27 septiembre, 2019

Urge Herrera aprobar miscelánea fiscal

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, advirtió a los diputados que de no aprobar la miscelánea fiscal propuesta por el Gobierno federal, no habrá más recursos para estados y municipios.

Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo del Primer Informe de Gobierno, reiteró que será hasta la segunda mitad del sexenio cuando el Ejecutivo impulsará una reforma fiscal, por lo que recomendó a los gobiernos locales y municipales comenzar a hacer su trabajo para incrementar sus ingresos y pensar en sus propias reformas en materia tributaria.

Cuestionado por los legisladores sobre la reducción del gasto federalizado, afirmó que la miscelánea fiscal enviada por la Secretaría de Hacienda (SHCP) a la Cámara de Diputados tiene como objetivo darle herramientas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que cumpla mejor sus funciones.

Herrera pidió a los legisladores aprobar las medidas fiscales propuestas por el Gobierno federal, ya que si éste recauda más ingresos, vía el gasto participable llegarán más recursos a estados y municipios.

Entre las propuestas contenidas en la miscelánea fiscal se encuentran el cobro de ISR a las ventas por catálogo, el IVA a las plataformas digitales, así como incrementos a los gravámenes ya existentes a cigarros, cervezas y bebidas azucaradas.

“Algunas de las propuestas que les hemos enviado a ustedes, que tienen como objetivo darles mejores herramientas al Servicio de Administración Tributaria para que cumpla sus funciones, van a tener como resultado que nosotros recaudemos, y si nosotros recaudamos más, vía el gasto participable llegarán más recursos a estados y municipios”, aseguró.

El economista insistió en que en los próximos dos años no habrá reforma fiscal ni incrementos o creación de impuestos. Ante ello, recomendó a los gobiernos locales y municipales tomar medidas para fortalecer sus haciendas públicas.

“En algún momento y eso es algo que nosotros no podemos hacerlo desde la posición de Hacienda, dado que este es un Estado federal, los estados y los municipios van a tener que hacer un planteamiento similar para que, además de los recursos adicionales que reciban de nosotros, busquemos formas en que ellos fortalezcan sus finanzas públicas”, advirtió.

Herrera advirtió que el total el gasto federalizado previsto para 2020 es de 1.9 billones de pesos, conformado por Participaciones equivalentes a 944 mil millones de pesos y Aportaciones por 816 mil millones de pesos. Recordó que estos recursos son resultados de fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.

El funcionario federal reconoció que el margen para modificar el proyecto de presupuesto 2020 es de apenas 1.1 billón de pesos; el resto son gastos irreductibles, entre los que se encuentra el gasto federalizado, pensiones y jubilaciones, organismos autónomos y costo de la deuda.

“Lo que estos números, me parece, nos permiten ilustrar, es lo apretado que están las finanzas públicas, y si nosotros en el futuro vamos a requerir mayores recursos para nosotros, pero también para los estados y los municipios, vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional para asegurarnos que todos los mexicanos, personas físicas y morales, contribuyan a los presupuestos de la nación en una forma equitativa”, reiteró.

Ofrecen protección a quienes informen

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. El Gobierno federal ofreció recompensas y la protección del Estado para quiénes proporcionen información que permita dar con el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace 5 años.

Portando una camiseta con la leyenda “Ayotzinapa. 5 años, yo con la verdad”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ayuda y protección gubernamental a quienes cooperen con las indagatorias para conocer la verdad sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.

“Nuestro compromiso de proteger a quienes informen, recompensarlos, protegerlos y, si se requiere, ayudarlos, si están implicados. Yo sostengo que sin perdón es más difícil hacer realidad la justicia, digo, olvido no, perdón sí. Y que nos ayuden, este es un mensaje para los que seguramente saben, hay muchos que saben”, expresó en Palacio Nacional.

