Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO. Rosario Robles supo de los desvíos en
la Sedesol y la Sedatu cuando estuvo al frente de ambas dependencias en el
sexenio pasado.
En la audiencia de imputación en su contra por el caso de
la Estafa Maestra, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó que Robles
fue enterada de las firmas de convenios fraudulentos con universidades.
Desde 2014 y hasta 2018, las irregularidades fueron
notificadas por sus subordinados de la Sedesol y la Sedatu tanto verbalmente
como por escrito, de acuerdo con los fiscales federales.
Pese a ello, alegaron en la audiencia, ella no hizo nada
por impedirlo ni lo informó a su superior jerárquico, el Presidente Enrique
Peña Nieto.
En junio de 2014, en una reunión entre el entonces
titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, y
funcionarios de la Sedesol, el órgano fiscalizador también notificó a Robles
sobre los actos de corrupción que habían detectado, y de los cuales también fue
omisa.
Lo anterior fue revelado por tres ex funcionarios de la
dependencia, quienes colaboran con la Fiscalía luego de recibir el beneficio de
oportunidad.
Se trata de José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la
Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra
Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones, y María del
Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace
Institucional.
Según la FGR, Eladio Ramírez Pineda, director General
Jurídico de la ASF, también depone en contra de Robles, y es quien el 18 de
septiembre de 2018 presentó una de las denuncias que derivaron en la imputación
penal de ayer por un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil
846 pesos.
En la audiencia de ayer, ante el juez de control Felipe
de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal del
Reclusorio Sur, los fiscales informaron que son 27 los convenios generales o de
coordinación, los contratos particulares y los apéndices, que se simularon
dentro de esta trama delictiva.
Con estos instrumentos, señalan, se desviaron los más de
5 mil millones de pesos por los que se le imputó, a través de universidades
públicas de Morelos, Quintana Roo, Chiapas e Hidalgo.
Teresa Maldonado, una de las fiscales, expuso que Robles
tuvo conocimiento que en estos contratos hubo pagos de servicios no requeridos
y mucho menos prestados, y que nunca analizaron la capacidad de las
universidades para garantizar la contraprestación, razón por la que éstas
subcontrataron más del 49 por ciento del monto total del convenio, límite
permitido por la norma.
“Usted tuvo pleno conocimiento de que los servidores
públicos realizaban contrataciones indebidas con diversas universidades
públicas del país sin licitación, sin que verificaran la capacidad técnica y
humana para ofrecer el servicio, generando con ello una subcontratación de más
del 49 por ciento permitidos por la ley”, dijo la fiscal Maldonado.
“Usted tuvo pleno conocimiento, sin que lo informara
a su superior jerárquico, el jefe del Ejecutivo Federal, lo que en la especie
no aconteció y no lo evitó, teniendo la facultad para hacerlo”.
Los fiscales le imputan a la ex funcionaria el delito de
ejercicio indebido del servicio público, en la modalidad del servidor público,
que tiene “conocimiento de que pueden resultar gravemente afectados el
patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad por cualquier acto u
omisión, y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está
dentro de sus facultades”.
Conforme al
artículo 214, fracción tercera, del Código Penal Federal, este ilícito se
penaliza con dos a siete años de cárcel y de 30 a 150 días multa.
