Dividen liderazgos a PFs rebeldes

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. La protesta de los policías federales que mantienen tomado el Centro de Mando en Iztapalapa entró en una fase de división por los liderazgos.

 En las últimas horas, diversos agentes han tomado el micrófono para reclamar las condiciones en las que se encuentra la corporación y las incertidumbres en el traspaso a la Guardia Nacional.

 Las mesas de diálogo entre los federales subieron de tono al grado de insultarse por las decisiones tomadas hasta ahora.

 De hecho, lo que divide al movimiento es que unos no aceptan bloqueos de avenidas, mientras que otro sector opina que es lo mejor para presionar a las autoridades a dialogar.

Revira FCH: si tienen pruebas preséntenlas

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. El ex Presidente Felipe Calderón pidió al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que si tiene pruebas de que está detrás de las protestas de policías federales, las presente.

“Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales”, dice en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“En particular al Presidente, pero específicamente al Secretario Durazo le exijo que si tiene pruebas las presente y actúe en consecuencia, y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias”.

El ex panista explicó que su nombre más que beneficiar, perjudicaría al movimiento.

“Mi nombre más que ayudarles les perjudicaría porque en el Gobierno y, particularmente ahí en la Secretaría, gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos, por eso no atinan a hacer bien su trabajo”, señaló.

Para Calderón, el problema con los agentes es de fondo y forma.

Indicó que los uniformados acusan una reducción de sus prestaciones laborales al pasarse a la Guardia, así como malas condiciones en su trabajo, como hospedajes que no son dignos.

El ex Presidente dijo que el Mandatario Andrés Manuel López Obrador debe escuchar a los policías y no insultarlos.

“Escuche a los policías, dejen de escucharse a ustedes mismos”, manifestó.

“Hay temas de forma cuando dicen que todos son corruptos, eso no es cierto y decir eso no es justo”.

Calderón demandó a López Obrador dejar de dividir a México.

“Le pido que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted, todos somos mexicanos y yo le pido que deje de dividir a México. Ese es el problema, han maltratado a los policías y ellos están reclamando prestaciones a las que aseguran tienen derecho”.

Yoav, campeonas de la liga ADEMEBA de basquetbol

ALDO VALDEZ SEGURA

El día de ayer por la tarde se llevó a cabo la gran final de la liga ADEMEBA de basquetbol en su categoría segunda fuerza “B” femenil, en donde el equipo de Yoav logró coronarse al imponerse 33-24 a las Chiquilicas, dicho enfrentamiento tuvo como escenario la cancha municipal.

Decenas de personas se dieron cita para presenciar esta gran final, la cual en cuanto a espectáculo no quedó a deber, debido a que los dos equipos se esforzaron al máximo para que su equipo se llevara el campeonato, fue un inicio en donde las Chiquilicas pegaron primero, pero poco a poco fueron perdiendo fuerza.

Yoav, estaba abajo en la pizarra, pero en ningún momento se desesperaron y lograron revertir la situación, por varios puntos se fueron arriba, ventaja que ya no dejaron y no permitieron que sus oponentes entraran en sus terrenos, de manera merecida Yoav se alzó con el campeonato.

Dos set fueron más que suficientes

Dos set le bastaron al equipo de las Avispas para llevarse a casa los puntos que dejó la jornada número 18 de la liga municipal de volibol en su categoría de segunda fuerza “B” al derrotar a las Galácticas, dicho duelo se desarrolló en la cancha 2 del pabellón de la unidad deportiva.

Desde el primer set, las Avispas sacaron de su repertorio sus mejores remates, los cuales fueron efectivos y dieron en el blanco, la defensiva de las Galácticas fue muy débil, solo vieron caer en su terreno el balón sin poder hacer nada, las Avispas impusieron condiciones, 25/13.

Para el segundo set, una ligera reacción por parte de las Galácticas, aquí dieron más batalla pero no la suficiente para poder emparejar la serie, las Avispas tenían prisa por terminar todo y aquí lo hicieron, no dieron tiempo para más y se llevaron el triunfo, 25/21.