“Y por eso tengo confianza de que vamos a conocer la verdad. El que informe tiene toda la protección del Estado, toda la protección del Estado, todo el apoyo del gobierno. Por eso no pierdo las esperanzas, estoy optimista, creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares”.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció el pago de 1.5 millones de pesos a quién entregue datos para la localización de cada uno de los normalistas.

“Para avanzar en la investigación, necesitamos que la sociedad nos ayude a conocer los hechos de verdad y justicia, y defendamos los compromisos para otorgar recompensa de un millón 500 mil pesos para aquellas personas que nos den información fidedigna y verificable de los estudiantes desaparecidos”, indicó.

“Y particularmente reiterar la oferta de una recompensa por 10 millones de pesos a quien informe sobre el paradero de Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales perpetradores involucrados en estos hechos de desaparición forzada en el Estado”.

El Presidente reiteró que, para la búsqueda de los estudiantes no habrá limitaciones de recursos materiales ni humanos.

Abren puerta

A pregunta expresa, Omar Gómez Trejo, Fiscal Especial del caso Iguala, señaló que el ex Presidente Enrique Peña Nieto podría ser llamado a declarar sobre la desaparición de los normalistas, en caso de ser necesario.

– ¿Se va a pedir la comparecencia del expresidente Peña Nieto?- se le cuestionó.

– Ya señalamos, todas las autoridades que tenían un cargo en ese momento. Si es necesario que, por indicios e investigaciones sea cualquier persona, será llamada ante la justicia- respondió.

Tras reiterar que el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, también será llamado a declarar informó que la próxima semana se presentarán a declarar el el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y los extitulares de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad.

“No vamos a encubrir y vamos a investigar todas las complicidades, actos de tortura y daremos información sobre las investigaciones”, remarcó.

Sin medicamentos, en clínica del ISSSTE en Tecpan, se quejan

Cuauhtémoc Rea Salgado

TECPAN. Los derechohabientes de la clínica de alta capacidad resolutiva del Instituto de Seguridad Social y de Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicada en esta ciudad, se quejaron por la falta de medicamentos que solicitan con anterioridad y casi nunca cuentan con ellos en esta unidad médica.

Los usuarios dijeron que aunado a este problema, también existen casos de pacientes que llegan desde municipios como Zihuatanejo o de Petatlán, personas en su mayoría enfermas que tienen que madrugar para ser atendidas en este hospital porque allá en sus municipios no hay médicos especializados, explicó el paciente Margarito Navarro.

Por su parte Armando de la Cruz Rendón, jubilado del ISSSTE en este municipio, se quejó amargamente por la falta de medicamentos para su enfermedad, lleva casi un mes solicitando los que le ha recetado su médico familiar y hasta el momento en la unidad médica no le pueden resolver el problema por el faltante.

Ante esto la delegada sindical, María de los Ángeles Silva Justo, detalló en entrevista breve que los trabajadores cumplen con su deber, tratan de atender a los pacientes lo mejor que pueden, lo único malo es que la falta total de medicinas retarda la recuperación de los derechohabientes, por lo que pidió a las autoridades federales que atiendan lo más pronto posible esta situación para beneficiar a los usuarios de los servicios médicos.

Proliferan zancudos en Tecpan, señalan

PEDRO PATRICIO ANTOLINO, CORRESPONSAL.

TECPAN. Vecinos de la Colonia Vista Hermosa de este municipio de la Costa Grande, denunciaron la excesiva presencia de zancudos en las pozas de oxidación de este lugar, situación que por las noches se vuelve insoportable para quienes habitan en los alrededores.
Dicen que ya están cansados de esta situación, pues desde siempre estas pozas han estado allí, no tienen ninguna función y sólo son un foco de infección, peor durante esta temporada de lluvias, cuando abundan en demasía los mosquitos que son como una plaga.
Mencionaron que a raíz de este daño, se han dado más de 50 casos de dengue en días pasados, en este núcleo poblacional, ya que durante las noches los mosquitos y zancudos pican a todos los habitantes de los alrededores de estas dos fosas.

