7 enero, 2020 |

Retos de la seguridad federal

Ernesto Villanueva

La detención del extitular de seguridad federal Genaro García Luna ha sido un bálsamo para Alfonso Durazo, el actual secretario, quien ha podido montarse en un discurso efectista que transitoriamente le permite dejar atrás los serios pendientes –donde ha habido algunas luces positivas también que no habría que regatearle al político sonorense– que hay en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, están fuera de la coyuntura política y afectan las percepciones de seguridad de la comunidad. Conviene subrayar que la realidad es una percepción y no es unívoca.

Primero. Un aspecto muy importante que ha logrado Durazo ha sido eliminar o minimizar su ruta de colisión con los policías federales inconformes por no aplicarse totalmente los beneficios que la Constitución les otorga cuando desaparece su materia de trabajo. El subsecretario Ricardo Mejía Berdeja ha cumplido con creces esa tarea y con Enrique Carpizo, representante legal de muchos de los inconformes y sus voceros –Adrián López y Mario Alberto Lover– han construido puentes de comunicación y aclaración que han dejado satisfechas, en esencia, a las partes en un conflicto inédito en el país que se puede sintetizar así: a) Policías que dicen no a las formas y modos del sistema, hecho sin precedente en una corporación de las fuerzas del orden; b) Mandos medios que se vendieron ante Durazo y Mejía como los expertos en disuadir inconformidades y lograron sólo polarizar el tema y delegar para arriba el conflicto haciéndolo ver como un ajuste personal de Durazo con los policías federales en desacuerdo; y c) Las dificultades de deshacer lo hecho en esa materia en los años recientes por cuanto a la creación de la Policía Federal, por obviar análisis objetivables y reproducir, en cambio, apreciaciones urbanas (unas ciertas y otras no, como sucede en lo que se denomina posverdad en comunicación política) como base para la toma de decisiones en un rubro particularmente sensible.

Segundo. La falta de ayuda de los mandos de la propia Policía Federal al vocero de los policías inconformes, Mario Alberto Lover, quien fue objeto de un ataque en la carretera Cocula-Iguala, Guerrero, el pasado 25 de diciembre, puso en tensión de nueva cuenta esa relación que ya había sido modificada para bien de todos. En la denuncia por abuso de autoridad interpuesta por Lover Martínez contra Sigifredo Valencia y Nicolás González Perrín, comisionado de la Policía Federal y director de Fuerzas Federales del mismo organismo, respectivamente, en la Fiscalía General de la República el 30 de diciembre pasado, se señala la inacción ordenada por ambos servidores públicos, quienes podrían haber incurrido en el delito federal grave de omisión de auxilio previsto en el artículo 215, fracción III, del Código Penal Federal. Nada más y nada menos llegaron siete horas después, tiempo que gana probablemente el récord Guinness a la respuesta más tardada de auxilio a un ciudadano por parte de las fuerzas del orden. Además de lo anterior, el mensaje que se envía es el de represalia contra Lover Martínez por haber roto los usos y costumbres de la cultura de la sumisión y del ¡sí señor! tan arraigadas en el servicio público mexicano y en la sociedad en general, donde se prefiere ir por las ramas, pero no decir las cosas de frente y por su nombre. Hoy, un policía federal con un liderazgo potencial interno jamás hubiera emergido a la luz pública si no se hubieran dado las circunstancias que detonaran ese comportamiento que mucho ayudó a su causa. Y vaya que hay un cambio significativo. Ahora, como cualquier persona, los policías tienen derecho de manifestación, expresión y organización que hace un punto de quiebre histórico no sólo en México sino en América Latina y otras partes del mundo.

