(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Los diputados federales avalaron este jueves en lo general,
la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con la oposición del PRD. Resulta
increíble que México no contara con una ley de esta naturaleza que le impidió
durante decenios confiscar sin más trámites los bienes que son resultado de
actos delictivos. De ahí que, por ejemplo, cuando Estados Unidos pedía la
extradición de algún delincuente, también se tomaba la libertad de incautar sus
bienes, como lo pretende hacer con la fortuna de Joaquín Guzmán Lorea.
Desafortunadamente, nuestro país no tenía un instrumento
legal de esta talla, para confiscar los bienes de los jefes de los grupos
delincuenciales, así como tampoco los de funcionarios públicos y gobernantes
cuya riqueza proviene de actos de corrupción, saqueos y malversación de fondos.
A diferencia de países como España y los Estados Unidos, el
gobierno mexicano se metía en vericuetos a la hora de hacer confiscaciones, y
el resultado es muy pobre hasta ahora. Si revisamos el caso de Guzmán Loera,
por ejemplo, es irrisorio el número de propiedades, bienes muebles, y efectivo
que le han quitado. Su fortuna prácticamente está intacta.
Con ésta nueva legislación, citó el diputado federal Rubén
Cayetano García, “la autoridad podrá retener y enajenar bienes provenientes de
actos delictivos, para fines de políticas públicas para, por ejemplo, disminuir
la pobreza como ocurrió recientemente con la decisión del presidente Andrés
Manuel López Obrador de otorgar a municipios pobres de Guerrero, Cochoapa el
Grande y Metlatonoc, de la Montaña de su Estado”.
Ayer, con críticas de la bancada del PRD, en el sentido de
que esta ley se prestará para arrebatar los bienes de gente inocente, los
diputados federales aprobaron la legislación mencionada en lo general, y pasará
a una revisión artículo por artículo.
Votaron a favor Morena, PRI, PAN, PT, PES, MC y Verde
Ecologista, pero no se consiguió el voto del partido amarillo, sí como un voto
en contra del PES y una abstención de parte de este mismo partido.
Hay reservas y abstenciones, claro, pero estas se van a
discutir en lo particular, lo cual debieron hacer también los perredistas, pero
no votar en contra.
Concretamente, la ley habla de bienes que son susceptibles
de ser confiscados, y señala que son todos aquellos bienes muebles e inmuebles,
así como en moneda corriente y extranjera, que sean producto o instrumento de
un hecho ilícito, o que estén destinados para usarse en delitos.
Para los perredistas, esto último es una presunción, y de
ahí su voto en contra. Aquí entrarían, por ejemplo, las casas que son rentadas
a delincuentes para usarse como mazmorras a donde llevan a la gente
secuestrada, o que usan como sus fortines. Con la citada ley, estos bienes
aunque estén en calidad de arrendamiento, serán susceptibles de ser enajenados
por el Estado, venderse y reintegrarse al pueblo en obras y programas sociales.
¿Qué es la extinción de dominio? Es la pérdida de derechos
que tiene una persona en relación a bienes de todo tipo. Si estos bienes son
usados para actividades ilícitas, automáticamente la persona pierde el derecho
sobre ellos y pasan al poder del Estado.
Esto ya lo viene haciendo, de hecho, el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, y lo intentó hacer el gobierno de Felipe Calderón, pero
sólo en el caso del dinero decomisado al chino Zhenli Ye Gong, que
presuntamente se usó en la construcción de clínicas de rehabilitación para
adictos.
Pero se trata de hechos aislados y lo que se necesita es que
sea una norma. Un juez en España se mostró sorprendido porque México no tiene
una vía rápida para incautar bienes. Allá, dijo, se investiga, se detiene a la
persona, se somete a juicio, automáticamente quedan incautadas sus propiedades
y cuentas bancarias, y una vez que se le comprueba su responsabilidad, va a
prisión y sus bienes pasan a ser propiedad del Estado (que no del gobierno,
ojo).
La ley que se analiza en la Cámara de Diputados le da al
presidente de la República la facultad de decidir el fin de los bienes incautados,
pero definitivamente deberán ser para programas sociales, servicios públicos y
otras políticas prioritarias.