De estos casos de Dengue, existen alrededor de unos 20 niños que acuden a la escuela primaria estatal “Juan Álvarez”, la cual está muy cerca de estas dos fosas de oxidación y a unos metros del panteón de esta Colonia, pero nadie hace nada al respecto, ya que la Jurisdicción Sanitaria 05 tiene conocimiento no ha mandado a los vectores a fumigar.
Finalmente denunciaron que estas fosas también se han convertido en un tiradero de basura, por lo que piden a las autoridades tomar cartas en el asunto, porque esta situación ya no se soporta y que con estos casos no se vaya a soltar una epidemia, con más Dengue clásicos o Dengue hemorrágicos en los niños sobre todo que son los mas débiles.

El republicano dudoso

Como si no tuviéramos problemas que enfrentar, esta semana buena parte de la conversación pública (léase medios, redes sociales y charlas de sobremesa) giró en torno a la especulación de que López Obrador se reelija al final de su sexenio en 2024. Enrique Krauze, incluso, propuso lanzar un Frente Nacional Antireeleccionista que podría ser encabezado por el mismísimo Cuauhtémoc Cárdenas. Como es sabido López Obrador acudió a un notario público para certificar su decisión explícita de nunca intentar eso de lo que ahora se le acusa. Inmediatamente sus críticos advirtieron que esa promesa notarial no elimina el peligro. Primero, porque es un documento que no tiene valor jurídico, simplemente acredita que en tal fecha esa era su voluntad. Tendría el mismo carácter que un testamento que igual puede cambiarse cualquier otro día. Y segundo, porque la reelección no es el único camino para mantenerse en Palacio Nacional, la otra vía es la extensión del mandato mediante un cambio en la constitución. Aunque conseguirlo supondría un brete jurídico, en estricto sentido esa opción no requeriría presentarse a unas elecciones.

Desde luego el temor no es gratuito. Se originó con el albazo que propinó el congreso estatal de Baja California mediante el cual se extendió el mandato del Gobernador de Morena recién elegido. Como se recordará, las elecciones en aquél estado fueron convocadas para cubrir un período de apenas dos años, obedeciendo al deseo de recorrer así el calendario estatal y empatarlo con las elecciones federales intermedias de 2021. Pero una vez en el poder, el Gobernador elegido, Jaime Bonilla (un empresario ex priista que supo leer a tiempo el cambio de aires políticos), encontró que 24 meses no justificaban ni el esfuerzo ni los gastos de campaña y movió los hilos para que los diputados locales le ampliaran la chamba para continuar hasta el 2024, es decir en total cinco años. El problema, claro, es que los ciudadanos habían elegido a un funcionario para el término de dos años, sin derecho a reelección según reza la convocatoria, lo cual supondría un abuso inexplicable de parte de los generosos legisladores locales. Curiosamente la mayor parte de ellos eran panistas, algunos en proceso de cambiar a Morena y en medio de muchas acusaciones de haber sido convenientemente “maiceados”. El tema seguramente habrá de resolverse en la Suprema Corte.

Pero el caso de Baja California encendió las alarmas entre todos aquellos que ven a López Obrador como enterrador de la democracia. Suponen, incluso, que puede tratarse de un laboratorio de lo que podría suceder luego a nivel federal. No obstante el Presidente ha declarado reiteradamente que es un republicano de cepa y cita a Francisco I Madero, el antirreleccionista, como uno de sus referentes históricos. Una y otra vez ha dicho que no seguirá en el poder al final de su mandato y ahora lo ha afirmado ante notario público. Pero se habría ahorrado toda este desgaste de paja si simplemente hubiese hecho un deslinde crítico con lo que está pasando en Baja California. Por el contrario, sus intervenciones al respecto no han podido ser más ambiguas. Interpelado en las mañaneras al respecto, solo ha dicho que él no metió las manos, que se trata de un asunto regional y que, en todo caso, las autoridades federales electorales y la Suprema Corte tendrán la última palabra. Sobre esto último tiene razón, sobre lo primero hay más dudas. López Obrador no es de Morena sino al revés. Se trata de un partido hecho en torno a su persona y cuesta trabajo creer que el congreso local y el mismo Gobernador hubieran perpetrado esta patraña si el líder nacional se hubiera opuesto. Cabe la posibilidad de que lo hicieran sin consultarlo, pero no tengo dudas de que, de haberlo deseado, él tenía capacidad de pararlo una vez que se puso en marcha.

