19 noviembre, 2019

Editorial

¿Del Golpe político al Golpe de Estado?

Desde el inicio de su Gobierno el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido un cúmulo de cuestionamientos de sus adversarios, en contra de los programas de la 4ta Transformación y su gestión de Gobierno, lo que desde mi punto de vista era previsible, lógico e incluso positivo si lo que se critica es fundado y se apega al Estado de Derecho.

Las cosas sin embargo han cambiado. Al cierre de su primer año de Gobierno, el Presidente pasó de ser un adversario de sus detractores al inicio de su mandato, y ahora un enemigo político e ideológico, al que se embiste en lo personal, se le provoca, e incluso se le amenaza con ser destituido.

Tan es así, que ante el anuncio que difundió Trump en su Twitter, en el que advierte a que la “destitución” del Presidente de Bolivia Evo Morales, era “una señal de lo que le podía ocurrir a Venezuela y Nicaragua”, Vicente Fox, con toda desfachatez le respondió a Trump que “le faltó incluir a México”.

Por su parte, la mayoría de los medios de comunicación ni tardos ni perezosos, se abocaron a levantar encuestas telefónicas a bote pronto, sin rigor alguno de la estadística demográfica, pero sí con muchos bots, para demostrar que la mayoría de los mexicanos están en contra de que el Presidente de México, haya otorgado asilo a Evo Morales.

Los intelectuales orgánicos del sistema anterior, han sido más cautelosos. No objetan el que se le haya brindado asilo al todavía Presidente de Bolivia cuyo mandato concluye a fines de enero del 2020, pero también atribuyen su destitución a las “irregularidades electorales” en que presuntamente incurrió según la OEA, aún y cuando expertos de Estados unidos en la materia (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) , lo han desmentido.

México, se acepte o no, está inmerso ya en un escenario sumamente complejo y delicado. Corre el riesgo de que la polarización política vigente entre partidos y los golpes de mano a la 4ta transformación, termine en un golpe de Estado.

A los neoliberales como les llama AMLO a los oligarcas, financieros y grandes empresarios que el pueblo los ubica como los de Arriba, toda reivindicación social, reforma hacendaria o financiera por mas elemental que se; la mas trivial reforma democrática y/o constitucional como las que se están impulsando en la 4ta Transformación, es castigada de inmediato como un atentado al desarrollo y crecimiento del país y estigmatizada como “socialista” y “dictatorial”.

Por lo que hace al pueblo, los de Abajo, lo que realmente les motiva es salir de la pobreza en que están inmersos, por lo que apoyan todo programa que mejore sus ingresos, economía familiar, bienestar social y que combata la corrupción y la impunidad, pero también que pongan freno a la inseguridad y violencia que está erosionado el tejido social a pasos acelerados.

Ambas clases sociales velan por sus intereses y están históricamente enfrentadas no necesariamente en el ámbito político y/o ideológico, sino también porque su concepción de vida y del mundo, es radicalmente diferente por la profunda desigualdad que hay entre los de Arriba y los de Abajo.

Pero los partidos políticos no lo entienden, incluyendo a Morena, que al igual que el PAN, el PRI y demás partidos, lo que le ocupa y preocupa es tener el control del poder político.

Muestra de ello, es que el grotesco conflicto interno en que están inmersos por la dirección de Morena y las candidaturas federales y estatales de 2021 y 2024.

Dicho de otra manera. No hay presente sin pasado, ni futuro sin presente. Si no lo entienden se corre el riesgo de que el golpe político que hoy enfrentan, se pueda transformar en un golpe de Estado. Veremos y diremos.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La protesta de campesinos y ganaderos que desde la semana pasada tomaron la sede de la Cámara de Diputados, está decantando en un acuerdo muy interesante, que implicaría la reapertura de una banda de desarrollo agropecuario, como se tenía antes con Banrural, y que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue desmantelada, dejando al sector sin opciones de financiamiento productivo, y a expensas de los programas de subsidio como la Alianza para el Campo, el Procampo y otros que han ido surgiendo o cambiando de nombre en cada gobierno.

Eso fue, de hecho, lo peor que les pudo suceder a los productores del sector primario en general, pues la política de “apoyos” sembrada hace 29 años, durante el gobierno salinista, subsiste hasta hoy, y además se convirtió ya en una cultura entre los hombres del campo.

La manifestación en San Lázaro, por ejemplo, no se trata de gente que quiere producir. Se trata de gente que quiere seguir teniendo dinero a la mano cada año, pero sin que eso se refleje en una mayor productividad.

Los de Sinaloa concretamente están pidiendo 24 mil millones de pesos extras al presupuesto para el campo, pero para asuntos como seguros y algo que ellos llaman “agricultura por contrato”, pero no para incentivar la producción de los diversos cultivos.

Aunque es un diputado morenista el que está apoyando estos reclamos, el grueso de la bancada del partido lópezobradorista lo deplora, ya que de lo que se trata es de reactivar el campo, en efecto, pero eso no se conseguirá usando la misma política de dádivas, mediante programas que no tiene supervisión alguna, y que a la postre se convierten en nido de corrupción.

Lo que están proponiendo los diputados es crear una financiera rural, denominada Finagro, a la que tengan acceso todos los productores para actividades productivas y comerciales, pues el modelo de subsidios que prevalece a la actualidad no es para todos, de hecho.

En cambio, a la financiera rural podrían acceder los pequeños, grandes y medianos productores, con proyectos bien delimitados.

Pero, obviamente, se trata de dinero que tendrán que regresar al erario público, tal vez con intereses módicos, aunque descartando a los campesinos que practican la agricultura de subsistencia, para los cuales se tendría que continuar con el esquema de apoyos a fondo perdido.

Sería sumamente interesante ver este proceso, porque aunque los campesinos ya se acostumbraron a ir a recibir sus pesitos a las dependencias oficiales, siempre bajo un esquema politizado y aunque eso no les beneficie casi en nada (cuando reciben el recurso es porque ya lo deben, o porque ni siquiera lo van a invertir), sabemos que hay un tremendo potencial productivo en el campo mexicano, que está inexplotado por falta de dinero.

Lamentablemente, la mayoría de los sectores ya está en manos de extranjeros, sobre todo la fase comercial. Si se trata de mango, melón, limón, son empresas extranjeras las que acaparan los productos, pues los campesinos a duras penas sacan sus cosechas, y carecen de apoyos para abrir ellos mismos sus mercados.

Hasta ahora, se trata de una mera propuesta de los diputados, pero que ojalá sea retomada por el gobierno federal. Conozco personas que son expertas en cultivos de diversas especies acuícolas, pero que por falta de dinero no han podido concretar sus proyectos. Entre tanto, el mercado que representan los dos puertos de la entidad, así como sus principales ciudades, son aprovechadas por intermediarios de la Ciudad de México, que compran pescados y mariscos en los mercados de abastos por mayoreo, y vienen acá a distribuirlos.

Falta que Guerrero produzca huevo y leche, porque hasta ahora dependemos de Jalisco, Guanajuato y Puebla, etcétera.