(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Hay tantas modificaciones en el presupuesto de egresos
federal de 2020, que gobernadores y alcaldes están con el Jesús en la boca. La
esperanza para ellos salir de sus propios rezagos era, precisamente, que los
diputados accedieran a darle al gasto anual una visión más –como su nombre lo
indica- “federal”, respetando el pacto que le da vida a estos Estados Unidos
Mexicanos, porque eso es lo que somos, una serie de estados confederados, con un
gobierno central, 32 estados autónomos, que coexisten bajo un sistema de
gobierno republicano, basado en los tres poderes de la Unión: Poder Ejecutivo,
Poder Legislativo y Poder Judicial.
Pero la visión del gobierno en el poder es otra, distinta a
la que ha venido operando hasta ahora, y que se basaba más en criterios
políticos, que en necesidades y prioridades.
Para nadie es un secreto que el Presidente tenía
gobernadores predilectos, alcaldes predilectos, empresarios predilectos y hasta
narcos predilectos. Todo se basaba no en un proyecto de nación, sino en un
proyecto de grupo político, y esto incluye los intereses económicos del
presidente y sus muchachos.
Así, por ejemplo, se dice que Ernesto Zedillo encomendó a su
hermano construir obras en los estados con mayor plusvalía, como Quintana Roo,
Yucatán y Veracruz, simulando que se trataba de obras gestionadas por los
gobernadores; y obviamente sin recibir estos nada a cambio (los moches en su
esplendor). De ahí vendría la persecución contra el gobernador quintanarroense,
Mario Villanueva Madrid, acusado de tener nexos con el narco, pero cuyos
presuntos cómplices ya están libres, mientras que él en cambio ha pasado 17
años en cárceles de Estados Unidos y México, y a sus 70 años pide se le permita
pasar lo que resta de su condena en su casa.
Él narra que el hermano de Zedillo lo presionó para hacer
obras en zonas sensibles de la Riviera Maya, y que como se negó entonces el
presidente lo tomó como enemigo.
Carlos Salinas de Gortari, por su parte, delegó en su
hermano Raúl actividades sensibles, como el cobro del diezmo de obras y
servicios, por lo cual se llamó el “hermano ten per cent”.
Y así sucesivamente. Aquello era un modelo harto conocido y
harto practicado por tirios y troyanos, y se entiende que AMLO está intentando
romper ese esquema, aunque de verdad dudamos que lo logre. No porque no quiera,
sino porque es demasiado complejo. Podrá combatirlo y tener algunos triunfos,
pero de ahí a erradicar estas prácticas que involucran a gobiernos y
empresarios, está en chino.
Hay que decir, además, que para ir cubriendo todas las
expectativas del presidente en turno y su grupo de poder, el país fue
endeudándose de un modo grosero, sobre todo en la era panista, donde parece que
Fox y Calderón simplemente no tuvieron límites, pese a que les tocó cosechar
los excedentes petroleros (el barril de crudo alcanzó sus máximos
internacionales, y eso hizo llover dólares al gobierno federal, pero los
diluyeron. Se dice que con ese dinero Fox hubiese pagado la deuda de Pemex, que
es la petrolera más endeudada del mundo).
Entonces, el gobierno está centralizando sobre todo los
programas sociales, pero también diversos fondos, como el de educación y ahora
también el fondo minero, que el jueves pasado 4 gobernadores pidieron se les
devolviera, porque se trata de un recurso que se le devuelve a los estados para
compensar la actividad minera que se realiza en sus territorios, y Guerreo
forma parte de ellos por todas las minas que aquí existen.
Pero los diputados alegan que ese fondo es pura corrupción,
que las obras programadas no existen, que las empresas maniobraban para que los
gobernadores les dispensaran el cumplimiento de esos compromisos, etcétera.
Entonces, el gobierno determinó usar ese fondo de 4 mil
millones de pesos, para construir escuelas en el medio rural, en las entidades
con actividades extractivas.
Pero…las obras se harán de manera directa en los municipios,
sin pasar el dinero por manos de los gobernadores. Si acaso se les haga firmar
algún convenio de colaboración.
Y es ahí donde se habla de una política de asfixia a los
gobiernos estatales, porque no les están dejando casi nada. “Austericidio”, le llaman.