Quiero pensar que López Obrador es sincero cuando afirma que no traicionará su palabra en 2024, lo que no me explico son las ganas de complicarse innecesariamente las tareas de Gobierno. La 4T habría podido quitarse muchos obstáculos y molestias si el Presidente usara menos explicaciones e impartiera menos lecciones verbales; si no ofendiera a las tradiciones republicanas con encuestas a mano alzada para presumirlas como la voz del pueblo, si no desafiara y descalificara a sus adversarios todos los días casi siempre con razón pero a veces sin ella. Horas antes de firmar notarialmente su intención antirreleccionista, dijo en la conferencia mañanera que gobernaría “hasta que el pueblo quiera”. Se refería a que incluso podría salir antes, si es que un referéndum se lo pedía. Pero sus críticos lo sacaron de contexto para insistir que era una amenaza velada para perpetuarse en el poder. Entre tantos dimes y diretes estamos dejando de ver la transferencia real que comienza a darse a favor de los pobres y el avance lento pero profundo en contra de la corrupción. Hay cambios valiosos, pero difíciles de percibir con tanto ruido. Lo dicho, López Obrador siempre se las arregla para darles municiones a sus adversarios.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

¿Siguen vivos?

Raymundo Riva Palacio

Desde hace varias semanas, dentro del gobierno federal se mencionaba con insistencia la posibilidad de que un número no identificado de normalistas de Ayotzinapa que fueron privados de su libertad hace cinco años en Iguala, un hubieran sido asesinados, como afirmó el ex procurador general Jesús Murillo Karam, estuvieran vivos. Hipótesis de ello han corrido desde que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, por declaraciones que nunca se confirmaron y que se centraban en que la organización criminal Guerreros Unidos, en cuyas manos cayeron aquella noche de verano, habían hecho leva con varios de ellos y los tenían trabajando en los campos de amapola. Sin embargo, la duda sobre si estaban muertos, provenía de un documento que nunca fue integrado por el gobierno anterior en el expediente del Caso Ayotzinapa, del análisis técnico de los teléfonos celulares de los normalistas, realizado por el FBI a petición de la PGR, y del que no se tenía conocimiento hasta ahora.

Una investigación de más de dos meses realizada por los reporteros de Eje Central, María Idalia Gómez y Jonathan Nácar, revela que un total de 27 celulares atribuidos a normalistas, continuaron operando seis semanas después de que fueron atacados en Iguala. Autoridades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y expertos internacionales, han dicho que varios teléfonos continuaron activos después del crimen. Sin embargo, lo que encontró el FBI es que el patrón de comportamiento de los teléfonos fue el mismo que tenían previo al crimen. Es decir, la red de vínculos de los teléfonos fue la misma antes y después del 26 de septiembre, como si nunca hubieran desaparecido.

Los informes del FBI obtenidos por Eje Central muestran que las llamadas realizadas antes del 26 de septiembre a municipios de Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, continuaron realizándose a los mismos teléfonos -cuyos propietarios no están identificados- hasta dos meses después de la desaparición. No hay una explicación que resuelva las incógnitas, pero el FBI señaló en su informe que los números revisados tenían un comportamiento “consistente con el mismo usuario”.