Tercero. Durazo sigue teniendo varios retos que resolver para hacer que la seguridad sea una realidad concreta: a) Generar un espíritu de cuerpo en la secretaría donde, como se vio en el ataque a Lover Martínez, hay distintos grupos con diferencias de percepción y de criterio, lo que imposibilita que esa institución cumpla su misión; b) Los resultados en seguridad van a la baja y hay un divorcio entre los discursos iniciales y las políticas efectivamente puestas en marcha, circunstancia que genera desconfianza y temor en la comunidad por cuanto a la capacidad de contención del crimen organizado y de los delitos de alto impacto de jurisdicción federal y, en gran medida, local, por la incidencia definitoria de la secretaría en los recursos económicos asignados a las policías estatales y municipales a través de sus diversos programas de apoyo, donde los criterios de asignación no están claros ni menos la pertinencia de las estrategias que no se han traducido en resultados. De igual forma, habría que señalar que la extinción legal de la Policía Federal no hace que desaparezca el problema por decreto ni tampoco que los mandos denunciados dejen de ser responsables de sus acciones si hay delitos que se puedan efectivamente acreditar. Es verdad que con la desaparición formal de la Policía Federal no se engrosarán automáticamente las filas del crimen organizado; lo es también, empero, que las indemnizaciones para quienes las hayan solicitado deben seguir su curso conforme a derecho, y se hagan todos los esfuerzos posibles para no poner a estos policías inconformes altamente entrenados entre la espada y la pared por el bien público. Esperemos.

Editorial

El zapatismo frente a AMLO

Con el zapatismo hemos topado, pudo haber rezado el reporte de gobernación (en caso de que lo hubiera) del primero de enero de 2020 al presidente, tal como sucedió hace 26 años cuando en plena fiesta de año nuevo Salinas se enteró que había una insurrección en el olvidado estado de Chiapas. La diferencia entre una y otra fecha es abismal, lo que sí se parece es la incapacidad de ambos presidentes de entender que alguien estuviera o esté en contra de su proyecto salvador de la patria.

En su momento, Carlos Salinas de Gortari creía que nos iba a llevar al primer mundo a través del tratado de libre comercio y las reformas neoliberales. Eran los tiempos del priísmo más boyante. Del que parecía que no se acabaría nunca. Nunca imaginó que un pequeño grupo de indígenas organizados pusiera en jaque el proyecto, pero sobre todo que cuestionaran de raíz los preceptos inamovibles de la economía. López Obrador y sus incondicionales creen, igualmente, que solo existe un camino, el que ellos llaman Cuarta Transformación, y que no es otra cosa que el regreso al desarrollismo del siglo XX, pero con disciplina fiscal. Quien esté en contra del modelo es considerando enemigo de la Patria (vulgo, conservador) y por tanto del pueblo. No son pocos lo que López Obrador ha metido a ese costal con tan solo una protesta, por mínima que ésta sea.

Más allá de la consulta patito (esto estaba en el presupuesto) los indígenas zapatistas tienen sus razones para oponerse el progreso propuesto por el gobierno de López Obrador. Podemos compartir o no sus argumentos y su visión del mundo, pero ellos tienen muy claro lo que quieren de su territorio y tienen todo el derecho no solo a expresarse sino a ser escuchados. “Nos hemos mantenido firmes en construir algo nuevo. Hemos tenido fallas y errores, es cierto. Seguramente haremos más en nuestro largo camino, pero nunca nos hemos rendido, nunca nos hemos vendido, nunca hemos claudicado (…) y cada vez somos más. Tenemos un proyecto de vida, en nuestras comunidades florecen escuelas y clínicas de salud, y se trabaja la tierra en colectivo (…) y en colectivo nos apoyamos, somos pues comunidad, comunidad de comunidades. Y seguimos firmes en el cumplimiento de nuestro deber como pueblos guardianes de la madre tierra”, dijo el comandante Moisés en el discurso de celebración de los 26 años de zapatismo.

Quizá en número sean tantos o menos que los que participaron en la amañada consulta, la diferencia estriba en que las bases indígenas zapatistas tienen una enorme legitimidad por la congruencia con la que han actuado a lo largo de 26 años. A diferencia de otros enemigos a los que el presidente suele atacar, los zapatistas no tienen intereses creados. Y en eso, el que puede perder más es por supuesto, quien encabeza este nuevo gobierno.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hablemos, amable lector, de un tema que tendrá enorme importancia este año, y es el juicio de Genaro García Luna.

En su primera comparecencia ante la Corte de Nueva York, el exsecretario de seguridad se declaró inocente, y se iría a un juicio que determinará si es culpable o no de los delitos de los que se le acusa, juicio que todo México está esperando.