Deportivo 96 y Zapata, buscan coronarse

ALDO VALDEZ SEGURA

Todo se encuentra listo para que el día de hoy en punto de las 5:30 de la tarde se esté desarrollando la gran final de la liga Premier de futbol en su categoría súper máster, la cual será protagonizada por el Deportivo 96 y la Zapata, el escenario donde se verán las caras será en el campo 1 de Blanco.

Se espera que sean decenas de personas las que se den cita para presenciar este enfrentamiento de pronóstico reservado, en donde los dos equipos libraran una batalla en busca de la supremacía, pero solo el más fuerte va a sobrevivir y se proclamara campeón de los súper máster.

Fueron los dos mejores equipos del campeonato regular, por lo tanto de manera merecida se encuentran en esta instancia y darán lo mejor de ellos para colaborar con su equipo y que este salga campeón, así pues solo en cuestión de horas rodara el balón para dar inicio a este gran enfrentamiento.

Ambientazo en juego de veteranos

Un partido de combinados entre jugadores de 60 y 65 años.

Los días martes y jueves se reúnen los futbolistas a jugar la tradicional cascarita.

El cuadro verde de impuso 5-2 a su contrincante de combinados.

Mario Miranda Oliveros, metió cuatro goles y uno Silvestre Loeza, anotaron  en el partido de convivencia.

El cuadro blanco se acercó con goles de Leonardo Negrete y Elías Camarena.

Los deportistas de la tercera edad, sudan la camiseta a la hora de patear la pelota.

Al finalizar, cada uno convirtieron el pan y la sal, con el objetivo de fomentar el fútbol entre los jugadores veteranos.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

El secreto de “Rafael”

Raymundo Riva Palacio

La crisis causada por la insurrección -hasta ahora pacífica- de la Policía Federal, obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer lo que no quería que sucediera: ver al retrovisor. El secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, desdobló “la mano negra” detrás de la protesta, disparando en varias direcciones. La que visiblemente parecía más importante, es el viejo ajuste de cuentas de López Obrador con Felipe Calderón -el ex presidente que realmente odia- desde la elección presidencial de 2006, a quien Durazo prácticamente responsabilizó de toda la putrefacción de la Policía Federal, aunque en realidad fue quien la reconstruyó del desastre que dejó Vicente Fox, en cuyo gobierno trabajaron varios miembros del gabinete actual. Pero el retrovisor no tiene el alcance de 12 años, sino de cuatro. El dato puntual es la auditoría que se hará a la cuenta pública de 2018 en las áreas de seguridad, y al esclarecimiento de la compra de un sistema llamado “Rafael” en 2015.

Durazo no precisó el tipo de compra en ese año, al proporcionar información parcial. “Rafael” no es un sistema, sino es una empresa israelita, Rafael Advance Defense Systems Ltd., con sede en Tel Aviv, que de acuerdo con un perfil empresarial de la compañía, “desarrolla y comercializa tecnologías para mercados civiles de alto crecimiento basado en tecnologías de defensa”, que abarca los campos de soluciones de seguriad y ciberseguridad. De acuerdo con los expertos, tiene equipos de telecomunicaciones con una plataforma de fusión de datos. Tampoco aportó la información completa para poder revisar la partida que señaló fue por dos mil 458 millonnes de pesos, de los cuales, dice, hay pagos pendietes por mil 300 millones.

Pero más allá de los detalles de ese contrato, es quiénes fueron los responsables de ello. Aunque por razones legales la adquisición tuvo que ser firmada por el coordinador de Servicios Generales del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Policía Federal, Eduardo Zavala, las decisiones sobre qué comprar y a quién, no dependían de él. En ese entonces, la estructura de la Comisión Nacional de Seguridad, que remplazó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal cuando fue absorbida por la Secretaría de Gobernación al iniciar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la encabezaba Monte Alejandro Rubido, quien había sustituido en marzo de 2014 a Manuel Mondragón y Kalb, quien desarrolló el primer plan de seguridad, desde ese entonces, para Durazo, a petición de él, que fue el primer diagnóstico que tuvo en sus manos López Obrador.

