Lilia Arellano
México, un pavoroso
cementerio
Por corrupción, G. Ruiz
Esparza en la mira de la FGR
Escribo esto a unas horas del primer informe del presidente
Andrés Manuel López Obrador, justo cuando se observa que los problemas
fundamentales de la Nación no se han resuelto, ni están en vías de solución;
por el contrario se han agudizado a pesar de los esfuerzos del tabasqueño,
quien no es acompañado adecuadamente por los responsables de cada una de las
carteras de su gabinete. Esto es especialmente grave en materia de seguridad
pública, en donde la inseguridad sigue sin ser combatida correctamente, los
homicidios dolosos se mantienen a la alza, así como la serie de delitos
relacionados con el crimen organizado, donde cobra especial relevancia la
desaparición de personas, más de 45 mil según los propios datos oficiales,
además de la existencia de 37 mil cuerpos sin identificar. Decenas de miles de
familias mexicanas se encuentran lastimadas y vulneradas por esta crítica
problemática.
Ante la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a
derechos humanos en el país, el gobierno de la Cuarta Transformación presentó a
principios del mes de febrero el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de
la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó se estima hay alrededor de 45 mil
personas desaparecidas, así como más de mil fosas clandestinas y decenas de
miles de cuerpos sin identificar. El funcionario detalló el principal grupo de
personas en esta situación se ubica entre la población cuyas edades fluctúan
entre 17 y 29 años, además de que en los últimos años se ha incrementado la
desaparición de niños. México es una enorme fosa, declaró Encinas en Palacio
Nacional en esa ocasión, cuando informó de la aplicación de un presupuesto de
400 millones de pesos para su búsqueda, y aseguró se daría prioridad al rastreo
de personas con vida.
Siete meses después, en el Día Internacional de las Víctimas
de Desapariciones Forzadas, se admite oficialmente la situación se ha agravado.
La crisis forense y de desapariciones en el país se traduce en números
desgarradores. El Sistema Nacional de Búsqueda reporta en los primeros siete
meses del gobierno de López Obrador se localizaron 207 sitios de inhumación
clandestina, principalmente en Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Colima y
Zacatecas, que acumulan 66 por ciento del total. Además, se localizaron 326
fosas clandestinas y 79.5% se concentraron en Veracruz, Colima, Sinaloa,
Sonora, Guerrero y Chihuahua. En estos lugares se encontraron 671 cuerpos. En
total, del 2006 a la fecha se han localizado 4 mil 974 cuerpos en 3 mil 24
fosas clandestinas, informó Karla Quintana Osuna, comisionada nacional de
Búsqueda. Las madres, hijas, hermanas y esposas, llamadas “rastreadoras”, se
han organizado y logrado la localización de cientos de fosas clandestinas en
todo el territorio nacional. Debieron emprender sus propios procesos de
investigación, búsqueda, exhumación e identificación de restos, ante la
indolencia y corrupción de las autoridades (in) competentes.
Afuera de Palacio Nacional, el pasado viernes, integrantes
de colectivos de familiares del Movimiento por Nuestros Desaparecidos se
manifestaron para exigir que las buenas intenciones del presidente López
Obrador se conviertan en resultados concretos. En un pronunciamiento
demandaron: “que no exista un límite presupuestario para la búsqueda, que todas
las autoridades federales, estatales e instituciones de gobierno se coordinen y
se comprometan. Es indispensable que el Fiscal General de la República –quien
hasta el momento no ha recibido a las familias- actúe porque su trabajo es
fundamental para buscar y poder acceder a la justicia”.
En un pliego respaldado por más de 100 mil firmas de
ciudadanos, más de 60 colectivos de familiares de desaparecidos, provenientes
de 22 entidades federativas y de tres países de Centroamérica, demandaron crear
la Ley sobre desaparición de personas, se implemente correctamente en los estados
y se les asigne un presupuesto para funcionar adecuadamente; una búsqueda
inmediata con protocolos precisos para que las Fiscalías y Comisiones Locales
de Búsqueda se puedan coordinar para la exploración efectiva y bajo la
presunción de vida; ante la crisis de identificación forense, se cree un
“Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense”, con recursos propios,
apoyo internacional, técnico y financiero, el cual incluya una perspectiva
trasnacional para la identificación de personas extranjeras desaparecidas en
México; y se ponga fin a la impunidad para que las desapariciones dejen de
suceder.
