(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Hay una reforma electoral en ciernes, impulsada por Morena,
que será de gran calado, de acuerdo con los legisladores que la promueven. En
ella, se prevé la centralización de todos los procesos electorales, sean
federales, estatales o municipales, así como también están contempladas
modificaciones profundas al sistema político-electoral, incluyendo la reducción
de las prerrogativas a los partidos políticos, que con el nuevo modelo aumenta
en forma exponencial, y la eliminación o reducción de candidaturas plurinominales.
Obviamente esta propuesta está levantando ampolla en los
partidos de oposición, porque al centralizarse los procesos electorales en el
Instituto Nacional Electoral, desaparecerían las estructuras electorales
locales, y todo lo relativo a lo electoral pasará a ser de competencia federal.
En Guerrero, desaparecería el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, así como el Tribunal Estatal Electoral. Eso, dice el
ex diputado local calentano Ramiro Alonso de Jesús, atenta contra la autonomía
de los estados.
Pero independientemente de eso, habría que revisar si en el
Instituto Nacional Electoral tendría la capacidad para atender todos los
procesos electorales del país, y es obvio que absorbería mayores recursos de la
Federación, deslindando a las entidades federativas de ese gasto.
Ahora mal, si revisamos la utilidad de los órganos
electorales locales, tanto en materia de consolidación democrática, combate a
la corrupción electoral y otras minucias que vienen a hacer la diferencia, pues
lo cierto es que estas instancias dejan mucho que desear, desde el momento en
que los nombramientos de sus titulares son impulsados por el partido
gobernante.
No hay una autonomía real, y a partir de ahí todo se
contamina.
La prueba está en que las candidaturas ni siquiera se
revisan, y llegan al gobierno personajes con antecedentes de corrupción, sobre
todo si ya ejercieron el poder. Y qué decir de los antecedentes penales.
En este aspecto, el IEPC es algo así como la carabina de
Ambrocio.
El Tribunal Estatal Electoral, por su parte, ha demostrado
que también suele ser comparsa de fraudes y conflictos, al grado de que los
afectados recurren a la instancia federal, donde les corrigen la página,
quedando demostrado que son aparatos de control político, lejos de la supervisión
y aplicación de las leyes electorales vigentes.
En cuanto a la viabilidad de la centralización de los
procesos electorales, el titular del INE, Lorenzo Córdova, tocó un punto
importante, diciendo que si bien en este momento se tiene un sistema electoral
funcional, cualquier reforma mal planificada podría destruirlo, pues se
requeriría “refundar” al INE, con mayor presupuesto, más atribuciones y más
personal.
Otro consejero, Marco Baños, señaló que no será
despareciendo las autoridades electorales en los estados como se ahorrará
dinero en el sistema político-electoral, porque lo que no hagan los estados
tendrá que absorberlo el INE –léase gobierno federal.
Propone, en cambio que se adopte la boleta electrónica, para
que se ahorren los multimillonarios recursos que se utilizan en la impresión de
boletas, su movilización antes, durante y después de la elección, así como su
almacenamiento.
Hay gente de otros partidos que están de acuerdo en que se
promueva la austeridad republicana en el ámbito electoral, pues estamos
conscientes todos que tenemos las elecciones más caras del mundo, y que hay un
prototipo de asignación de prerrogativas a los partidos que es exponencial, año
con año aumentan.
Otra propuesta es reducir los tiempos de campaña. Por
ejemplo, si la campaña para presidente de la República es de 90 días, podría
reducirse a la mitad, y así sucesivamente.
Actualmente se están desarrollando los foros de consulta
para esta propuesta de reforma electoral, y sin duda será uno de los temas del
año que ocuparán mucha tinta y papel para documentarse, aunque los diputados
opositores advierten que viene la aplanadora morenista y que la reforma va
porque va.