Como comisionado general de la Policía Federal se encontraba Enrique Galindo, responsable de la matanza en Tanhuato en 2015, y que fue destituido después del fallido y trágico operativo en Nochixtlán, Oaxaca en 2016. Pero la pieza crucial en el entramado de la seguridad pública en aquellos años estaba en Frida Martínez, que como se publicó en este espacio en febrero pasado, “es muy cercana a uno de los hermanos del actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado, y que había sido directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador. Al iniciar el sexenio peñista, el secretario de Gobernación la nombró jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del CISEN, de donde la trasladó a la Policía Federal, como secretaria general. Desde ese cargo manejó un creciente presupuesto donde hay fuertes sumas de dinero que se desconocen por qué fueron manejados dentro del rubro de seguridad nacional, por lo que no tenían que rendir cuentas a nadie.

“Bajo su administración en la Policía Federal se canceló el pago de equipos y sensores de vigilancia en el penal de El Altiplano, aprovechado por Joaquín El ChapoGuzmán para fugarse en 2015, se dejaron de proporcionar uniformes a los federales, a quienes también los abandonaron muchas veces al no pagar su hospedaje cuando estaban de comisión, obligándolos a dormir en la intemperie. El problema de los contratos de alimentos se ubica sobre todo en el campo de las cárceles, que el gobierno de López Obrador está arrastrando porque actualmente no han podido pagar la alimentación en los penales”.

Las explicaciones de López Obrador sobre las razones para acabar con la Policía Federal y tener una Guardia Nacional manejada y controlada por militares, se expuso en esa columna, tienen nombre y apellido, el de Miguel Ángel Osorio Chong, el autor intelectual de la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en Gobernación, aunque el presidente no lo hubiera mencionado. Aún hoy, no han mencionado ningún nombre, López Obrador o Durazo, pero ya establecieron los años en los cuales están revisando posibles actos de corrupción. Son 2015 y 2018, donde van a revisar las cuentas de Gobernación. Osorio Chong dejó la titularidad de ese despacho en enero del año pasado, pero su sucesor,  Alfonso Navarrete Prida no quedó satisfecho con la entrega-recepción de su antecesor. Había 20 millones de pesos que no se habían podido documentar de la gestión anterior, y no aceptó esa entrega.

La crisis que se vive con la rebelión de la Policía Federal obligó al gobierno actual a buscar responsables. Durazo se remontó 12 años a la destrucción de la Policía Federal, pero se ha documentado en este espacio, desde noviembre de 2012, cómo fue el gobierno de Peña Nieto el que desmanteló todo lo que se había hecho y ocasionó con su incompetencia, la espiral de violencia que le dejó al gobierno de López Obrador. El presidente hace bien en voltear al pasado para encontrar las fuentes del problema de la inseguridad. La Policía Federal y el manejo de sus dineros en el sexenio anterior apesta, y es necesario airear esa caja negra y aclarar si “Rafael” es el principio

Editorial


Los gazapos de Bartlett

En medio del diferendo con las trasnacionales energéticas contratadas para construir y operar siete gasoductos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Poder Judicial dio un revés a esa empresa productiva del Estado en su pretensión de obligar la entrada en operación del Gasoducto Morelos –el octavo conflictuado—y con eso la termoeléctrica en Huexca.

Parte vital del Proyecto Integral Morelos (PIM), el gasoducto mencionado seguirá inoperante y con ello, mantendrá la parálisis de todo el conflictivo megaproyecto que, herencia de pasadas administraciones, desnuda la negligencia en la gestión de Manuel Bartlett como ocurre también con los siete gasoductos que intenta, a fuerza de declaraciones, renegociar.

Los siete gasoductos de la polémica de esta semana, tienen en común con el Gasoducto Morelos (que atraviesa municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos), la arbitrariedad de origen, la imposición de las obras planeadas sobre comunidades que, siendo sujetas a derechos, no fueron tomadas en cuenta para su invasión y, cuando se atrevieron a protestar, se enfrentaron a un proceso represivo brutal.

