IRZA
CHILPANCINGO. La Mesa Directiva envío a comisiones el exhorto
propuesto por diputados Morena, en el que piden al gobierno federal que
investigue el presunto “quebranto financiero y desorden administrativo” en el
sistema educativo de Guerrero y en el Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo (FONE), herencia que data desde el gobierno que
encabezó René Juárez Cisneros.
El exhorto propuesto por Mariana García Guillén, Norma Otilia Hernández
Martínez y Luis Enrique Ríos Martínez, está dirigido a tres secretarías: de
Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de la Función Pública. La
titular de esta última es la guerrerense Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
De acuerdo con la propuesta leída en tribuna por Ríos Saucedo durante la
sesión ordinaria de este jueves, se les pide que investiguen el presunto
“quebranto financiero y el desorden administrativo” en el sistema educativo de
Guerrero.
Pero también en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y
Gasto Operativo (FONE) a partir de los años 1999 a 2019.
El punto de acuerdo también incluye a los secretarios de Finanzas y
Administración, Tulio Pérez Calvo, y de Educación, Arturo Salgado Urióstegui,
del gobierno estatal, para que implementen una revisión al presunto “quebranto
financiero y el desorden administrativo” en sistema educativo.
“O en su caso la realización de una auditoría a los recursos económicos
destinados al sistema educativo del Estado de Guerrero y al Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a partir de los
años 1999 a 2019”.
Cabe recordar que el gobernador Héctor Astudillo Flores ha expresado que
hay dificultades financieras para pagarle a los más de 5 mil trabajadores fuera
de FONE a partir de la primera quincena de este mes.
La razón, explicó, es porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
no le ha reembolsado los 300 millones de pesos que destinó del presupuesto
estatal para cubrir el salario de estos trabajadores durante los últimos cuatro
meses.
Los diputados morenistas señalan en el punto de acuerdo que este
“desorden administrativo” tiene su origen en el gobierno del priista René
Juárez Cisneros (1999-2005) al cual, acusaron, “se caracterizó presuntamente
por la irresponsabilidad en el manejo y control de las finanzas públicas, y por
presuntos actos de corrupción, por prácticas de nepotismo, cohecho,
influyentismo y opacidad para favorecer con plazas o ascensos dentro del sector
educativo de Guerrero”.
Señalaron que esas “malas prácticas” derivaron en 7 mil 418 plazas y 25
mil 529 horas sin techo presupuestal, “lo que puso y mantiene ahora en
situación de precariedad financiera al gobierno de Guerrero”.
Recordaron también que al final de la administración del ex gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo, en julio del 2011, “una auditoría federal arrojó
faltantes por ocho mil 200 millones de pesos, sólo en el sector educación y
salud, y la autorización de otras tres mil plazas para maestros sin techo
financiero, según lo declaró el propio titular de la Contraloría de ese
gobierno, que sumadas a las siete mil 448 plazas que dejó el gobierno de René
Juárez, éstas incrementaron a más de diez mil cuatrocientas plazas sin
referencia o techo presupuestal, agravando la situación financiera, laboral y
de salarios”.
El gobierno del exgobernador sustituto Rogelio Ortega Martínez,
añadieron, manifestó que con la entrada en vigor del FONE en 2014, al menos 12
mil 326 plazas no fueron reconocidas por la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “por lo que se cubrieron con
fondos estatales de enero a marzo de 2015, lo que por su magnitud financiera no
podría hacerlo subsecuentemente, lo que hoy está sucediendo”.
Al respecto, la administración del gobernador Héctor Astudillo redujo a
5 mil 700 las plazas fuera de FONE, aproximadamente. Sin embargo, los diputados
morenistas coincidieron en que es necesario y urgente investigar el origen del
“desorden administrativo y quebranto financiero” del sector educativo de
Guerrero. Cabe precisar que, a petición de los legisladores promoventes, el
punto de acuerdo fue turnado a comisiones.