Larga prisión para Rosario
Raymundo Riva Palacio
Los abogados de Rosario Robles están convencidos de que la ex secretaria de Estado no pasará ni dos meses en la cárcel, que es la fecha en que se prevé la segunda audiencia para desahogar pruebas. Todo indica que su diagnóstico está mal, y lo más probable, como se ve el caso de Robles en este momento, es que pase una larga temporada en prisión. No debió haber pisado la cárcel, pero los yerros de la defensa y una comparecencia ante un juez que se excedió en sus atribuciones, se combinaron para que duerma en Santa Martha Acatitla. Para entender cómo se hundió ella misma, y las dificultades que enfrentará en el proceso ante un juez en sus 15 minutos de fama, hay que empezar por el principio.
El delito por lo cual se le vinculó a proceso está en el artículo 214 fracción III del Código Penal Federal, donde señala su violación si “por cualquier acto u omisión… no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”. En su declaración, Robles dijo que le avisó al presidente Enrique Peña Nieto “de primera mano”, en los acuerdos que tenían o a través del teléfono rojo. Es delincuente confesa. La ley especifica claramente “por escrito”, lo que nunca hizo. Dentro de la administración pública, este tipo de comunicaciones las llaman “save my ass e-mail” o “save my ass brief”, para describir cómo los informes por escrito los eximen de esa responsabilidad.
Robles fue omisa, y por esa razón el juez Felipe de Jesús Delgadillo le dijo que la forma como dijo informar al ex presidente, no era suficiente. Su incumplimiento fue total. Para efectos judiciales, Peña Nieto no fue puesto al tanto por Robles. Su defensa también planteó que le había avisado a su sucesor, José Antonio Meade, pero una vez más, erró. El presunto delito es porque ante el estipulado legal de que “evite (los presuntos actos delictivos) si está dentro de sus facultades”, Meade no pudo incurrir en él por omisión o comisión, porque no podía “evitar” algo que ya estaba consumado; en este caso, como señala la fracción III del artículo 214, el daño grave al patrimonio. Cuando la sustituyó en la Secretaría de Desarrollo Social, lo que se hizo mal, irregular o ilegal, ya estaba hecho.
Los yerros de Robles y su defensa, no impiden ver, sin embargo, la extralimitación en la que incurrió Delgadillo, un juez de Control que cuando Robles presentó como prueba el acta entrega-recepción en la Sedesol, dijo que “era una joyita porque de este papel pueden devenir acusaciones para otros servidores públicos”. El exceso de Delgadillo fue patente al actual como un juez de Instrucción, que es una figura que existía en el viejo sistema penal.
El nuevo sistema penal acusatorio lo obliga a cumplir con los principios de imparcialidad, contradicción y equilibrio procesal, cuya valoración violó, además que socavó la ley que defiende porque el juez de Control no puede ordenar diligencias ni estimular y dirigir líneas de investigación, como lo hizo al pedir a la Fiscalía General que determinara antes de este viernes si era o no procedente que se iniciara una investigación, por los mismos delitos imputados a Robles, en contra de Meade, que estuvo al frente de Sedesol por poco más de un año. Con su protagonismo, Delgadillo violó la autonomía de la Fiscalía General al socavar el artículo 20 de la Constitución y sus leyes secundarias.
Visto de esta manera, si Robles fue a la cárcel de una manera clara al violar la ley, también debería de ser sancionado -administrativamente, en este caso- el juez Delgadillo, por violar el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su fracción VIII obliga a preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo, lo que claramente incumplió. Con el juez no va a suceder nada. Es la estrella en estos momentos, el Baltazar Garzón y el Sérgio Moro de los tiempos mexicanos de la revolución de terciopelo. Tampoco se espera un extrañamiento del Poder Judicial, que si bien trata de mantener autonomía e independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, cae más veces en la sumisión pusilánime que en el equilibrio entre poderes—por lo menos hasta lo que va del sexenio.
La actitud de Delgadillo dejó mucho que desear al querer dirigir a la Fiscalía General hacia una investigación específica, que es prerrogativa única de los fiscales. También sorprendió el mutis que hicieron los fiscales ante la irrupción ilegal del juez, cuya responsabilidad tiene como fin resolver la situación jurídica de la persona sujeta a proceso, no ordenar oficiosamente diligencias.
Delgadillo rompió de paso con el principio de presunción de inocencia de Meade, al provocar con su desafortunada declaración el llamado “efecto corruptor”, inspirado en la doctrina constitucional estadounidense, que el ministro Arturo Zaldívar, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, introdujo en 2013 para alegar a favor de la liberación de la secuestradora francesa Florence Cassez, porque el manejo de medios sobre su detención, alegó, había afectado la decisión imparcial del juzgador.
Robles se encuentra en desventaja. Pisar la cárcel, como reconocen sus abogados, no era lo que esperaban. Estaban convencidos de que sería vinculada a proceso, pero que se defendería en libertad. No será así. En las condiciones actuales, sus márgenes de maniobra legal se reducen. A las acusaciones de la Fiscalía hay 105 nuevas indagatorias que abrió la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra. Que se arme de paciencia y sus abogados de mejor estrategia, porque la noche en la cárcel promete ser larga.
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