, pero no se habla sobre las acciones que se van a llevar a cabo para que este segundo año, la cifra de 5 mil 184 personas desaparecidas se reduzca a cero.

Es cierto, es importante sumar para saber de qué estamos hablando cuando decimos que la desaparición es un fenómeno sistemático y generalizado, pero ¿por qué quedarnos a medias? Ahora ¿a quién hacemos responsable de esas más de cinco mil desapariciones que ocurrieron ya en el marco de la llamada transformación?

Las cifras presentadas por el Subsecretario Encinas no son suficientes para que podamos entender el contexto en el que vivimos.

El horror que provoca la estadística nunca se va a comparar con el dolor de aquellxs que se encuentran detrás de la cifra. Miles de víctimas que buscan a sus padres, madres, abuelxs, hermanxs, hijxs. México se ha convertido en un país de buscadorxs, en el que cada región cuenta la historia de alguna persona que desapareció. Las cifras deben dejar de ser algo abstracto, para empezar a traducirse en miles de historias que debemos seguir nombrando y recordando. Hasta encontrarles.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los gobernadores se reunieron ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se sabe poco de este encuentro, pues fue privado. El presidente ofreció una comida para los mandatarios estatales, y solamente divulgó una fotografía de él con los gobernadores y algunos secretarios del gabinete federal, entre ellos Alfonso Durazo, titular de Seguridad Pública y Participación Ciudadana.

De acuerdo con lo que el presidente divulgó mediante un Tuit, los gobernadores se comprometieron a seguir trabajando juntos.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos, con democracia y respeto a la pluralidad, por el bien del pueblo y de nuestra gran nación”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Previamente, los gobernadores se reunieron con el titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien les hizo notar que el plan de seguridad nacional, centrado en las mesas de coordinación para la paz, no funcionará sin la presencia y acción decisiva de los liderazgos estatales…y yo añadiría también municipales.

Pero detrás de estos encuentros y desencuentros, sin duda está también –y sobre todo-, la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), plan de salud los gobernadores del PAN ya rechazaron, pues se niegan a la desaparición de Seguro Popular, aunque éste –como ya lo ha dicho el presidente-, ni era seguro, ni era popular, pues por un lado era selectivo en el registro; y por otro lado se había convertido en un oasis para empresas privadas que operaban mediante la subcontratación de servicios diversos.

Esto, de hecho, fue lo que más atraso infundió al sistema nacional de Salud desde que Vicente Fox creó el Seguro Popular, pues en lugar de que los gobernadores –que eran los que recibían los dineros- a través de sus secretarios de salud, se enfocaran en el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y los servicios en general, usaron el dinero para subarrendar equipos, estudios clínicos, etcétera.

No en balde hay tanta voz en contra del Insabi, pues con este nuevo plan la atención debe ser directa en los hospitales y clínicas de salud, dejando fuera a las empresas privadas que a lo largo de tres sexenios estuvieron absorbiendo el dinero del Seguro Popular.

Lo que quedó de ello fue un sistema nacional de salud en bancarrota, con una infraestructura deteriorada, y con carencias graves en cuanto a personal especializado.

Esperábamos, de hecho, que tras el encuentro de ayer el presidente anunciara los acuerdos con los mandatarios, pero al parecer decidieron mantenerlos por ahora en reserva.

Previamente, en su conferencia matutina, el presidente dijo que mañana jueves presentará un plan general de salud en el que se informará qué gobernadores ya firmaron el convenio para el funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Es decir, que ventaneará a los gobernadores que no estén en la dinámica de apoyar al Insabi, y obviamente eso traerá repercusiones graves para la gente de esas entidades, pues sin la firma de los convenios no fluirán ni recursos humanos, económicos ni materiales.

En respuesta a estos encuentros y anuncios, los gobernadores del PAN que estaban renuentes a firmar los convenios para el Insabi, anunciaron anoche que tras el encuentro con el presidente, pelotearán entre ellos una propuesta alterna de financiamiento para este instituto, a fin de que se garantice la gratuidad en los tres niveles de atención a la salud, que es precisamente donde el nuevo plan está fallando.

El presidente les ofreció reunirse con los gobernadores de cada partido por separado, para escuchar sus propuestas.

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