La delegación de voleibol en playa se metió a semifinales

El representativo de Guerrero, en la Olimpiada Nacional, avanzó a la semifinal, luego de vencer 2-1 a su rival Estado de México.

La tarde de ayer en Manzanillo, Colima, se disputó en duelo de voleibolistas de la categoría 2004-2005.

Un duelo muy cerrado dieron las parejas que compiten por una presea en la justa deportiva.

Guerrero, está siendo representada por jugadoras de Zihuatanejo, Adeisa Guadalupe Monje Piedra y Ximena Ponce Sánchez.

Las guerreras vienen creciendo como la espuma al ganar sus compromisos ante Baja California, Yucatán y Estado de México.

Las pupilas de Oswaldo Santoyo Valencia, en la primera fase cayeron 1-2 ante el selectivo de Durango.

Ximena Ponce y Adeisa Monje, han hecho buenas mancuernas, lo cual se ha demostrado sobre la arena del Océano Pacífico.

Las voleibolistas de playa, con el triunfo ante las chicas mexiquenses están a casi nada de llegar a la final de la división.

editorial

Partidos: dinero en exceso

El dinero público destinado a los partidos mexicanos es excesivo y muchos actores políticos han hablado de reducirlo, pero nadie ha traducido su intención en hechos eficaces. En buena hora, los diputados Tatiana Clouthier y Mario Delgado (Morena) han anunciado la presentación de una iniciativa en ese sentido (Reforma, 06/03/19), pero apenas es el inicio de un camino largo e incierto porque para llevarla a buen puerto se requiere de una mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso.

Ello porque se trata de una reforma constitucional, circunstancia que evidencia la desmesura cometida en el pasado, pues los partidos son los únicos entes que reciben recursos presupuestales y tienen definida en la Constitución la forma detallada en que deben calcularse y asignarse. Dicho de otro modo, Morena no podrá por sí misma materializar esa iniciativa y es previsible que no todos los partidos simpatizarán con ella.

En 1997, el total del financiamiento público para actividades ordinarias fue de 1,031 millones de pesos. Veinte años después, lo que antes fue para todos correspondió a un solo partido, el PRI, que en 2017 recibió 1,004 mdp por ese mismo concepto. Cierto que se trata de cifras de valor nominal, pero aun así reflejan el exceso. En ese mismo lapso de 20 años, los partidos recibieron más de 66,000 mdp de las arcas federales.

Me apresuro a decir que considero correcto destinar dinero del presupuesto a los partidos y que el porcentaje de recursos privados para estos sea muy menor. Es más, el Congreso debería considerar la posibilidad de eliminar completamente los recursos de origen privado.

Prospere o no tal iniciativa, convendrá corregir una ostensible inequidad: la asignación en porcentajes de 30% igualitario y 70% de acuerdo con los votos obtenidos. Esa inequidad provocó que, por ejemplo, en 2018, el PRI fuera el más favorecido, con más de 1,600 mdp, mientras que el Partido del Trabajo tuviera 354 mdp, incluyendo en todos los casos financiamiento ordinario y de campaña. En 2019, Morena tiene más de 1,500 mdp y al menos dos partidos no alcanzan los 400 mdp.

Quizá el aspecto peor en esta materia es que, a pesar del monumental monto que reciben en conjunto los partidos, ese dinero no les basta y es frecuente que acudan a fuentes ilegales para proveerse de fondos (gobiernos, empresas y delincuencia organizada). Casi es un lugar común afirmar que el rebase de los topes de gastos de campaña es un deporte nacional, ante el cual se ha estrellado la fiscalización del INE y ha sido nula la actuación de la Fepade.

Cuando se habla de reducciones importantes a los montos presupuestales partidarios, suele decirse que tal disminución afectaría las posibilidades de ganar elecciones. La realidad es diferente: en 2018, el PRI tuvo -como ya se apuntó- el mayor monto de financiamiento y quedó en tercer lugar en la votación presidencial. En cambio, con menos del 40% de lo que correspondió al PRI (621 mdp), Morena se alzó con la Presidencia de la República y la mayoría en las dos Cámaras del Congreso de la Unión. El dinero, pues, no siempre es determinante para ganar. Y aun cambiados los papeles, el PRI tiene asignados para este año 849 mdp, más de lo que Morena recibió en 2018.

Comoquiera, riñe con la sensatez el que en 2019 los partidos vayan a recibir casi 5,000 millones de pesos de financiamiento púbico federal, al cual habría que añadir los también cuantiosos fondos estatales, y esto en un año en que no hay comicios federales. La necesidad de disminuirlo es innegable.