El caso del PIM, como el de los siete gasoductos, tiene cierta complejidad, pero en cualquier caso las dificultades que los mantienen fuera de operación son imputables al Estado.

Fue el pasado fin de semana cuando el juez noveno de distrito en Morelos, otorgó la suspensión sobre el Gasoducto Morelos al ejido Amilcingo que, siendo una de las comunidades más activas en la oposición al megaproyecto desde 2012, se volvió emblemática tras el asesinato del dirigente indígena Samir Flores Soberanes, perpetrado el 20 de febrero pasado.

Como muchos asuntos en el arranque de la administración, el PIM se colocó en la agenda presidencial con la información surgida de la CFE de Bartlett, funcionario que ha insistido en justificar toda acción en la idea de “soberanía energética”, expresión esta que sonaría muy bien, excepto porque el proyecto está concesionado a puras trasnacionales como lo son Abengoa, Bonatti, Elecnor y Enagás.

Con prisa, de manera atropellada, Bartlett y Rocío Nahle,  pusieron las condiciones para que la naciente administración obradorista quedara en entredicho, primero con la declaración del presidente en su arenga contra los opositores el 10 de febrero, cuando los calificó “radicales de izquierda” ergo “conservadores”, provocando que inclusive dentro de su base de apoyo, así como de los izquierdistas que le son cercanos desde los tempranos dosmiles, quedaran en un predicamento.

El momento político empeoró por las consideraciones que apenas días antes le había dispensado a la familia Zapata, descendiente del caudillo, que terminaría distanciándose acusando al mandatario de violar acuerdos, particularmente, en relación con la consulta sin asideros legales que impuso.

Tras el asesinato de Samir el momento político se complicó más con la torpe intervención de Hugo Eric Flores Cervantes, el virrey de Morelos, que terminó por distanciar al movimiento opositor al PIM de la llamada “Cuarta Transformación”.

Quizás la peor parte de todo es que López Obrador y sus colaboradores no tenían responsabilidad política ni legal respecto al PIM, que fue planeado durante la gestión de Alfredo Elías Ayub, e iniciado por Antonio Vivanco, en su respectivo paso por la CFE en tiempos de Felipe Calderón. Por lo tanto, ellos, sus equipos y quienes les sucedieron, tendrían que responder por la falta de deber de cuidado, la negligencia y el daño patrimonial a la hacienda pública derivado de no haber considerado litigios ni conciliaciones necesarias antes de arrancar la obra lo mismo que ocurre con los otros siete gasoductos conflictuados.

Hasta donde se sabe, la secretaría de la Función Pública no tiene abiertos expedientes, ninguno de los involucrados ha sido expuesto por López Obrador ni sus colaboradores que, en su afán de agilizarlo todo, terminaron asumiendo los costos políticos propiciando lo que simple y llanamente es impunidad para “el antiguo régimen”.

López Obrador fue más cuidadoso el 1 de julio al referirse al asunto cuando prometió no imponer el PIM en su mensaje en el Zócalo. La declaración expresa en general la idea de respetar los 15 amparos existentes contra la obra, la mayoría obtenidos el sexenio pasado. Se trata pues de una aparente rectificación, dado el rumbo de tomó el asunto, después de ser arrastrado por los gazapos bartlianos.

La dupla Nahle-Bartlett va de mal en peor, en el caso de ella por la impericia, de él por sus formas en desuso frente a nuevas realidades. En ambos, un talante autoritario que para concretar decisiones dejan muchas lesiones al paso.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Qué sucedió en la Policía Federal, que devino en ruptura con el régimen lópezobradorista?

La pregunta pesa porque no es posible que al presidente y sus colaboradores, comenzando por el Secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo Montaño, se les haya pasado ese pequeño gran detalle de sujetar a los elementos de la Policía Federal a los nuevos lineamientos.