La pregunta ¿siguen vivos? cobró una fuerza que no se tenía antes, y renueva la esperanza de los padres por volver a ver a sus hijos con vida. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, responsable de la Comisión de la Verdad sobre el Caso Ayotzinapa, la reforzó el jueves al anunciar dijo que las nuevas búsquedas serían de vida, como han pedido todos estos cinco años los padres de los normalistas.

Será la primera vez que los busquen con vida desde el 30 de septiembre de 2014, cuando tras una llamada del general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, al presidente Enrique Peña Nieto, para informarle que un soldado de Inteligencia Militar, Julio César Patolzin, infiltrado en la normal de Ayotzinapa y que iba con los estudiantes cuando fueron atacados no aparecía, se enfocaron las investigaciones a determinar cómo los habían matado y en dónde podrían encontrarse sus cuerpos.

El tema de la telefonía celular fue expuesto por primera vez por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que detectó que 17 aparatos de los normalistas habían seguido activos después de la desaparición. El gobierno de Peña Nieto, sin embargo, no profundizó las investigaciones, y hasta el 6 de julio de 2017, admitió ante la CIDH que tres chips y nueve teléfonos pertenecientes a los normalistas, habían sito utilizados con posterioridad a los hechos de Iguala, y que la Policía Federal le correspondía indagar esas pruebas.

La Policía Federal no hizo nada, y de ahí derivan nuevas líneas de investigación en contra de los ex comisionados de la Policía Federal, Enrique Galindo y Manelich Castilla, así como en contra del ex comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, bajo el presunto delito, cuando menos, de omisión. Además de ellos, cabría la posibilidad de que se abra otra en contra del ex procurador Jesús Murillo Karam, responsable director de no haber integrado el análisis de telefonía del FBI al expediente del Caso Ayotzinapa. De acuerdo con ex funcionarios de la PGR que participaron en la investigación, Murillo Karam nunca les informó de la existencia del documento. En la constancia de expedientes que se entregó a la CNDH, tampoco figura el reporte.

El FBI realizó el análisis de la telefonía celular a partir de la información que le proporcionó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. No se sabe con precisión la fecha cuando pidió la PGR el apoyo del FBI, pero sí cuándo entregó sus resultados. De acuerdo con Eje Central, el primer reporte se entregó con fecha 7 de noviembre de 2014, y el segundo 14 días después. Las fechas son importantes.

El 7 de noviembre fue la conferencia de prensa de Murillo Karam, inmortalizada por la frase “ya me cansé”, donde dijo que aunque se mantendría la investigación clasificando a los normalistas como desaparecidos, “no tengo ninguna duda de que ahí hubo un homicidio masivo”. El 28 de enero de 2015, ofreció otra conferencia de prensa donde dijo que la “verdad histórica” es que los cuerpos de los 43 normalistas los habían incinerado en el basurero de Cocula, y sus cenizas arrojadas al Río San Juan.

Los documentos revelados este jueves muestran que Murillo Karam desestimó la información del FBI y nunca la tomó en cuenta para revalorar sus conclusiones. Peor aún, que la escondió para no incorporarla a la investigación. Haberlo hecho, habría derrumbado sus conjeturas, o cuando menos lo habría obligado a matizarlas. No hacerlo abre la vía a una acusación por omisión u obstrucción de la justicia.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Tres cosas marcaron el quinto aniversario del Caso Ayotzinapa. No, no fueron las marchas, ni las manifestaciones, ni los gritos de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, ni la comparecencia de los padres en la tribuna de la Cámara de Diputados. Nada de esto es novedoso, realmente.

Lo verdaderamente impactante han sido dos cosas: primero, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se puso la camiseta del caso, literalmente, y reiteró la oferta de dos recompensas para esclarecer el caso: Una, de 1.5 millones de pesos para quienes aporten datos fidedignos de la ubicación de los 43 normalistas que fueron desaparecidos en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014. Y otra de 10 millones de pesos, para dar con el paradero de un sujeto identificado como Alejandro Tenescalo, de quien poco se sabe, salvo que habría sido el cerebro de la cacería de muchachos y su posterior desaparición. Al parecer, Tenescalo es el eslabón perdido del Caso Ayotzinapa, y su localización es crucial para desentrañar la verdad de aquella fatídica noche, que no sólo se llevó a 43 jóvenes normalistas, sino que acabó con un gobierno estatal, con el PRD, y con el gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña Nieto.