Durante la conferencia de prensa mañanera del primer
mandatario, donde estuvo presente Alejandro Encinas, Quintana Osuna informó
durante el gobierno actual 116 de 200 cuerpos exhumados han sido entregados a
sus familiares. A la fecha, se han instalado 25 comisiones de búsqueda en los
estados y siete más están en proceso de creación en Sonora, Baja California
Sur, Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes y Chiapas, indicó la
funcionaria quien precisó se prevé la entrega de 123 millones de pesos en
subsidios a comisiones en septiembre para apresurar el proceso de búsqueda e
identificación.
A través de Encinas, López Obrador instruyó siete puntos a
distintas dependencias del gobierno para la búsqueda de desaparecidos:
refrendar el compromiso del gobierno federal que la localización de personas es
prioridad de la actual administración; aceptar la competencia del Comité de
Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar
comunicaciones individuales, caso por caso; invitar al Comité contra la
Desaparición Forzada a realizar una visita oficial en México en el segundo
semestre del año 2020; atender las decisiones internacionales para avanzar en
la construcción de soluciones amistosas; establecer distintos convenios de
colaboración científica; presentar de manera inmediata, una iniciativa
legislativa o normativa la cual permita hacer efectivo el mecanismo
extraordinario forense; y se comisione a la Unidad de Búsqueda de Segob al
menos a 200 elementos, con sus binomios caninos, para realizar las tareas de
localización de personas en nuestro país.
Ruiz Esparza en
la mira de la FGR
El “señor del socavón”, Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario
federal de Comunicaciones y Transportes (SCT) y ex secretario de Comunicaciones
en el Estado de México, está en la mira de las autoridades de administración y
procuración de justicia del país, y en vías de convertirse en otro “gran pez”
del combate a la corrupción del régimen de la Cuarta Trasformación, encabezado
por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A la fecha existen cinco
denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Ruiz
Esparza con un denominador común: corrupción.
La Iniciativa Ahora pidió investigarlo este mes por la
compra con sobreprecio de 20 millones de dólares en 2009 de un sistema de
barrera móvil (abandonado) con cargo al Circuito Exterior Mexiquense a una
empresa relacionada con un compadre del ex presidente Enrique Peña Nieto.
También por otorgar en 2008 a OHL México (ahora Aleatica) la concesión del
Viaducto Bicentenario a pesar de haber existido una oferta económica más alta,
lo cual generó un daño al erario público de la entidad por mil 629 millones de
pesos.
Cuatro denuncias más se habían presentado por la misma
organización en noviembre de 2018. Entre otros posibles delitos destaca la
presunta transferencia de 3 mil 600 millones de pesos al gobierno del Edomex,
supuestamente para la campaña del actual gobernador Alfredo del Mazo. El
Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de
México admitió la semana pasada una petición para reabrir esa investigación
contra Ruiz Esparza.
La denuncia admitida por ese juez es sólo una de las cinco
demandas en contra de Ruiz Esparza. El 29 de noviembre pasado, la Iniciativa
Ahora, representada por el senador Emilio Álvarez Icaza y la diputada Lucía
Riojas, interpuso cuatro denuncias ante la PGR contra el ex titular de la SCT
entre 2012 y 2018 y secretario de Comunicaciones en el Edomex entre 2005 y
2011. Una de ellas pidió investigar la transferencia de la Constructora
Proyectos Viales de México, subsidiaria de OHL México, de 1.4 millones de euros
a Suiza para presuntamente financiar una campaña electoral en España, sede de
OHL.
Una segunda denuncia cuestiona la ampliación a 30 años de la
concesión de la autopista Amozoc-Perote otorgada a OHL, a pesar del retraso en
la puesta en operación. La tercera querella es sobre una posible reinversión en
la concesión de la autopista federal Atizapán-Atlacomulco de OHL México, obra
no terminada pero ya pagada. La cuarta acusación pide investigar precisamente
la transferencia de 3 mil 600 millones de pesos de la SCT al gobierno del
Edomex, a través del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y
Auxiliares (SASCAEM), de los cuales una parte habría sido utilizada para la
campaña del gobernador Del Mazo Maza.
Veremos qué tan largo es el brazo de la 4T.
