Jorge Carrasco Araizaga
El caso del abogado Juan Collado recuerda al de
la profesora Elba Esther Gordillo. Sólo que tiene un propósito mayor. El de
Gordillo fue un cobro de facturas. El de Collado, una estrategia para marcar
“el cambio de régimen”.
Es un caso de grandes implicaciones que según
lo señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) en la orden de
aprehensión contra Collado puede alcanzar al expresidente Enrique Peña Nieto.
Aunque el también expresidente Carlos Salinas
es mencionado, la denuncia pone el acento en Peña Nieto no sólo como accionista
de la financiera Caja Libertad, sino como el beneficiado con entregas de dinero
en efectivo, “en cajas” que eran transportadas en camionetas de traslado de
valores.
Si la persecución penal quedara limitada al
abogado Collado no tendría sentido que el caso lo haya presentado ante la
justicia federal la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos
por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia de la FGR.
A Gordillo la persiguió el propio Peña Nieto
en represalia por su franca oposición a la reforma educativa y de paso para
cobrarle su colaboración con los gobiernos del PAN y su operación política
contra el PRI.
La acusó de delincuencia organizada, lavado de
dinero y evasión fiscal. Ninguno de los cargos prosperó y al final del gobierno
de Peña Nieto, ya con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección
presidencial fue exonerada y quedó en libertad hace casi un año, el 8 de agosto
de 2018.
Las mismas acusaciones fueron las que se
enderezaron en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien ahora
protagoniza, de nueva cuenta, uno más de los escándalos del gobierno de Peña
Nieto al asegurar que su entrega fue pactada.
La entonces Procuraduría General de la
República, antecedente de la FGR, no pudo comprobar las acusaciones contra
Gordillo, además de que fue responsabilizada por haber obtenido información
financiera de la exjefa sindical sin autorización judicial.
La FGR ahora acusa a Collado de delincuencia
organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y al igual que lo
hiciera la PGR con Gordillo, en muy poco tiempo, apenas unas cuantas semanas,
el ministerio público federal procesó la acusación.
El único denunciante en este caso, Sergio Hugo
Bustamante Figueroa, se presentó ante la FGR el 9 de junio cuando se abrió la
carpeta de investigación. Bustamante fue ampliando su declaración y la FGR le
pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que revisara la denuncia.
En menos de una semana, la UIF, a cargo de
Santiago Nieto, defenestrado como fiscal electoral en el gobierno de Peña Nieto
en medio del escándalo Odebrecht, avaló la acusación y el día 6 de julio el
juez de control en el Reclusorio Norte, Jesús Eduardo Vázquez Rea, firmó la
orden de aprehensión. Se cumplió el martes 9.
Así de expedito fue también el proceso para
detener a Gordillo. Pero el objetivo era sólo ella. Ni siquiera otros
dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Esta
vez, la acción inmediata es en contra de quien puede ser considerado como una
síntesis de la “mafia del poder” en la caracterización hecha por López Obrador.
Juan Collado es el personaje que desde el
salinato ha estado vinculado a los priistas y panistas con los que durante
décadas se enfrentó el ahora presidente. Por eso en la orden de aprehensión se
menciona expresamente a Carlos Salinas y, de paso, al exsenador panista y
abogado, Diego Fernández de Cevallos.
Pero las acusaciones son más explícitas en
contra de Peña Nieto, sobre quien también se puede tender un cerco judicial en
el caso de su primer director de Pemex, Emilio Lozoya, por el dispendio en la
petrolera en la compra de la chatarra que era Agronitrogenados.
Ya embarcada en la acusación y el escándalo
mediático, a la FGR no le queda más que demostrar que el expresidente Peña,
sobre quien por años se ha proyectado la sombra de la corrupción, participaba
en las supuestas estructuras de triangulación internacional de recursos
ilegales a través de Caja Libertad.
De hacerlo, México asistiría por primera vez a
una acción penal en contra de un expresidente por delincuencia organizada, con
lo que López Obrador estaría actuando en los hechos en contra de “la mafia del
poder” que tanto denostó y le daría a los mexicanos lo que tanto han querido:
la cabeza de un rey del viejo régimen.
Y sus bonos volverían a subir dentro y fuera
del país cuando su presidencia cada vez los necesita más.