Nadie puede dudar de que a partir de la desaparición de estudiantes, nada fue igual para Peña Nieto. Jamás se pudo recuperar el presidente de toda la serie de pifias en que lo metieron sus muchachos, los Golden Boy que lo acompañaron en su gobierno. Pero específicamente el entonces titular de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien fue el que manejó la agenda del caso, incluyendo las reuniones del presidente con los padres de los normalistas desaparecidos.

Estamos ante el reinicio de las investigaciones, y definitivamente esperamos sorpresas. Por ejemplo, el titular de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en el país, informó ayer en presencia del mandatario federal, que el grupo científico que coordina ha hecho el análisis de 80 millones registros de llamadas de los teléfonos de los muchachos, “son 206 mil llamadas de interés que permitió una red de (…) Minuto a minuto de esta operación. No puedo dar el detalle, pero sí puedo decir que en ningún momento hubo contacto de algún estudiante con algún grupo delictivo ni con ninguno de sus integrantes”, dijo.

Esto en referencia a que le preguntaron si la indagatoria demuestra que los normalistas hayan tenido contacto con algún grupo delincuencial, que demuestre que estuvieron en Iguala no de manera fortuita, sino enviados por alguien más. Recordemos que oficialmente ellos fueron a esa ciudad por los camiones, porque en Chilpancingo la Policía Estatal les evitó la toma de las unidades. Pero los delincuentes detenidos han declarado que los confundieron con gente de Los Rojos, que habría acudido a Iguala a reventarles la plaza a los de Guerreros Unidos.

Encinas descarta esa posibilidad, aunque recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en su recomendación del caso, que desde antes del ataque contra los jóvenes, la Normal Rural de Ayotzinapa estaba infiltrada por dos grupos de narcomenudistas, que operaban con autorización del Comité de Base Estudiantil, cuyo secretario general era David Flores Maldonado, La Parka.

Por lo tanto –y sin que esto implique incriminar a los jóvenes desaparecidos-, conviene preguntarse por qué nunca fue intervenida esa institución, cuyo director tuvo que reconocer que ahí opera un autogobierno, y que hay un comité que maneja a los estudiantes. De hecho, fueron los líderes de este comité los que comisionaron a los jóvenes para ir por camiones, aprovechando a los de recién ingreso. Por eso la mayoría de ellos son de primer año, porque recién iniciaba el ciclo escolar.

La segunda sorpresa de este quinto aniversario, es la versión del ex coordinador de la CRAC-PC, Eliseo Villar Castillo, quien viene afirmando en una serie de entrevistas vía telefónica desde la cárcel de Chilpancingo, que los muchachos fueron enterrados en un lugar inaccesible. Y que lo sabe porque tres reos que participaron en la masacre se lo dijeron. De hecho, esto ya se lo informaron los cuatro a Alejandro Encinas, en tres reuniones a los que los han convocado, en el penal de Cuernavaca. Indicó que existe, incluso, un mapa satelital de la zona donde estarían los muchachos.

Y hasta aquí todo parecería una especulación, o un mero momento de oportunidad para Eliseo Villar Castillo, para obtener su libertad. Sin embargo, Alejandro Encinas reconoció que, en efecto, se tiene otra línea de investigación y que no han acudido al lugar porque es una zona muy peligrosa, y están ideando una estrategia de seguridad para ir a explorarla. Esa zona está en la Sierra del estado.

Con estas novedades, así como el anuncio de la comparecencia de las autoridades estatales y federales, vemos que el caso avanza. Y es cuestión de tiempo para que el rompecabezas comience a tomar forma.