Lo que podemos deducir, es que los policías federales pensaron que su pase a la Guardia Nacional sería automático, y cuando se enteraron que tendrían que pasar por las pruebas del polígrafo, entre otros exámenes de control y confianza, se fueron a encabezar un movimiento nacional alegando violaciones a sus derechos laborales, que son aspectos meramente administrativos.

Lo peor, es que se llevaron patrullas y armas de cargo. Luego entonces, tenemos en las calles del país a un ejército de policías federales armados y con capacidad de movilización, y en caso de que no lleguen a algún acuerdo con el gobierno federal –toda vez que ayer reventaron la mesa de negociación que encabezó el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja-, el riesgo es que se queden por ahí dispersos, en calidad de desertores.

Con sus movilizaciones y paros, los policías federales pusieron sobre la mesa un pliego petitorio de 15 exigencias, pero mezclando lo laboral, que tiene que ver con sueldos, prestaciones y antigüedades. Pero el mismo presidente de la República dijo que no se les conculcarían esos derechos, sino que todo a aquel que pase a la Guardia Nacional, le serán respetados todos sus logros laborales.

Luego entonces, ¿por qué los policías federales continúan con su protesta?

Aquí viene el “pero”. Es que no quieren, de entrada, tener un mando militar, mucho menos ser evaluados por militares, con el argumento de que estos no conocen la función policial.

“No seremos evaluados y pasaremos en automático a la Guardia Nacional y el mando saldrá de las filas de la Policía Federal sin parentesco con la escala de mandos”, expusieron.

Con la pena pero esto es un descaro. Como policías, están sujetos a un régimen de obediencia; y por ley, todo aquel que repruebe los exámenes de control y vigilancia pueden ser despedidos sin cargo para la parte patronal. Porque éste es el requisito primordial para formar parte de todo cuerpo de seguridad, desde el nivel municipal hasta nivel federal y simplemente no pueden borrarlo de un plumazo, porque es una disposición legal incluso para las policías civiles, mucho más para la Guardia Nacional, que nace como un cuerpo de seguridad debidamente acreditado y saneado.

Ricardo Mejía Berdeja ha atendido las mesas de diálogo con los representantes de la Policía y dijo que se sigue estando la disposición de atender todas las quejas, pero obviamente una cosa son quejas y otra cosa son caprichos.

Ellos piden:

1.- Respeto a la dignidad de todos los que conforman la Policía Federal.

2.- Respeto a la antigüedad laboral.

3.- Respeto a las prestaciones laborales.

4.- Devolución de la operatividad de 9 mil 800 pesos, cada 25 días laborados.

5.- Rechazo a la evaluación por parte de personal militar porque desconocen la función policial.

6.- Rechazo a ser trasladados administrativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

7.- Rechazo a vivir en cuarteles militares.

8.- Exigen sueldo quincenal mínimo de 15 mil 000 pesos libre de impuesto, a partir de la segunda quincena de julio de 2019.

9.- Exigen la desaparición del sueldo base de 2 mil 300 pesos.

10.- Exigen la desaparición de la prueba del polígrafo.

11.- Exigen respeto a los horarios establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

12.- Exigen la renuncia de los mandos medios, desde comandantes hasta directores, que estén relacionados con actos de corrupción y con el crimen organizado.

13.- Instalación de una oficina de derechos humanos para los policías en el Centro de Mando.

14.- Los policías federales quien conformar un sindicato.

15.- Entrega de uniformes dos veces por año.

Como podemos observar, hay por lo menos 2 exigencias que pueden ser la verdadera causa de la revuelta de policías federales; a saber: Eliminación de la prueba del polígrafo y rechazo a la evaluación policial.

Se suman otras descabelladas como el cubrir horarios regulares, previstos en la Ley Federal del Trabajo (de 8 horas), pues ellos están bajo un régimen distinto; y la libertad para constituirse en un sindicato.

Veremos en qué para todo este desaguisado. Lo cierto es que el plan es la desaparición de la Policía Federal para 2020, dando 18 meses a sus integrantes para que se agreguen a la Guardia Nacional –sólo 10 mil ya lo hicieron-, o bien optar por la policía aduanal o la policía migratoria.

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