Eduardo R. Huchim
La falta de abasto oportuno de gasolina, como
consecuencia del combate al robo a Petróleos Mexicanos, ha generado irritación
y duras críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también ha
producido reacciones de respaldo al Presidente y de solidaridad social
encomiable.
López Obrador está siendo sometido a críticas y
descalificaciones -no sólo por el tema de gasolina- que no recuerdo yo en
ningún sexenio anterior. Severos artículos de opinión, hirientes cartones,
señalamientos de ineptitud y acusaciones sin sustento de actores políticos han
constituido una suerte de acoso al nuevo gobierno. Es un acoso que -conviene
tenerlo presente- a veces nubla la crítica sensata y fundada que también se ha
manifestado y que debe tener la atención debida del mandatario y su gabinete.
En la relación gobierno-medios, la rudeza también ha
estado en los terrenos gubernamentales. Las reacciones presidenciales no han
sido precisamente las mejores. Pareciera que el Presidente aún no se convence
de que la Jefatura del Estado mexicano -sin importar quién la ostente- posee
una majestad republicana que lo obliga a la contención. A nadie conviene que el
mandatario se suba al ring, aunque la ofensa y la calumnia sean irritantes. Hay
maneras de refutar infundios e imprecisiones sin gritos ni sombrerazos, como
gusta decir AMLO.
En la coyuntura gasolinera, han proliferado también
manifestaciones diversas de solidaridad, se ha hecho patente la resignada
paciencia ante el desabasto, paciencia hija de la convicción de que es necesario
frenar el robo de combustible (“Hay que atorarle”, decía Carla
Hernández en un video mientras hacía fila de tres cuadras para abastecerse).
Entre los apoyos institucionales descuellan el de Javier Corral en Chihuahua
respaldando explícitamente y con hechos el combate emprendido por AMLO, así
como la actividad de las pipas de propiedad privada transportando combustible.
Del mismo modo que no recuerdo antecedentes del acoso,
tampoco recuerdo -después de Cárdenas- un respaldo semejante a un Presidente.
¿Que pudo planearse mejor el combate? Seguramente sí,
bajo la premisa de que casi todo puede mejorarse. ¿Que el cierre de ductos no
es solución? Quizá no, pero tampoco es menospreciable la reducción drástica del
robo, que implica miles de millones de pesos. ¿Que debieron evitarse el
desabasto masivo y los daños a personas y empresas? Sí. ¿Que pudo diseñarse una
más efectiva política de comunicación? Sin duda.
Muchos de los críticos en la coyuntura actual centran su
descalificación a quien ha emprendido este combate, López Obrador, pero dejan
indemnes a sus antecesores omisos: Fox, Calderón y Peña. La inacción de los
gobiernos panistas y la del sexenio de corrupción que encabezó Peña Nieto no
han sido centro del análisis y el reproche.
Lo que muchos de los críticos no ven, está siendo muy
claro para gran parte de la sociedad mexicana. El combate al
“huachicoleo” implica una relevante dosis de valor personal y
político que ya hubiéramos querido en sexenios anteriores. Con audacia, López
Obrador ha puesto en juego buena parte de su capital político, su credibilidad,
sus óptimas cifras en las encuestas e incluso su seguridad personal y familiar,
para frenar una afrenta a la Nación que había sido soslayada, soterrada,
ignorada por la clase política.
Esa afrenta no es sólo el que grupos de la delincuencia
organizada roben a la Nación su riqueza de hidrocarburos. No. Desde mi
perspectiva, el mal mayor es que ese despojo haya tenido y tenga la complicidad
de funcionarios y políticos que no deben quedar impunes. Es exigible al
gabinete que, en un plazo razonable, se ofrezcan resultados tangibles y
medibles de esta etapa de un combate que muy probablemente será largo.
Si tales cosas no ocurren, el riesgo es el colapso de la
confianza en AMLO que, a contrapelo de quienes le critican casi todo, hoy por
hoy navega a toda vela. Los resultados de la encuesta de Reforma (11/01/19) son
contundentes: 62% está de acuerdo con el cierre de ductos para combatir el robo
a Pemex, 73% prefiere acabar con el robo de combustible, aunque no haya
gasolina por un tiempo, y 42% culpa a Peña del problema. Otras mediciones
apuntan en el mismo sentido.
El Presidente y su gobierno tienen el ineludible deber de
corresponder a esa -para mí- conmovedora y rotunda confianza de las mayorías.
(Agencia Reforma)