Acoso, valor, solidaridad

Eduardo R. Huchim

La falta de abasto oportuno de gasolina, como consecuencia del combate al robo a Petróleos Mexicanos, ha generado irritación y duras críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también ha producido reacciones de respaldo al Presidente y de solidaridad social encomiable.

López Obrador está siendo sometido a críticas y descalificaciones -no sólo por el tema de gasolina- que no recuerdo yo en ningún sexenio anterior. Severos artículos de opinión, hirientes cartones, señalamientos de ineptitud y acusaciones sin sustento de actores políticos han constituido una suerte de acoso al nuevo gobierno. Es un acoso que -conviene tenerlo presente- a veces nubla la crítica sensata y fundada que también se ha manifestado y que debe tener la atención debida del mandatario y su gabinete.

En la relación gobierno-medios, la rudeza también ha estado en los terrenos gubernamentales. Las reacciones presidenciales no han sido precisamente las mejores. Pareciera que el Presidente aún no se convence de que la Jefatura del Estado mexicano -sin importar quién la ostente- posee una majestad republicana que lo obliga a la contención. A nadie conviene que el mandatario se suba al ring, aunque la ofensa y la calumnia sean irritantes. Hay maneras de refutar infundios e imprecisiones sin gritos ni sombrerazos, como gusta decir AMLO.

En la coyuntura gasolinera, han proliferado también manifestaciones diversas de solidaridad, se ha hecho patente la resignada paciencia ante el desabasto, paciencia hija de la convicción de que es necesario frenar el robo de combustible (“Hay que atorarle”, decía Carla Hernández en un video mientras hacía fila de tres cuadras para abastecerse). Entre los apoyos institucionales descuellan el de Javier Corral en Chihuahua respaldando explícitamente y con hechos el combate emprendido por AMLO, así como la actividad de las pipas de propiedad privada transportando combustible.

Del mismo modo que no recuerdo antecedentes del acoso, tampoco recuerdo -después de Cárdenas- un respaldo semejante a un Presidente.

¿Que pudo planearse mejor el combate? Seguramente sí, bajo la premisa de que casi todo puede mejorarse. ¿Que el cierre de ductos no es solución? Quizá no, pero tampoco es menospreciable la reducción drástica del robo, que implica miles de millones de pesos. ¿Que debieron evitarse el desabasto masivo y los daños a personas y empresas? Sí. ¿Que pudo diseñarse una más efectiva política de comunicación? Sin duda.

Muchos de los críticos en la coyuntura actual centran su descalificación a quien ha emprendido este combate, López Obrador, pero dejan indemnes a sus antecesores omisos: Fox, Calderón y Peña. La inacción de los gobiernos panistas y la del sexenio de corrupción que encabezó Peña Nieto no han sido centro del análisis y el reproche.

Lo que muchos de los críticos no ven, está siendo muy claro para gran parte de la sociedad mexicana. El combate al “huachicoleo” implica una relevante dosis de valor personal y político que ya hubiéramos querido en sexenios anteriores. Con audacia, López Obrador ha puesto en juego buena parte de su capital político, su credibilidad, sus óptimas cifras en las encuestas e incluso su seguridad personal y familiar, para frenar una afrenta a la Nación que había sido soslayada, soterrada, ignorada por la clase política.

Esa afrenta no es sólo el que grupos de la delincuencia organizada roben a la Nación su riqueza de hidrocarburos. No. Desde mi perspectiva, el mal mayor es que ese despojo haya tenido y tenga la complicidad de funcionarios y políticos que no deben quedar impunes. Es exigible al gabinete que, en un plazo razonable, se ofrezcan resultados tangibles y medibles de esta etapa de un combate que muy probablemente será largo.

Si tales cosas no ocurren, el riesgo es el colapso de la confianza en AMLO que, a contrapelo de quienes le critican casi todo, hoy por hoy navega a toda vela. Los resultados de la encuesta de Reforma (11/01/19) son contundentes: 62% está de acuerdo con el cierre de ductos para combatir el robo a Pemex, 73% prefiere acabar con el robo de combustible, aunque no haya gasolina por un tiempo, y 42% culpa a Peña del problema. Otras mediciones apuntan en el mismo sentido.

El Presidente y su gobierno tienen el ineludible deber de corresponder a esa -para mí- conmovedora y rotunda confianza de las mayorías. (Agencia Reforma)

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