Pero ayer trascendió que en realidad Genaro maniobra para negociar su declaratoria de culpabilidad; es decir, que espera beneficios a cambio de declararse culpable y, por lo tanto, facilitar el trabajo del jurado que revisará las pruebas en su contra ya como un mero trámite, pues una vez que una persona acepta los cargos que se le imputan, lo que queda es solamente revisar las condiciones de su condena.

Pero, obviamente, Genaro no está dispuesto a facilitarle el trabajo a ese nivel a la Fiscalía de los Estados Unidos, sino es a cambio de ciertos beneficios.

Cita The New York Times: “Los documentos judiciales presentados hoy (este lunes) en la Corte del caso de Genaro García, acusado de tomar millones del Cártel de Sinaloa, confirman que participa en negociaciones de declaración de culpabilidad para resolver su caso con los fiscales federales en Brooklyn”, señaló el periodista Alan Feuer en su cuenta de Twitter.

¿Qué beneficios busca Genaro? No está claro qué quiere, pero lo más obvio es que no quiere él o sus compinches que haya un juicio abierto, cuyos detalles tendrán que darse a conocer.

Al declararse culpable, decíamos, lo que sigue es un mero protocolo de sentencia. Y si esto sucede, difícilmente conoceremos los entretelones por los que Genaro García Luna fue el hombre más poderoso en materia de seguridad en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y cómo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se convirtió en un acaudalado empresario, cuyas firmas recibieron dinero de varias secretarías del gobierno peñista, entre ellas la que dirigía el senador Miguel Ángel Osorio Chong, la Secretaría de Gobernación, algo que todavía investiga la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Refiere el documento citado por el periodista Alan Feur: “Estados Unidos de América y el acusado solicitan conjuntamente que el periodo del 3 de enero de 2020 al 21 de enero de 2020 sea excluido del cálculo del periodo en el que el juicio contra defendido debe comenzar.

“Las partes solicitan que se excluya el periodo anterior porque están celebrando negociaciones sobre la declaración de culpabilidad, que pueden dar lugar a una resolución de este caso sin juicio. Y requieren una exclusión de tiempo para centrar los esfuerzos en las negociaciones de la condena sin el riesgo de que, a pesar de su diligencia, no dispongan de un tiempo razonable para la preparación efectiva del juicio”.

Ahí está la explicación. Genaro se va a autosacrificar. El suyo es un suicidio judicial y lo está haciendo para proteger a quienes fueron sus cómplices y socios en su meteórica carrera como el jefe policiaco federal de la era panista, en la cual fue liberado El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, Jalisco, para retomar el control del Cartel de Sinaloa.

El Chapo le habría dicho al general Arturo Acosta Chaparro, cuando Felipe Calderón lo mandó a negociar con todos los jefes de los cárteles, que su libertad le costó 20 millones de dólares, que fueron a parar a las manos de Vicente Fox, según se relata en unos de los libros de Anabel Hernández, la periodista que siempre estuvo señalando a García Luna como el verdadero capo del país, el que les cuidaba el negocio sucio a Fox y Calderón.

Al declararse culpable, no habrá juicio para Genaro, sólo sentencia.

Y entonces, si esperábamos que éste echara de cabeza a sus patrones, Vicente y Felipe, nos quedaremos esperando.

Ante la sociedad, será como si Genaro hubiese actuado solo, por su cuenta, a sus anchas, sin el conocimiento de sus patrones, los presidentes de la República que le dieron un poder plenipotenciario.

Debe haber mucho excremento debajo de la punta de este iceber llamado Genaro García Luna, como para que el hombre fuerte del calderonato decida que se le condene sin un juicio justo, como es su derecho.

Entiéndase, que aunque ya le incautaron sus cuentas, y posiblemente le incauten sus propiedades, sus familia está de por medio.

Y más que reducir las sospechas, su decisión las aumenta. Si Genaro hablara, medio México caería. Pero no sólo funcionarios, jefes policiacos y militares sino también empresarios. Y entonces entenderemos que el Cartel de Sinaloa no era El Chapo, ni ninguno de sus jefes, sino que se trata de una empresa trasnacional, que opera en la ilegalidad, pero que involucra a muchísima más gente que en este momento opera en la legalidad, y cuya secrecía es fundamental para el futuro de la organización.